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Máster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social - Edición 2003/2005 
 
 
 
 
 
 
 
PRESTACION LABORAL 
MEDIANTE LAS EMPRESAS DE 
TRABAJO TEMPORAL 
SEGUN LA LEGISLACION ESPANOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANA LUISA MONCADA PÉREZ 
Abogada egresada de la Universidad 
de Los Andes Venezuela 
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INDICE 
 
Introducción....................................................................................................... 3 
1. Concepto de Empresas de Trabajo Temporal........................................ 4 
2. Regulación legal de las Empresas de Trabajo Temporal....................... 4 
3. Requisitos para la consitución de una Empresa de Trabajo Temporal.. 5 
4. Contratos de puesta a disposición......................................................... 5 
4.1 Supuestos de los contratos de puesta a disposición y duración. 5 
4.2 Supuestos excluidos especificamente......................................... 7 
5. Obligaciones de la empresa usuaria...................................................... 7 
6. Derecho de los trabajadores.............................................................. 8 
7. Ventajas para los trabajadores............................................................ 9 
8.  Infracciones y sanciones.................................................................... 10 
9. Aspectos materiales de la relación entre los trabajadores en misión y la 
 empresa usuaria.................................................................................. 11 
10. Contrato temporal como medida de fomento de empleo........................ 12 
11. Situación actual de las ETT.................................................................... 13 
12.      Empresas de Trabajo Temporal en cifras.............................................. 15   
13. Las empresas de trabajo temporal en la Union europea................... 16 
14. Conclusiones.......................................................................................... 18 
15. Anexos................................................................................................... 20 
 
Bibliografia......................................................................................................... 63
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INTRODUCCION 
 
En los últimos años, es cada vez más frecuente que las necesidades puntuales de 
personal que tienen las empresas se cubran mediante trabajadores adscritos a una 
ETT.  El elevado grado de aceptación de la contratación a través de esta vía no sólo 
deriva del hecho de ser un medio más flexible de contratación, sino tambien de los 
menores costes salariales que implican la contratación de trabajadores de empresas 
de trabajo temporal; siendo este el principio incentivo para su utilización. Así pues, el 
recurso de la contratación de los trabajadores de las empresas de trabajo temporal 
no sólo constituye un medio para atender a necesidades temporales de la empresa 
usuaria, sino que además se ha constituido en un medio de reducir los costes 
salariales. 
 
El aspecto más destacable de la relación que se crea , desde el punto de vista del 
trabajador, es que el empleador es la ETT, pese a que la prestación se realiza, 
fisicamente en la empresa usuaria. 
 
La contratación de trabajadores con la finalidad de cederlos con carácter temporal a 
otras empresas para hacer frente a necesidades conyunturales ha sido 
tradicionalmente prohibida por los ordenamientos laborales y considerada como 
tráfico ilegal de mano de obra, asimilándola a la actividad de intermediación  en el 
mercado de trabajo con fines lucrativos, por estimar que ambas figuras podían 
atentar contra derechos fundamentales de los trabajadores.  Sin embargo desde 
finales de la decada de los sesenta, los países centrales de la Unión Europea, 
teniendo ratificado, al igual que España, el convenio 96 de la OIT, han venido 
regulando la actividad de las empresas de trabajo temporal por entender que su 
actuación, cuando se desarrolla de forma debidamente controlada, lejos de 
perjudicar a los trabajadores por ellas contratados pueden canalizar un volumen muy 
importante de empleo cuya especialización e inmediatez en la respuesta, sobre todo 
en el sector de servicios, no puede ofrecerse a través de mecanismos tradicionales.  
Por otra parte, para los trabajadores constituye un mecanismo importante para 
acceder a la actividad laboral y familiarizarse con la vida de la empresa, posibilitando 
además una cierta diversificación profesional y formación polivalente, a la vez, que 
en determinados casos, facilita a ciertos colectivos un sistema de trabajo que les 
permiter compaginar la actividad laboral con otras ocupaciones no productivas o 
responsabilidades familiares. 
 
La puesta en marcha de la legislación reguladora del trabajo temporal ha cubierto un 
importante vacio que existia en la gestión de las empresas en el área de recursos 
humanos, fomentando el contrato de carácter fijo y regularizando situaciones de 
temporalidad.
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1.  CONCEPTO DE EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 
 
Se denomina empresa de trabajo temporal aquella cuya actividad  consiste en poner 
a disposición de otra empresa usuaria, con carácter temporal, trabajadores por ella 
contratados.  La Contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra 
empresa sólo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal 
debidamente autorizadas en los términos previstos en la Ley 14/1994 de 1 de junio. 
 
 
2. REGULACION LEGAL DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 
 
? Ley 14/1994 de 1 de junio. Por la que se regulan las empresas de trabajo 
temporal. (B.O.E núm. 131 de jueves 2 de junio 1994) 
? Real Decreto 4/1995 de 13 de enero. Por el que se desarrolla la ley 14/94 de 1 
de junio. (B.O.E núm. 27 de miércoles 1 de febrero 1995) 
? Real Decreto 8/1997, de 16 de mayo. De medidas urgentes para la mejora del 
mercado de trabajo y el fomento de contratación indefinida  
? Real Decreto 2270/1998,de 18 de diciembre. Por el que se desarrolla el art.15 
del Estatuto de los trabajadores en materia de contratos de duración 
determinada (B.O.E núm 7 de viernes 8 de enero de 1999) 
? Ley 50/1998, de 30 de diciembre. De medidas fiscales, administrativas y de 
orden social (B.O.E núm 313 de jueves 31 de diciembre 1998) 
? Ley 29/1999, de 16 de julio. De modificación de la ley 14/1994 (B.O.E núm 170 
de sabado 17 de julio 1999). Para garantizar al trabajador una mayor seguridad 
juridica en relación con la empresa usuaria (igualdad de retribución con respecto 
a los trabajadores de la empresa usuaria) 
? Real Decreto 216/1999,de 5 de febrero. Disposiciones minimas de seguridad y 
salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal 
? Convenio 96 de la OIT. Por la regulación de las actividades de las empresas de 
trabajo temporal 
? Convenio 181 de la OIT. Agencias de empleo privadas 
? Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores 
? Directiva 91/383/CEE, del consejo, de 25 de junio, por la que se completan las 
medidas tendientes a mejorar la seguridad y la salud en el trabajo de los 
trabajadores con una relación laboral determinada o de ETT 
? Resolución de 21 de enero de 1997, de la Dirección general de trabajo, por la 
que se dispone el registro y publicación del II Convenio Colectivo estatal de 
empresas de trabajo temporal 
? Resolución de 16 de junio de 1997, de la Dirección general de trabajo. Por la 
que se dispone la inscripción en el registro y publicación del II Acuerdo nacional 
sobre formación profesional continua en el sector de empresas de trabajo 
temporal 
? Ley 12/2001, de 9 de julio. Ultima reforma en la regulación de las ETT. 
  
 
 
 
 
 
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3. REQUISITOS PARA LA CONSTITUCION DE UNA EMPRESA DE 
TRABAJO TEMPORAL 
 
? Disponer de una estructura organizativa que permita cumplir las obligaciones 
que se asumen como empleador. 
? Dedicarse única y exclusivamente a la actividad de empresas de trabajo 
temporal 
? Carecer de obligaciones pendientes de carácter fiscal o de seguridad social 
? No haber sido sancionado con suspensión de actividades en dos o más 
ocasiones 
? Incluir en su denominación los términos ? Empresa de Trabajo Temporal? 
? Constituir una garantía, a disposición de la autoridad laboral, depositando un 
aval ante la administración de cantidad 25 veces el salario minimo 
interprofesional o el 10 % de los salarios pagados en el ejercicio económico 
anterior 
? Obtener una autorización administrativa expresa de la dirección provincial de 
trabajo y seguridad social  
? Informar a la autoridad laboral en los diez primeros dias de cada mes de los 
contratos puestos a disposición del mes anterior 
? Destino de 1% de su masa salarial bruta anual para formación del personal a 
colocar en otra empresa 
? Deber de asegurarse de que sus trabajadores poseen la formación teórica y 
práctica necesaria en materia de prevención de riesgos laborales 
? Exhibir en todos los documentos su número de registro 
? Estar registrada en la autoridad laboral competente  
? La ETT ejerce el poder disciplinario ya que puede imponer sanciones al 
trabajador cedido a la empresa usuaria. 
 
 
4. CONTRATO DE PUESTA A DISPOSICION 
 
Es aquel celebrado entre la empresa de trabajo temporal y la empresa usuaria, 
teniendo por objeto la cesión del trabajador para prestar servicios en la empresa 
usuaria, a cuyo poder de dirección queda sometido aquel.  El contrato de puesta a 
disposición habrá de formalizarse necesariamente por escrito. Dicho contrato será 
de carácter temporal. La naturaleza de este contrato es civil-mercantil. 
 
4.1 SUPUESTOS DE LOS CONTRATOS DE PUESTA A DISPOSICION Y 
DURACION 
 
? Contrato de obra o servicio determinado de duración incierta. Su duración 
maxima será la de la obra o servicio 
? Contrato eventual debido a exigencias circunstanciales del mercado, 
acumulación de tareas o exceso de pedidos. Duración maxima de 6 meses, 
(debido a la modificación del articulo 15, apartado 1, letra b) del Estatuto de los 
Trabajadores, llevada a cabo por el articulo 1,°8 d e la Ley de 12/2001 de 9 de 
julio , referida a que por convenio colectivo de ámbito sectorial se podrá 
modificar la duración maxima de estos contratos y el periodo dentro del cual se 
pueda realizar en atención al caracter estacional de la actividad en que dichas 
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circunstancias se puedan producir, sin que el contrato pueda superar la 
duración de doce meses en un periodo de referencia de dieciocho meses)  
? Contrato de interinidad para sustituir a trabajadores con derecho a reserva de su 
puesto. Su duración maxima es de 3 meses 
? Para realizar una obra o servicio de interés general o social en una 
Administración pública o entidad sin ánimo de lucro en el mercado de 
determinados programas públicos como medio de adquisición de experiencia 
laboral y mejora de la ocupabilidad del desempleado participante 
? Contrato de trabajo temporal para atender varios contratos de puesta a 
disposición, estamos ante una nueva figura contractual introducida directamente 
por el articulo 13 de la Ley 12/2001, de 9 de julio, al incluir un nuevo apartado 3 
en el articulo 10 de la LETT y que equivale a una sub-especie del contrato 
eventual. El precepto exige como requisito que los varios contratos de puesta a 
disposición estén plenamente determinados , identificados en su causa y en su 
duración y respondan en todos los casos a un supuesto de contratación 
eventual. No obstante debe alertarse de los peligros que acechan a esta figura, 
un contrato en cadena legalizado, y que el propio legislador parece intuir en el 
nuevo articulo 15,°5 del estatuto cuando faculta a los convenios colectivos a 
establecer requisitos dirigidos a prevenir los abusos en la utilización sucesiva de 
la contratación temporal.  
 
(ver anexo nùmero 1, Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia Cataluña, num 
1840/2004, (Sala de lo Social, Secciòn 1a) de 3 marzo, que hace referencia a los 
contratos de puesta a disposiciòn para la realizaciòn de una obra o servicio 
determinado). 
 
(ver anexo nùmero 2, Sentencia del Tribunal supremo de Justicia Murcia, num 
230/2004, (Sala de lo Social, Seccion 1 a) de 23 Febrero referente a los 
contratos de Trabajo temporal como el contrato eventual: ?Trabajo por llamada?, 
o ?Trabajo intermitente?) 
 
(ver anexo nùmero 3, Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, Pais Vasco 
(Sala de lo Social) de 27 enero 2004, que hace referencia al contrato para obra 
o servicio determinado, duraciòn  y conversiòn en contrato por tiempo indefinido) 
 
(ver anexo nùmero 4, Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia Andalucia, 
Màlaga, num 71/2004, (Sala de lo social) de 16 de enero, referida a los tipos de 
contratos de puesta a disposiciòn como: atender exigencias circunstanciales del 
mercado, acumulaciòn de tareas o exceso de pedidos) 
 
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4.2 SUPUESTOS EXCLUIDOS ESPECIFICAMENTE 
 
? Sustitución de trabajadores en huelga 
? Para realizar actividades y trabajos que por su especial peligrosidad para la 
seguridad o la salud y hayan sido determinados reglamentariamente 
? Para ceder trabajadores a otras empresas de trabajo temporal 
? Cuando en los doce meses inmediatamente anteriores a la contratación la 
empresa haya amortizado los puestos de trabajo que se pretendan cubrir por 
despido improcedente o por causas previstas en los articulos 50,51 y 52, 
apartado c) del Estatuto de los trabajadores, excepto en los supuestos de fuerza 
mayor, o cuando en los dieciocho meses anteriores a dicha contratación los 
citados puestos de trabajo hubieran estado cubiertos durante un periodo de 
tiempo superior a trece meses y medio, de forma continua o discontinua, por 
trabajadores puestos a disposición por empresas de trabajo temporal 
 
 Prohibiciones recogidas en el Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero sobre 
disposiciones minimas de seguridad en el trabajo en el ambito de las ETTs 
como son las siguientes:  
 
? No se podràn celebrar contratos de puesta a disposiciòn para la realizaciòn de 
trabajos en obras de construcciòn, si van a desempeñar labores que conlleven 
?riesgos especialmente graves para la seguridad de los trabajadores,de 
sepultamiento,hundimiento o caìda de altura? 
? Las actividades de especial peligrosidad como los trabajos de mineria a cielo 
abierto y de interior tampoco podràn llevarse a cabo a traves de ETTs 
? Quedan excluidos de la contrataciòn a traves de las ETTs los trabajos propios 
de las industrias extractivas por sondeos en superficie terrestre y los trabajos en 
plataformas marinas 
? No podràn operar en empresas directamente relacionadas con la fabricaciòn, 
manipulaciòn y utilizaciòn de explosivos 
? Quedan  tambien excluidos los trabajos que impliquen la exposiciòn a agentes 
cancerigenos,mutagenicos o tòxicos   
 
5. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA USUARIA 
 
? Relación con la ETT a través de contratos de puesta a disposición  
? Asumirán la dirección y control de la actividad laboral 
? Son las responsables solidarias de la protección en materia de seguridad y 
salud 
? Son responsables solidarias en el incumpliento de la normativa 
? Responderá subsidiariamente de las obligaciones salariales y de seguridad 
social contraídas con el trabajador durante la vigencia del contrato de puesta a 
disposición. Dicha responsabilidad será solidaria en el caso de que el referido 
contrato se haya ralizado incumpliendo lo dispuesto en los art 6 y 8 de la Ley 
14/94, relativos a los supuestos de utilización y exclusiones del contrato a 
disposición. 
? Asegurarse de que el trabajador puesto a su disposición reune las condiciones 
fisicas, las cualificaciones y aptitudes requeridas para el desempeño de las 
tareas inherentes al puesto de trabajo a cubrir 
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6. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
? Tendrán un contrato de trabajo específico o por tiempo indefinido 
? Duración de contrato laboral coincidente con el de puesta a disposición  
? Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán 
derecho durante los periodos de prestación de servicios en las mismas a 
percibir, como minimo, la retribución total establecida para el puesto de trabajo a 
desarrollar en el convenio colectivo aplicable a la empresa usuaria, calculada 
por unidad de tiempo. Dicha remuneración deberá incluir, la parte proporcional 
correspondiente al descanso semanal, las pagas extraordinarias, los festivos y 
vacaciones, siendo responsabilidad de la empresa usuaria la cuantificación de 
las percepciones finales del trabajador. A tal efecto la empresa usuaria deberá 
consignar dicho salario en el contrato de puesta a disposición del trabajdor 
? Sin perjuicio de lo establecido en el Estatuto de los trabajadores, cuando el 
contrato se haya concertado por tiempo determinado el trabajador tendrá 
derecho, además a recibir una indemnización económica a la finalización del 
contrato de puesta a disposición equivalente a la parte proporcional de la 
cantidad que resultaría de abonar doce dias de salario por cada año de servicio 
? Tendrán los mismos derechos de utilización de transporte e instalaciones 
colectivas de la empresa usuaria 
 
(ver anexo nùmero 5, Sentencia del Tribunal de Justicia Comunidad Valenciana, 
num 1092/2004, (Sala de lo Social) de 7 abril, referente al despido y a la 
indemnizaciòn economica a la que tiene derecho el trabajador) 
 
Los trabajadores de la ETT no cuentan como antigüedad el tiempo trabajado en 
la empresa usuaria, como se puede ver en la sentencia  del Tribunal supremo 
de Justicia Madrid, 5-3-86 (RJ 1.208): ?El reconocimiento de la antigüedad sôlo 
puede realizarse a quien es trabajador fijo de plantilla, ùnico que puede 
beneficiarse de aquella, pues la existente en contratos temporales es totalmente 
ineficaz? 
Asi tambièn, la STSJ Madrid 4-10-93 (rec 4.888/92) afirma que a los 
trabajadores fijos, en su computo de antigüedad no puede acumularse el tiempo 
de servicios temporales, dado que la finalizaciòn de los mismos extingue el 
contrato, con todas sus consecuencias y por imperio del Art. 49.3 ET, una vez 
transcurrido el tiempo convenido o la realizaciòn de la obra o servicio objeto del 
contrato? 
En contra, la STS 12-11-93 (RJ 8684) estima que la antigüedad del trabajador 
incluye todos los servicios prestados para la empresa, sin solucion de 
continuidad, aunque los contratos se hayan celebrado de manera distinta , 
temporales e indefinidos, asi el Art. 25.2 ET, no exige que la actividad 
desarrollada lo haya sido en virtud de un unico contrato. 
 
 
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7.  VENTAJAS PARA LOS TRABAJADORES 
 
Las necesidades de personal que suelen tener las empresas como consecuencia de 
las eventualidades surgidas en múltiples áreas de actividad, suelen convertirse a 
menudo en una clara oportunidad de empleo para los trabajadores con dificultad de 
introducción en el mercado laboral. 
 
Trabajar para una ETT, que son aquellas que gestionan las necesidades de trabajo 
temporal que tienen sistematicamente las empresas usuarias, suele convertirse en 
un claro puente hacia el empleo fijo o estable, además de una clara oportunidad 
para mejorar la formación y cualificación profesional, cada vez más imprescindible 
dentro del mercado laboral. 
Una ETT no sólo ofrece al trabajador la posibilidad de desarrollar su actividad en una 
empresa usuaria el tiempo que dure la eventualidad, sino que es una oportunidad 
para que el trabajador acceda directamente al mercado laboral dentro de una 
empresa. No es casual que el 30% de los trabajadores de una ETT acaba 
suscribiendo un contrato fijo en alguna de las empresas usuarias, sino que es la 
consecuencia del proceso de formación que mejora constantemente la cualificación 
profesional del trabajador 
 
La ETT ofrece a los trabajadores en busca de empleo todo tipo de trabajo, en 
cualquier categoria profesional, con experiencia o sin ella y a jornada completa o a 
tiempo parcial. Además existe la posibilidad de encadenar distintas contrataciones 
para distintas empresas, lo que eleva significativamente las posibilidades de 
incorporación al mercado y con ello de acabar en un contrato fijo.  
 
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8. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
 EMPRESA DE TRABAJO 
TEMPORAL 
EMPRESA USUARIA 
INFRACCIONES LEVES - Defectos en la 
cumplimentación de los 
contratos 
- omisión en la publicidad 
y ofertas de empleo de la 
identificación y 
autorización 
administrativa 
- Defectos en la 
cumplimentación de 
los contratos de 
puesta a disposición 
INFRACCIONES GRAVES - No formalizar por escrito 
los contratos 
- no informar a la 
autoridad laboral 
- formalizar contratos de 
puesta a disposición para 
supuestos no previstos 
en la ley 
- no cubrir la inversión en 
formación, 
- cobrar cualquier cantidad 
al trabajador 
- No formalizar por 
escrito el C.P.D 
- Formalizar contratos  
para supuestos no 
previstos en la ley 
- Impedir el ejercicio 
de los derechos del 
trabajador 
- no informar al 
trabajador de los 
riesgos del trabajo  
INFRACCIONES MUY GRAVES - No actualizar el valor de 
la garantía financiera  
- formalizar C.P.D para 
trabajadores peligrosos 
- Sustitución de 
trabajadores en 
huelga 
- Formalizar C.P.D 
para trabajos 
peligrosos 
- Realización de 
actividades 
prohibidas mediante 
contrato de puesta a 
disposición   
 
 
SANCIONES 
 
Se encuentran establecidas en la ley  5/2000 , de 4 de agosto, de Infracciones y 
Sanciones en el orden social, por reincidencia de infracciones muy graves 
suspensión de actividades de 1 año. 
Ley 14/1994 de 1 de junio por la que se regulan las Empresas de trabajo temporal , articulos 
18, 19,20 y 21. 
 
(ver anexo nùmero 6, Sentencia del Tribunal supremo de Justicia Murcia, num 637/2004, 
(Sala de lo social) de 31 de mayo, referente a la imputaciòn de responsabilidad del 
empresario:ETT:falta de afiliaciòn o alta)  
 
 
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9. ASPECTOS MATERIALES DE LA RELACION ENTRE LOS 
 TRABAJADORES EN  MISION Y LA EMPRESA USUARIA 
 
Trabajadores en misión: Es la persona física contratada por la Empresa de Trabajo 
Temporal para ser puesta a disposición de empresas usuarias de sus servicios. 
 
En el desarrollo de la relación entre trabajador en misión y empresa usuaria resulta 
de especial interés plantearse si es posible ejercer y de qué forma facultades como 
la movilidad funcional, la movilidad geografica o la modificación sustancial de 
condiciones de trabajo. 
 
En el caso de movilidad funcional cabe diferenciar los casos de movilidad ordinaria y 
extraordinaria. 
 Respecto a la movilidad ordinaria cabe afirmar que al formar parte del poder de 
dirección, la empresa usuaria estará facultada para ejercerla respecto a los 
trabajadores en misión de acuerdo con lo establecido en el articulo 39 del TRLET. 
Ejercicio de la movilidad funcional por parte de la empresa usuaria cuyo fundamento 
se halla en el articulo 15 de la LETT en el ultimo extremo, en la propia existencia de 
un contrato de puesta a disposición.  
Mayores problemas plantea la movilidad funcional extraordinaria y ello por diversas 
razones:  
 
a) de admitirse, deberá llevarse a cabo partiendo del sistema de clasificación 
profesional previsto en el convenio colectivo de la ETT, o del de la empresa 
usuaria cuando el mismo haya sido incorporado al contrato de puesta a 
disposición 
b) las causas que justifican la movilidad (tecnicas,organizativas,economicas) 
deberán darse en la empresa usuaria no en la ETT 
c) la movilidad funcional más alla del grupo profesional o de categorias 
equivalentes no forma parte del poder regular de dirección, constituyendo por 
el contrario, una modificacion de condiciones contractuales.   
 
Todo ello implica que este supuesto de movilidad no podrá ejercerlo la empresa 
usuaria sino la ETT, al exceder de las facultades que la LETT y el contrato de puesta 
a disposicion otorgan a aquélla 
 
En el caso de la movilidad geográfica: No hay duda de que el cambio de puesto de 
trabajo que no implica a su vez, cambio de residencia, forma parte de las facultades 
de la empresa usuaria segùn el articulo 15 de la LETT.  Por otra parte tanto el 
eventual traslado como el desplazamiento de los trabajadores en misión pueden, al 
igual que en el caso de la movilidad funcional, estar limitados o condicionados por el 
contrato de puesta a disposición celebrado entre la ETT y la empresa usuaria, 
estableciendose por ejemplo causas mas restrictivas.  Respecto a quien deberá 
decidir sobre el eventual desplazamiento del trabajador en misión, corresponde a la 
ETT por cuanto al tratarse de una modificación de una de las condiciones del 
contrato de trabajo, es la unica legitimada para llevarla a cabo. Lo que no excluye 
que la iniciativa corresponda a la empresa usuaria y que las causas justificadoras se 
dén en esta ultima lo que plantea por otra parte, el problema de su conocimiento y 
fiscalización por parte de la ETT. 
 
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En cuanto a la modificacion de condiciones de trabajo a quien corresponde la 
decision empresarial es a través de la representación legal de las ETT, y en caso de 
que no exista o junto a la anterior, cabe tambien referirse a la representación legal 
de la empresa usuaria, por cuanto los trabajadores en misión pueden presentar ante 
la misma  reclamaciones respecto a las condiciones de ejecución de la actividad 
laboral,  intervenciòn ademas necesaria si pensamos en que es ésta representaciòn 
la que en el ambito del procedimiento del articulo 41 del TRLET va a tener 
conocimiento de la concreta situación de la empresa, de la adecuada organización 
de los recursos y de si la medida contribuye a mejorar la situación de la empresa 
(empresa usuaria), junto a ello cabe destacar que la negociación colectiva ha suplido 
la muy probable, falta de representación legal de los trabajadores en las ETT, 
atribuyendo sus funciones en determinados ambitos, entre ellos la modificacion 
sustancial de las condiciones de trabajo, a la comisiòn paritaria del convenio. 
 
La relacion del trabajador en misiòn y la empresa usuaria, es una relaciòn juridica 
novedosa, de caracter extracontractual y eminentemente laboralizada. Sin embargo 
existe un unico empresario (la ETT) sujeto del contrato de trabajo; empresario que 
tendrà las mismas obligaciones y derechos, aunque modalizadas que las que le 
corresponderian de tratarse de una relaciòn bilateral. Junto a ello la empresa usuaria 
posee ciertos derechos y obligaciones frente al trabajador en misiòn, creadas ex 
lege que se concretan principalmente en el ejercicio del poder de direcciòn y control, 
poder que cabe interpretar en sentido estricto, esto es solo alcanza a lo dispuesto en 
los articulos 20,39.1 y 3 , pero no a los supuestos de movilidad funcional,movilidad 
geografica,y modificaciòn sustancial de condiciones de trabajo, supuestos 
modificativos cuya decisiòn corresponde unica y exclusivamente a la ETT, aunque 
basada en causas que se dan en la empresa usuaria, y en la previa iniciativa de 
ésta.   
 
(ver anexo nùmero 7, Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia Madrid, (Sala de lo 
Social) de 27 abril de 2004, referente al comite de empresa de la usuaria: 
trabajadores en mision: alcance de la representatividad) 
 
 
10. CONTRATO TEMPORAL COMO MEDIDA DE FOMENTO DE EMPLEO 
 
El reconocimiento de la necesidad de mejorar las condiciones de vida y trabajo de 
los trabajadores de la Comunidad Europea, contenido en la ?Carta comunitaria de 
los derechos sociales fundamentales de los trabajadores?, diò lugar a la iniciación de 
un proceso para aproximar dichas condiciones por la via del progreso, 
especialmente en las que han venido a denominarse forma de trabajo atípicas, 
distintas al trabajo por tiempo indefinido. 
La directiva de la Comisión de las comunidades europeas se propone alcanzar el 
pleno empleo para el año 2010. 
 
(Ver anexo nùmero 8, Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia Baleares, num 
187/2004, (Sala de lo Social) 22 de marzo, referente a la resoluciòn anticipada para 
integrarse como fijo en la plantilla de la empresa usuaria) 
 
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11. SITUACION ACTUAL DE LAS ETT 
 
Se debe tomar como referencia la Ley 29/1999 por la que se regulan las ETT, ya 
que a raíz de su publicación en el B.O.E del 17 de julio de 1999 se experimenta un 
cambio notable que puede conformar el futuro del sector, asi como la publicación del 
III Convenio Colectivo Estatal de ETT en el B.O.E de 10 de noviembre de 2000.  Sin 
duda alguna la nueva redacción del art 11 de la Ley 29/1999, donde se señala que 
los trabajadores en misión tendrán derecho a percibir, como minimo, la retribución 
total establecida para el puesto de trabajo a desarrollar en el convenio colectivo 
aplicable a la empresa usuaria,supone en apariencia un importante avance en el 
objetivo sindical para conseguir la igualdad de trato real, mereciendo por ello una 
especial atención habida cuenta de los acontecimientos que surgen con 
posterioridad. 
Dicha reforma debe ser valorada de  manera positiva ya que se acaba con la 
ambigüedad de la ley que sólo garantizaba a los trabajadores cedidos el mismo 
salario de la empresa usuaria en ausencia de otros convenios colectivos, hecho que 
permitió que las ETT hicieran convenios colectivos propios de empresa con 
condiciones retributivas minimas y siempre inferiores a las establecidas en el sector 
y en las empresas usuarias. 
Se establece la equiparación salarial con el convenio colectivo de la empresa 
usuaria desde la entrada en vigor de la Ley (6 de agosto de 1999), con lo que se 
mejoraba respecto a lo establecido en el convenio colectivo de las ETT que 
garantiza la equiparación salarial con el convenio sectorial de referencia de la 
empresa usuaria desde el 31 de diciembre de 1999, ya que la nueva Ley obligaba, a 
todas las ETT, a pagar el salario establecido en el convenio colectivo de la empresa 
usuaria. 
Se incluía como novedad que en la retribución total deberá estar incluida la parte 
proporcional correspondiente al descanso semanal, evitando el fraude que venian 
haciendo algunas ETT que contrataban de lunes a viernes con el fin de evitar pagar 
el salario y las cotizaciones sociales del fin de semana,  otra diferencia es que ahora 
es la empresa usuaria quien debe incluir en el contrato de puesta a disposición el 
salario del trabajador de la ETT, con el fin de evitar la arbitrariedad de las ETT al 
consignar el salario del trabajdor cedido. 
 
Para los trabajadores de puesta a disposición a partir del 1 de enero de 2001 quedó 
garantizada la igualdad salarial entre el trabajador cedido y el contratado 
directamente por la empresa usuaria, tomando como referencia el salario del puesto 
de trabajo sea cual sea la fuente normativa de la que éste se derive (convenio 
estatutario,extraestatutario, pacto o acuerdo de empresa), la jornada, la duración de 
las vacaciones, la duración de los contratos (especialmente el de circunstancias de 
la producción o acumulación de tareas), el descanso semanal y las festividades, la 
nocturnidad o las horas extras quedan referenciadas en el convenio de la empresa 
usuaria. 
 
(ver anexo nùmero 9, Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia Madrid,(sala de lo 
social) 18 marzo de 2004, referente a las relaciones del trabajador con la empresa 
usuaria: derecho a la aplicaciòn del convenio colectivo de èsta en materia retributiva) 
 
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  14 
Las conversiones de contratos temporales a fijos se recuperan este año (2004): 
 
La conversiòn de contratos temporales en indefinidos a superado el bache sufrido en 
2003, a la luz de los datos facilitados por el Instituto Nacional de Empleo (Inem) 
 
En los 7 primeros meses del año, el numero de conversiones ha aumentado en un 
10 %, hasta alcanzar las 389.062, mas del doble de lo que se incrementò de enero a 
julio 2003, en comparaciòn con el mismo periodo del año anterior. 
 
Aùn asì, de los 13,8 millones de asalariados existentes, mas de 4 millones tienen 
contratos temporales. Queda saber si el Gobierno aprovecharà esta bolsa para 
reducir la temporalidad, o como anunciò a comienzos de su mandato, limitarà las 
bonificaciones al empleo estable, debido al gasto excesivo que èstas generan para 
el empleo fijo que crean.  Cuando el gobierno del PP eliminò las bonificaciones a la 
conversiòn, en 1999, la transformaciòn de empleo temporal a fijo cayò un 49 por 
ciento en los siete primeros meses. 
  
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  15 
12. Las Empresas de trabajo temporal en cifras 
 
Para la exposición y constatación de los datos que van a integrar este grafico hemos 
acudido a las estadisticas disponibles en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
y referidas al periodo que va desde el momento inmediatamente posterior a la 
entrada en vigor del nuevo Régimen Juridico, representado por la LETT y por el 
RDETT, hasta comienzos de junio de 2001: con tal fin nos hemos servido de dos 
fuentes primordiales; las del Anuario de estadisticas laborales, que cubren los 
periodos anuales desde 1995 hasta finales de 2000 y luego con el Boletín de 
estadisticas laborales que es el instrumento de información más apto para una 
actualizacion mensual de aquellos datos anuales, en el presente.  Acercandonos a 
dichos datos, comenzando por los mas simples, hay que resaltar que existian a 
finales de 2000 en España un total de 364 empresas de trabajo temporal con el 
siguiente nivel de crecimiento anual: 86 (1994), 316 (1995), 399 (1996), hasta 428 
(1997), hasta 435 (1998), 410 (1999), 364 (2000) y 346 (2001) no siendo este 
crecimiento ni sostenido ni unilateral, sino debido a inicio o a reinicio de actividad o 
bien a cambios de ambito territorial, las consiguientes bajas tambien anuales ya 
sean por suspensión o cese de actividad ya por cambio de ambito territorial no son 
desdeñables  
 
 
86
316
399
428 435 410
364 346
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
 
 
            
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  16 
13. LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL EN LA UNION EUROPEA  
 
A nivel mundial las empresas de trabajo temporal proporcionan empleo cada dia a 
4.500.000 de personas, de los que 1.700.000 se gestionan en Europa. 
 
El Reino Unido, lider en la UE, dispone de 880.000 trabajadores temporales, seguido 
de Francia con 338.000, Holanda con 225.000 y Alemania con 149.000. Estos cuatro 
países representan el 90% de los trabajadores temporales gestionados a través de 
las Empresas de Trabajo Temporal en la Unión Europea. 
 
Las diez empresas de trabajo temporal más importantes del mundo suman al 
rededor del 30% de la facturación del sector. Según datos de 1998, el mercado 
mundial está liderado por Adecco seguido por Manpower. Tres de estas diez 
compañias son europeas: Adecco,Randstad y Vedior/Bis. Las ocho empresas más 
importantes del mercado español son: Adecco,Vedior,Alta Gestión, People, 
Umano,Flexiplan, Randstand y Manpower. 
 
Reglamentación por países:   
 
Hay dos clases de regulación en los paises miembros de la UE: la liberal y la de 
limitación temporal y causal 
 
Las de regulación liberal,como es el caso de Austria, Holanda, Suecia, Suiza, 
Dinamarca, Filandia, Irlanda y el Reino Unido, se denominan así por sus escasas 
restricciones o por las restricciones basadas en convenios colectivos.  
 
En Austria no existe restricción alguna para la utilización de trabajadores temporales 
a través de Empresas de Trabajo Temporal, ni una duración maxima de esta cesión, 
pero deben recibir el mismo trato que los trabajadores fijos. El salario de los 
trabajadores temporales se aplica teniendo en cuenta el convenio colectivo de la 
empresa usuaria. Las ETT no pueden realizar la colocación de personas para un 
trabajo fijo.  
 
En Dinamarca , el trabajo temporal a través de una ETT no está restringido, algunas 
empresas de contratación temporal han realizado convenios colectivos con 
sindicatos individuales. 
 
En Holanda, los trabajadores temporales están respaldados por el convenio 
colectivo o la ley igual que los trabajadores fijos, respecto a la seguridad social y los 
beneficios del desempleo.  Los nuevos convenios colectivos prevén que los 
trabajadores temporales puedan obtener un contrato de trabajo indefinido con la ETT 
después de un periodo de tiempo. 
 
Entre los países con limitación temporal y causal se encuentran Belgica, Francia, 
Italia, Luxemburgo, Portugal,España y Alemania, que está cambiando hacia un 
sistema de regulación liberal. 
 
En Bélgica, el trabajo temporal está regulado  en la misma ley que los contratos fijos. 
La duración maxima de un trabajo temporal a través de agencias está limitado a seis 
meses y sólo puede renovarse una vez. 
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  17 
En Francia, al igual que en Bélgica , los contratos a término fijo y el trabajo temporal 
a través de agencias estan regulados por una ley. Las empresas pueden emplear 
trabajadores de las ETT en las mismas situaciones que los trabajadores con 
contratos fijos y con las mismas condiciones de duración y renovación (estas no 
pueden exceder de dieciocho meses). 
 
En Italia, en 1997 se autorizó el trabajo temporal a través de una ETT. Las empresas 
solo pueden recurrir a los trabajadores temporales si el trabajo es urgente, de 
naturaleza temporal y no puede ser realizado por la plantilla regular. No existe una 
duración maxima de los contratos, pero quedará determinado por los pactos 
colectivos y tendrá el mismo rango que el empleo fijo. 
 
En Alemania, la base de sus limitaciones es de carácter temporal, la duración 
maxima de un contrato temporal con la empresa usuaria es de doce meses y existe 
un periodo minimo de tres meses antes de que se pueda volver al mismo trabajador 
con la misma empresa usuaria. 
 
El sector de las Empresas de Trabajo Temporal en Europa tiene perspectivas de 
fuerte crecimiento para los proximos años, tanto por el desarrollo de volumen de 
negocio como por la aceptación en todos los paises de la UE del concepto de trabajo 
temporal, ya que las ETT contribuyen en Europa al buen funcionamiento del 
mercado laboral. 
 
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  18 
14. CONCLUSIONES 
 
Desde hace unos años se advierte una tendencia al aumento del empleo para los 
trabajos temporales, sobre todo en los paises desarrollados. Se constata así mismo 
La voluntad politica de facilitar e incluso alentar esta forma de contratación, sobre 
todo en los paises donde el nivel de desempleo es muy elevado. 
 
Para los trabajadores ofrece la ventaja de permitir un mejor equilibrio entre la vida 
profesional y el tiempo dedicado a las responsabilidades familiares , a la formación o 
a compromisos civicos. Además puede facilitar tanto el ingreso en la población 
activa como el tránsito a la jubilación, al hacer que sean graduales. Dota a las 
empresas de más flexibilidad para adaptar el ritmo de actividad a las exigencias del 
mercado, por ejemplo, extendiendo el horario en que se usan las máquinas o están 
abiertos los comercios , la cual lleva aparejada una ganancia de productividad, las 
cifras de desempleo disminuyen. 
 
Los contratos de trabajo que las ETT realizan a los trabajadores que ceden a las 
empresas usuarias desde su legalización vienen siendo habituales cortísimas 
duraciones, como lo demuestra el hecho de que más del 85% de contratos, cuya 
duración se conoce, son de un mes o menos y más del 54 % lo son de menos de 
cinco dias, ello evidencia la enorme precariedad en el empleo que tienen los  
trabajadores contratados por una ETT y el abuso muchas veces fraudulento que se 
produce en este tipo de contrataciones . 
 
El mayor porcentaje de trabajadores que contratan las ETT son jóvenes (el 75% 
menores de 30 años, representando los comprendidos entre los 20 a 24 años, más 
del 37% del total de trabajadores). A partir de los 30 años la contratación cae 
considerablemente, bajando hasta poco más del 1% para los mayores de 50 años y 
siendo casi inexistente para los mayores de 60 años (0,2%-0,1%). Además son 
mayoritariamente hombres, practicamente el 60 %. 
 
De acuerdo al nivel de estudios de los trabajadores, predominan los que tienen EGB 
(Educación general Básica) alrededor del 40%, seguidos por los que cuentan con 
certificado de escolaridad, aproximadamente el 22%, los de titulación superior no 
alcanzan el 4%, y aquellos que tienen titulación de grado medio constituyen el 3 %. 
 
Más del 60% desarrollan un trabajo no cualificado, alrededor del 15% se dedican a 
servicios de restauración o venta comercial y aproximadamente el 12 % 
desempeñan trabajos administrativos. El porcentaje de los que realizan trabajos 
técnicos apenas representa el 2%. 
 
Estos datos ponen en evidencia que las ETT no están canalizando el empleo 
especializado, pese a que teóricamente constituye una de las funciones esenciales 
que junto con la inmediatez en la respuesta a la demanda de las empresas usuarias, 
justificaron su legalización mediante la Ley14/94.  
 
 
 
 
 
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  19 
Las ETT's aseguran que su actividad favorece la inserción de la mujer en el 
mercado laboral   
La Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT) considera que 
la actividad que desempeñan este tipo de sociedades favorece la inserción de la 
mujer en el mercado de trabajo, ya que entre 1997 y 2000 la tasa de actividad 
femenina se incrementó del 37,6 al 39,8 por ciento. 
 
Así se pone de manifiesto en el estudio 'Trabajo, Temporalidad y Empresas de 
Trabajo Temporal en España', que ha sido elaborado por AGETT y que fue debatido 
en unas jornadas en las que participaron, entre otros, el consejero de Trabajo de la 
Comunidad de Madrid, Luis Peral; la directora general de Empleo, María Luisa 
García; y la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Madrid 
(Aseme). 
 
El presidente de AGGET, José Ramón Caso, argumentó que desde que las ETT's 
fueran reguladas en 1994 la tasa de temporalidad en el mercado de trabajo ha 
pasado del 33,8 por ciento al 32 por ciento de los contratos que se registra en la 
actualidad. 
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  20 
15. Anexos: Fuentes Jurisprudenciales 
 
 
Nùmero 1 
 
AS 2004\ 1417 
Sentencia Tribunal Superior de Justicia  Cataluña núm. 1840/2004 (Sala de lo Social, 
Sección 1ª), de 3 marzo 
  
Jurisdicción: Social 
  
Recurso de Suplicación núm. 24/2003.  
  
Ponente: Ilmo. Sr. D. Mª del Pilar Rivas Vallejo. 
  
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL: contratos de puesta a disposición para la realización de una obra 
o servicio determinado: contratas: validez; relación del trabajador con la ETT: contrato de trabajo para obra 
o servicio determinado: fraude de ley: novación de funciones; responsabilidad solidaria de la empresa 
usuaria en duspuestos de despido improcedente: desestimación. 
SENTENCIA: congruencia. 
  
El TSJ estima en parte el recurso de suplicación interpuesto por la «Sociedad Española de Instalación de 
Redes Telefónicas, SA», contra la Sentencia de fecha 08-05-2003, dictada por el Juzgado de lo Social 
núm. 11 de los de Barcelona, en autos promovidos en reclamación sobre despido, que es revocada en el 
sentido que se indica en la fundamentación jurídica. 
  
  
Texto: 
  
En Barcelona a 3 de marzo de 2004. 
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos./as. 
Sres./as. citados al margen, 
EN NOMBRE DEL REY 
ha dictado la siguiente 
SENTENCIA núm. 1840/2004. 
En el recurso de suplicación interpuesto por Sociedad.Españ.Instal.de Redes Telefónicas, SA y 
Ecatemp Ett SA frente a la Sentencia del Juzgado Social 11 Barcelona de fecha 8 de mayo de 2003 
dictada en el procedimiento Demandas núm. 24/2003 y siendo recurrido/a Juan Miguel. Ha actuado 
como Ponente la Ilma. Sra. Mª Del Pilar Rivas Vallejo. 
ANTECEDENTES DE HECHO 
Con fecha 20.01.2003 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Despido en 
general, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, 
terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a 
trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 8 de mayo de 2003 que contenía el siguiente 
Fallo: 
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  21 
«Que estimando la pretensión subsidiaria de la demanda formulada por D. Juan Miguel debo declarar 
y declaro improcedente el despido articulado sobre el mismo con efectos de 25.11.2002, y condenar 
de forma solidaria a las empresas Ecatemp ETT, SA y Sociedad Española de Instalaciones de Redes 
Telefónicas, SA a estar y pasar por la anterior declaración y a optar en el plazo de 5 días desde la 
notificación de la sentencia entre readmitir al actor en el mismo puesto y condiciones de trabajo que 
regían antes de producirse el despido o a abonarle indemnización por suma de 4.267,88 euros, 
entendiéndose que caso de no optar procederá la readmisión, en cuyo caso deberán abonarse al 
actor los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la de la efectiva 
reincorporación a razón de salario mensual de 231,12 euros». 
Aclarado por auto de fecha 27 de mayo de 2003, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 
«Dispongo tener por aclarada la sentencia dictada en su día en el sentido de que en el fallo de la 
misma se debe hacer constar como salario mensual el de 1.231,12 euros y no el que se hace constar 
en aquélla». 
En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes: 
«I.- El actor D. Juan Miguel, titular de DNI número NUM000, suscribió con efectos de 03.08.2000, 
contrato de trabajo temporal por obra o servicio determinado con la empresa Ecatemp, ETT, SA, para 
prestar servicios como auxiliar técnico en la empresa usuaria Sociedad Española de Redes 
Telefónicas, SA (en adelante Seirtsa). 
II.-En el contrato se hacía constar como obra que justificaba su suscripción la siguiente: ?llevar a cabo 
la instalación de cables de red interior del cliente según el contrato con CTC (proyecto ?MENTA?)?. 
III.-El actor pasó a realizar trabajos para Seirtsa, consistentes en el tendido de cableado de líneas de 
transmisión de datos e imagen por cable a los distintos clientes sindicados por aquélla. 
Esta empresa tiene como actividad exclusiva en la provincia de Barcelona, la instalación de red de 
telecomunicaciones por cable encomendadas por la empresa ?AUNA? -antes CTC- según pedidos 
concretos y determinados de obras, que se realizan sucesivamente en el ámbito de los acuerdos del 
convenio marco suscritos entre las empresas el 31.03.1998, que concreta las condiciones del 
arrendamiento de servicios. 
IV.-Con efectos de 01.01.2001, el actor y su empleadora la empresa de trabajo temporal, suscribieron 
novación objetiva del contrato acordando que el actor pasaría a prestar servicios como técnico 
montador, percibiendo retribución de superior entidad de la que hasta entonces percibía. 
Con ocasión de la novación, al actor se encomendaron funciones distintas y consistentes en la 
atención telefónica de los clientes al efecto de solucionar problemas técnicos y para concertar citas 
para proceder a la práctica de las instalaciones correspondientes en sus domicilios. 
V.-No mantuvo la empleadora el alta del actor en la Seguridad Social, por causa ignorada en el 
período 30.07.2001 a 16.08.2001. 
VI.-El 25.11.2002, le fue participada al actor la extinción de su contrato de trabajo por llegada de su 
término de vigencia pactada. 
VII.-No ostenta ni ostentó cualidad de representante legal de los trabajadores en el año 
inmediatamente anterior a la última fecha citada y venía percibiendo salario mensual con inclusión de 
prorratas de pagas extras de 1.231,12 euros. 
VIII.-Formuló papeleta de conciliación ante organismo administrativo competente el 09.12.2002, cuyo 
acto resultó intentado sin efecto el 20.01.2003 y demanda reproduciendo la pretensión ante el 
Juzgado de Guardia el 10.01.2003, que posteriormente fue remitida al decanato del Juzgado de lo 
Social al 13.01.2003. 
IX.-Consta que tercer trabajador que realizó análogas funciones que el actor y que había suscrito 
contrato de igual naturaleza y de igual coyuntura alcanzó acuerdo transaccional con la empresa de 
trabajo temporal, que reconoció la improcedencia de su despido, y le ofertó la correspondiente 
indemnización compensatoria». 
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  22 
Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte las codemandadas Sociedad 
Española Instalación Redes Telefónicas (Seirt, SAU) y Ecatemp Ett., SA, que formalizaron dentro de 
plazo, y que la parte contraria, a la que se dio traslado lo impugnó, elevando los autos a este Tribunal 
dando lugar al presente rollo. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
Contra la sentencia que declara improcedente el despido de la parte actora, interponen las 
codemandadas sendos recursos de suplicación, que basan en los apartados b) y c) del artículo 191 
de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144 y 1563) , solicitando en ambos casos la 
revisión de los hechos probados de aquélla y formulando diversas denuncias sustantivas, que se 
concretan en el recurso interpuesto por la empresa Sociedad Española de Instalación de Redes 
Telefónicas en la infracción de los artículos 97 de la Ley de Procedimiento Laboral y 218 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000\ 34, 962 y RCL 2001, 1892) y 24 de la Constitución Española ( RCL 
1978\ 2836) , y artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995\ 997) , así como 49 del citado 
texto legal, y, finalmente, art. 16 de la Ley 14/1994 ( RCL 1994\ 1555) , reguladora de las empresas 
de trabajo temporal, en relación con el art. 6 del mismo cuerpo legal. En cuanto respecta a la 
empresa de trabajo temporal Ecatemp ETT., SA o ADECCO, en la infracción de los artículos 216 y 
218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 24 de la Constitución española, así 
como del artículo 6.2 de la Ley 14/1994, de empresas de trabajo temporal, en relación con los 
artículos 8.2 del Estatuto de los Trabajadores y art. 15.1 a) del mismo cuerpo legal, y jurisprudencia 
unificada del Tribunal Supremo, infracción del artículo 15.1 a) del Estatuto de los Trabajadores y lo 
que cita como jurisprudencia de Tribunales Superiores de Justicia, que, por carecer de tal naturaleza, 
no pueden admitirse como sustento del recurso, y, finalmente, art. 15.1 a) del Estatuto de los 
Trabajadores, en relación con jurisprudencia del Tribunal Supremo, con idéntica referencia a 
sentencia de esta Sala. En suma, solicitan ambas recurrentes la nulidad de la sentencia por 
incongruencia con la propia demanda, en la que no se alude a la falta de especificación de la obra o 
servicio objeto del contrato, lo que causa indefensión a las demandadas, ya que se opusieron en el 
acto del juicio a las alegaciones vertidas en la demanda, que únicamente cuestionaban la falta de 
terminación de la obra o servicio contratado, no la falta de causa de la misma.  
Versa la presente litis sobre la acausalidad de la concertación de contrato de duración determinada 
por obra o servicio determinado al amparo del artículo 15.1 a) del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 
1995\ 997) , que entiende el actor no hallarse justificado en atención a la permanencia de la actividad 
para la que fueron contratados sus servicios, acausalidad que queda descartada por el Juzgador a 
quo por vincularse el contrato temporal a un contrato de arrendamiento de obra suscrito por la 
empleadora y por tanto ser hipotéticamente posible dicha contratación al amparo del art. 15.1 a) del 
Estatuto de los Trabajadores; y en segundo lugar por no haberse establecido con claridad y precisión 
en el contrato la obra que justificaba la suscripción del contrato y la consiguiente temporalidad de los 
servicios contratados, motivo que sí es estimado por el juzgador de instancia, declarando la 
improcedencia del despido, al no haberse aportado por la empresa prueba que desvirtúe la 
presunción «iuris tantum» del carácter indefinido de la relación de trabajo establecida en el art. 15.2 
del Estatuto de los Trabajadores.  
Con carácter previo y preferente, no obstante, instan los recurrentes la nulidad de la sentencia por 
incongruencia con la demanda, en la que, según entienden, no se alude a la falta de especificación 
de la obra o servicio objeto del contrato, sino únicamente a la ausencia de causa de terminación del 
contrato, lo que consideran causa de indefensión, al haberse opuesto en el acto del juicio únicamente 
a las alegaciones vertidas en la demanda. 
Pues bien, dicho motivo de censura de la sentencia de instancia, de índole procesal, no puede ser 
objeto de estimación por dos razones: en primer lugar porque la causa de la terminación de la obra o 
servicio determinado forma parte indisoluble de la propia causa de la temporalidad del contrato, de 
suerte que si el demandante cuestiona la inexistencia de una válida causa de extinción del contrato al 
amparo del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores y la relación concertada lo es por tiempo 
determinado, dicha oposición en realidad está cuestionando la propia validez de la causa de la 
temporalidad; en segundo lugar y sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que la demanda no excluye 
la calificación de la causa de la temporalidad, como argumentan los recurrentes, sino al contrario, 
pues expresamente se refiere en el cuarto de los hechos expuestos a que «el contrato de trabajo 
expresado fue celebrado en fraude de Ley, dada la total discrepancia entre el objeto y condiciones del 
mismo con la realidad de las prestaciones laborales desempeñada», añadiendo a continuación que 
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  23 
«no se ha producido la finalización de actividades que se alegan por la empleadora para justificar una 
causa válida de extinción». 
En consecuencia, la fundamentación jurídica y fallo de la sentencia impugnada es coherente con la 
pretensión de la demanda, aun cuando no entre en el enjuiciamiento de la hipotética validez de la 
causa de extinción del contrato de trabajo por obra o servicio determinado, al haber estimado que su 
propia celebración se realizó en fraude de Ley, por lo que resulta innecesaria toda referencia explícita 
a la causa de la terminación de la obra, ya que ésta se hallaría condicionada a la válida concertación 
de dicha modalidad contractual de carácter temporal. 
En segundo lugar, ha de atenderse a la revisión de hechos probados solicitada respectivamente por 
cada uno de los recurrentes. 
En primer lugar, la codemandada SEIRT, SAU., solicita la revisión del hecho probado cuarto, a fin de 
que por esta Sala se proceda a su supresión, siendo la dicción literal del mismo la siguiente: «con 
efectos de 01.01.01 el actor y su empleadora la empresa de trabajo temporal suscribieron novación 
objetiva del contrato acordando que el actor pasaría a prestar servicios como técnico montador, 
percibiendo una retribución de superior entidad de la que hasta entonces percibía. Con ocasión de la 
novación, al actor se le encomendaron funciones distintas y consistentes en la atención telefónica de 
los clientes al efecto de solucionar problemas técnicos y para concertar citas para proceder a la 
práctica de las instalaciones correspondientes en sus domicilio». 
Pues bien, dicha modificación no puede ser atendida, pues el documento en el que se apoya tal 
revisión fáctica únicamente evidencia que existió una modificación de categoría y salario del 
trabajador con efectos de 1 de enero de 2001, pero no puede extraerse del mismo, como pretende la 
recurrente que los términos del acuerdo en el mismo reflejado no se correspondan con la realidad y 
que en realidad se trate, como afirma en su recurso de una mera adecuación de tales condiciones de 
trabajo a la realidad de la prestación inicialmente concertada, sin recurrir a una suerte de conjeturas o 
razonamientos que no es dado realizar por este tribunal, pues ello excede de los estrechos límites del 
recurso de suplicación, reservándose, como se ha puesto de manifiesto reiteradamente por la 
doctrina judicial y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, al amparo del artículo 191 b) de la Ley de 
Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144 y 1563) , la revisión fáctica a cuestiones manifiestas o 
evidentes tras la simple lectura de la prueba revisable en suplicación.  
En segundo lugar se propone por la mercantil SEIRT la modificación del hecho probado noveno, con 
objeto de obtener su supresión, argumentando que el hecho de que un tercer trabajador haya sido 
improcedentemente despedido por la codemandada empresa de trabajo temporal no resulta 
trascendente ni vinculante para el presente pleito y que dicha improcedencia puede deberse a causas 
de distinto orden que no corresponde enjuiciar en el presente pleito. 
Pues bien, la propia irrelevancia del hecho probado que la recurrente pone de relieve evidencia la 
intrascendencia de su supresión al amparo del art. 191 b) LPL, pues la estimación de dicho motivo de 
recurso se encuentra condicionada entre otros requisitos a la propia relevancia de la modificación 
propuesta para la resolución de la cuestión planteada. Así pues, procede la desestimación del 
segundo motivo de revisión solicitada. 
En cuanto respecta a las modificaciones propuestas por la codemandada Ecatemp ETT, SA, se 
intenta la adición de un nuevo hecho probado, en el que se refleje la disminución de los pedidos de la 
empresa Auna a Seirtsa en el período de enero a marzo de 2003. Dicha revisión tendría 
trascendencia a los efectos debatidos si la cuestión suscitada se centrara en la posible causa de 
extinción del contrato, siendo, por el contrario, la principal cuestión suscitada la determinación de la 
causa de la contratación temporal, a cuyo efecto el elemento determinante radica en la propia causa 
que pudiera justificar la celebración del contrato de duración determinada para obra o servicio 
determinado al amparo del art. 15.1 a) ET ( RCL 1995\ 997) . A mayor abundamiento, las fechas a las 
que se refiere la modificación propuesta son posteriores a la fecha de extinción del contrato, que tuvo 
lugar el 25 de noviembre de 2002, por lo que se evidencia con diáfana claridad la intrascendencia de 
la revisión solicitada, lo que debe conducir a su desestimación.  
Se propone asimismo por la empresa de trabajo temporal codemandada la adición de un nuevo 
hecho probado en el que se haga constar que el actor fue cesado en noviembre de 2002, hecho que 
ya figura debidamente relatado, junto a otros cinco trabajadores, y que en los meses anteriores y 
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  24 
posteriores a dichos hechos se produjeron varios ceses más, al objeto de acreditar que la obra o 
servicio determinado objeto del contrato había finalizado. Pues bien, la sucesión de ceses de distintos 
trabajadores en fechas anteriores y posteriores al del actor no puede identificarse sin más, como 
pretende la recurrente, con la acreditación de la finalización de la obra o servicio determinado, de ser 
éste, por otra parte, el objeto del litigio. El motivo, pues, ha de ser desestimado. 
La cuestión litigiosa planteada por ambas recurrentes es la validez de la causa de la contratación 
temporal por obra o servicio determinado así como la validez de la extinción del contrato de tal 
naturaleza concertado entre el actor y la empresa Ecatemp ETT, SA, denunciando la codemandada 
SEIRT en primer lugar la infracción del artículo 15 del Estatuto de los trabajadores ( RCL 1995\ 997) y 
en segundo lugar del art. 49 del citado texto legal, aduciendo en apoyo de su tesis que existió una 
obra con autonomía y sustantividad propia y que la misma fue consignada con total precisión y 
claridad en el contrato, en el que se indica que el objeto del mismo es «llevar a cabo la instalación de 
cables de red interior de cliente según contrato con CTC (antiguo Auna)», que el trabajador no fue 
empleado en tareas distintas de aquellas para las que fue contratado y, finalmente que la extinción se 
acompasa a la propia extinción de la obra o el servicio contratado, aunque en el presente caso la 
extinción no se debe a la terminación de la obra, sino al a grave disminución del volumen de trabajo.  
Por otra parte y para fundamentar la infracción del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, alega 
que la sentencia dictada por el juzgado número 13 de Barcelona en procedimiento por despido de 
fecha 31-1-2003 también de trabajador contratado por empresa de trabajo temporal para ser puesto a 
disposición de la empresa SEIRT, admite la posibilidad de ligar la extinción del contrato no a la 
terminación de la obra sino a la disminución del volumen de la actividad, con apoyo de doctrina de 
diversos Tribunales Superiores de Justicia. Alega, en suma, la recurrente, que la sentencia de 
instancia no se pronuncia sobre dicha causa de extinción del contrato, como hubiera sido necesario. 
Finalmente, se denuncia la infracción del artículo 16 de la Ley 14/1994 ( RCL 1994\ 1555) , 
modificada por Ley 29/1999 ( RCL 1999\ 1898) , por la que se regulan las empresas de trabajo 
temporal, en relación con el artículo 6 del citado cuerpo legal, impugnando la solidaridad de la 
condena que le ha sido impuesta en tanto que empresa usuaria, pues, argumenta, la recurrente es 
totalmente ajena al mismo, debido a que, a diferencia de la causa de extinción que la empresa de 
trabajo temporal comunica al trabajador, la verdadera causa de la terminación del contrato fue la 
disminución del volumen de actividad.  
Por su parte, Ecatemp ETT, SA, denuncia la infracción por inaplicación o aplicación errónea del art. 
6.2 de la Ley 14/1994, de empresas de trabajo temporal, en relación con los arts. 8.2 del Estatuto de 
los Trabajadores y 15.1 a) del mismo cuerpo legal, así como doctrina unificada del Tribunal Supremo 
en sentencia de fechas de 7 de octubre de 1992 ( RJ 1992\ 7621) , 26 de marzo de 1996 ( RJ 1996\ 
2492) , 22 de junio de 1990 ( RJ 1990\ 5507) , y otras que cita, en relación con la causa de la 
temporalidad del contrato, alegando en defensa de su tesis que la obra o servicio quedó 
suficientemente establecida en el contrato de trabajo y que, en cualquier caso, se acreditó la 
temporalidad de la relación laboral, al quedar probada la correspondencia entre la prestación laboral 
del actor y el contrato de arrendamiento de obra entre la empresa usuaria Seirtsa y la empresa 
«AUNA», oponiéndose a la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia, que admite la 
posibilidad de dicha contratación temporal.  
Pues bien, en primer lugar, en cuanto a la identificación de la obra o servicio, que argumentan ambas 
recurrentes quedó suficientemente establecida en el contrato de trabajo y la acreditación de la 
temporalidad de la relación laboral, al quedar probada la correspondencia entre la prestación laboral 
del actor y el contrato de arrendamiento de obra entre la empresa usuaria Seirtsa y la empresa 
«AUNA», debe decirse, sin perjuicio de lo que ha de razonarse más adelante, que la sentencia 
combatida admite la posibilidad de concertar relaciones de trabajo por tiempo determinado al amparo 
del art. 15.1 a) ET ( RCL 1995\ 997) , mas no se pronuncia en tal sentido ni identifica dicha posibilidad 
con la validez del contrato de trabajo que en este concreto supuesto fue concertado entre la 
empleadora y el actor, pues se trata de cuestiones totalmente distintas y que admiten asimismo 
soluciones diversas.  
En relación con la validez de la contratación temporal litigiosa, el juzgador a quo admite la utilización 
de la modalidad empleada, mas no entiende que en el caso enjuiciado su utilización se haya ajustado 
a la legalidad establecida en los arts. 15.1 a) ET y RD 2720/1998 ( RCL 1999\ 45) , al haber incurrido 
la empleadora en determinadas irregularidades formales que conducen a la estimación de que 
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concurre en el presente caso fraude de Ley en la contratación y que se concretan en particular en la 
modificación posterior de funciones y salario del actor y en su destino a funciones distintas de las que 
motivaron la contratación y por tanto justificaron la temporalidad del contrato.  
Por otra parte, sostiene Ecatemp que en efecto existió causa válida de la contratación temporal, 
ligada a un contrato de arrendamiento de servicio concertado entre la usuaria SEIRT y una tercera 
empresa, a la que se ligó el contrato que amparó el de obra que solicitó la usuaria SEIRT y a la que 
se aplicó la prestación de servicios del actor, invocando la recurrente la aplicación de la doctrina 
jurisprudencial del Tribunal Supremo que sostiene la válida vinculación del contrato para obra o 
servicio determinado a la existencia de una contrata entre la empleadora y otra tercera empresa, si 
bien en este caso la recurrente pretende extender dicho supuesto a las contratas celebradas no por la 
empleadora -la ETT- sino por la usuaria con tercera empresa. 
Pues bien, cierto es que la doctrina del Tribunal Supremo a la que se refiere la recurrente admite la 
vinculación de la contratación temporal por obra o servicio determinado a la existencia de una 
contrata, en atención a la temporalidad que dicha relación entre empresas transmite a la actividad de 
la empresa comitente, y en tal sentido se pronuncia, entre otras diversas ( sentencias de 15 de enero 
de 1997 [ RJ 1997\ 34] , 25 de junio de 1997 [ RJ 1997\ 6133] , 11 de noviembre de 1998 [ RJ 1998\ 
9623] , 8 de junio de 1999 [ RJ 1999\ 5209] , 20 de noviembre de 2000 [ RJ 2001\ 1422] o de 26 de 
junio de 2001 [ RJ 2001\ 6839] ), la sentencia de 22 de octubre de 2003, dictada en el recurso de 
casación para la unificación de doctrina núm. 107/2003 ( RJ 2993\ 8390) , en los siguientes términos:  
«La contratación por obra o servicio determinados fue ajustada a la doctrina establecida por esta Sala 
en sus sentencias de 11 de noviembre ( RJ 1998\ 9623) , 18 y 28 de diciembre de 1998 ( RJ 1999\ 
387) y 8 de junio de 1999 ( RJ 1999\ 5209) , y según la cual, el artículo 2.1 del Real Decreto 
2104/1984 ( RCL 1984\ 2697) , más tarde sustituido por el RD 2546/94 de 29 de diciembre ( RCL 
1995\ 226) y por el siguiente, establece que los contratos de la modalidad prevista en el art. 15.1, a) 
del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995\ 997) ?tienen por objeto la realización de obras y 
servicios determinados con autonomía y sustantividad propias dentro de la actividad de la empresa y 
cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, es en principio de duración incierta?. En casos como el 
presente es claro que no existe un trabajo dirigido a la ejecución de una obra entendida como 
elaboración de una cosa determinada dentro de un proceso con principio y fin, y tampoco existe un 
servicio determinado entendido como una prestación de hacer que concluye con su total realización. 
Sin embargo, existe una necesidad de trabajo temporalmente limitada para la empresa y 
objetivamente definida y ésa es -es importante subrayarlo- una limitación conocida por las partes en 
el momento de contratar y que opera, por tanto, como un límite temporal previsible, en la medida en 
que el servicio se presta por encargo de un tercero y mientras se mantenga éste».  
Ahora bien, dicha doctrina se entiende en todo momento referida a la temporalidad de la actividad de 
la empresa comitente, cuando ésta es la empleadora, ocupando en este caso dicha posición la 
empresa usuaria, no la empresa de trabajo temporal, a la que se refiere el argumento expuesto. 
Dicho argumento ha de entenderse aplicable a la usuaria SEIRT, que, para dar ejecución a la 
contrata que le vinculaba con una tercera empresa principal, concertó el contrato de puesta a 
disposición al amparo de la causa a) del art. 15.1 del Estatuto de los Trabajadores. Dicha cuestión, no 
obstante, debe recibir la misma respuesta que la que pueda darse al recurso a contratos temporales 
para cubrir necesidades asimismo temporales vinculadas a la duración de una contrata amparada en 
el art. 42 ET, no siendo impeditivo el título empleado para ello o el tipo de contratación a la que acuda 
la contratista, pudiendo ésta recurrir a la contratación directa o a trabajadores puestos a disposición 
para cubrir tales necesidades productivas, pues el art. 8 de la Ley 14/1994 ( RCL 1994\ 1555) vincula 
precisamente la contratación a través de este tipo de empresas a las causas reguladas en el art. 15 
ET, y no prohíbe ni excluye expresamente el recurso a contratos de puesta a disposición para cubrir 
necesidad temporal vinculada a la duración de una contrata.  
Ahora bien, lo que se cuestiona en este caso no es dicha posibilidad, plenamente admitida por el 
juzgador a quo, sino la propia necesidad temporal que justificaría la contratación, sea cual sea la 
situación, es decir, interpuesta o no una empresa de trabajo temporal, y que se concreta en la 
existencia de una contrata que se define como perfectamente identificada en su objeto y que también 
en el objeto del contrato de duración determinada se refleja como actividad con autonomía y 
sustantividad propia como exige el art. 15.1 a) ET para la concertación del de obra o servicio 
determinado. Lo cierto es que el actor fue contratado para la realización de tal actividad y con la 
identificación señalada, pero se operó una «novación» de condiciones que determinó un cambio de 
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  26 
funciones y de salario durante la propia vigencia del contrato para obra o servicio determinado, lo que 
implica que la necesidad temporal que justificó la contratación no resulta coincidente con la que 
motiva las necesidades productivas de la empresa y con las funciones realmente desempeñadas por 
el actor, que fueron distintas, pasando de ser las de auxiliar técnico a las de técnico montador, 
constando claramente que ni la categoría profesional ni las funciones eran las mismas, al asumir el 
actor la atención telefónica de los clientes para solucionar los problemas técnicos y para la realización 
de instalaciones domiciliarias. Justifican las recurrentes dicho alteración como mero ajuste de 
funciones, sin cambio sustancial en las mismas, puesto que la instalación de cables de red en 
domicilios privados comporta la necesidad de comunicarse con el cliente y de solucionar problemas 
técnicos derivados de la instalación realizada. Siendo cierto que dicha vinculación es lógica y 
razonable, no lo es menos que ello se refiere a la propia actividad de la empresa, que incluye dicho 
servicio de atención técnica post-instalación, mas no que deba necesariamente realizarse con el 
mismo trabajador, si así no se concertó inicialmente, asignándosele posteriormente dichas funciones 
nuevas que modifican el contenido de su prestación laboral y que implican otro orden de 
responsabilidades a asumir por el trabajador en cuanto a la relación con el cliente que no 
necesariamente estaba comprendida en sus funciones iniciales como mero auxiliar técnico, lo que 
implica que no fue contratado para asumir la responsabilidad de la instalación, como sí se puede 
deducir del nuevo puesto como «técnico montador» y superior retribución. 
En definitiva, se aprecia una fraudulenta contratación temporal en cuanto ésta se ampara en un 
objeto definido en el contrato de trabajo que no se corresponde con las funciones efectivamente 
desempeñadas, por tanto excediendo de los límites de la causa de la contratación temporal definidos 
por el propio contrato, lo que debe conducir a la calificación de la extinción contractual como despido 
improcedente, por aplicación del artículo 55.4 ET ( RCL 1995\ 997) , con las consecuencias al mismo 
inherentes, y de acuerdo con el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, conforme ha entendido 
el juzgador a quo, por lo que procede la confirmación de su sentencia.  
Finalmente, conforme ya se ha indicado y razonado anteriormente, poca relevancia tiene en este 
caso si la contrata terminó, si se culminó o no la obra que justifica la extinción del contrato, habida 
cuenta de que la irregularidad en la contratación ya había operado con anterioridad y, por tanto, hace 
ineficaz la causa que, de no mediar tal irregularidad, sería plenamente válida, por lo que no 
corresponde ya evaluar si existió o no causa válida de extinción del contrato de trabajo. En suma, no 
existe incongruencia alguna en la resolución de dicho extremo en la sentencia de instancia. 
Resta por resolver la última de las cuestiones planteadas por SEIRT, relativas a la condena solidaria 
impuesta por la sentencia de instancia en cuanto a la declaración de improcedencia del despido. 
El recurso debe estimarse en este extremo, por cuanto la condena solidaria únicamente ha de operar 
cuando se haya incurrido en alguna de las prohibiciones de contratación recogidas en el art. 8 de la 
Ley 14/1994 ( RCL 1994\ 1555) , mas no de forma genérica en cualquier supuesto, de suerte que, 
habiéndose en este caso amparado la contratación en causa lícita al amparo del art. 15.1 a) ET ( RCL 
1995\ 997) , sin perjuicio de las irregularidades sobre las que ya se ha razonado y que conducen a la 
improcedencia del despido, la condena únicamente ha de recaer sobre la empresa de trabajo 
temporal, como se deduce del art. 16.3 de la Ley 14/1994, que limita la responsabilidad de la 
empresa usuaria a las obligaciones salariales y de Seguridad Social, y en el proceso de despido no 
quedan comprendidas ninguna de las clases de obligaciones, debiendo tenerse en cuenta asimismo 
que los denominados salarios de tramitación tienen en realidad naturaleza indemnizatoria según ha 
declarado la más reciente jurisprudencia ( SSTS de 14 de julio de 1998 [ RJ 1998\ 8544] o de 23 de 
enero de 2001 [ RJ 2001\ 2062] ). El citado art. 16.3 de la L 14/1994 es el precepto que 
específicamente regula el supuesto de incumplimientos en el contrato de puesta a disposición y sus 
consecuencias para la empresa usuaria, sin que pueda aplicarse el art. 43.2 ET, el cual queda 
reservado exclusivamente para los casos de cesión de trabajadores que se realicen sin presencia de 
una empresa de trabajo temporal, y ello sin perjuicio de las posibles responsabilidades de la usuaria 
frente a la empresa de trabajo temporal con arreglo a la legislación civil y mercantil (de acuerdo con la 
disposición adicional de la Ley 14/1994). Por ello, tanto en el supuesto de que el contrato de puesta a 
disposición carezca de causa, como en el caso de que la empresa usuaria haya procedido a la 
extinción del contrato de puesta a disposición sin que concurra la circunstancia que lo permita, la 
condena habrá de recaer única y exclusivamente sobre la empresa de trabajo temporal.  
Ello conduce a la estimación parcial del recurso planteado por SEIRT, con declaración de 
improcedencia del despido y condena de Ecatemp ETT, SA, a tenor de la antigüedad y salario 
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probados en la sentencia de instancia, y absolución de la empresa SEIRT, manteniendo el resto de 
los pronunciamientos de la sentencia. Y, finalmente, a la desestimación íntegra del recurso formulado 
por Ecatemp ETT, SA. 
La estimación parcial del recurso interpuesto por SEIRT comporta que no proceda la imposición de 
costas, así como la devolución del depósito constituido, de acuerdo con el art. 233.1 de la Ley de 
Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144 y 1563) . En cuanto al recurso formulado por Ecatemp, ha 
de recaer necesariamente pronunciamiento respecto a las costas, al haber sido desestimado 
íntegramente, que se fija en la cuantía de cuatrocientos cincuenta euros, debiendo acordarse 
asimismo la pérdida del depósito constituido.  
Vistos los preceptos legales citados, los concordantes y demás de general y pertinente aplicación, 
FALLAMOS 
Que, estimando parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por Sociedad Española de 
Instalación de Redes Telefónicas, S.A (SEIRT, S.A), contra la sentencia de fecha de 8 de mayo de 
2003 del Juzgado de lo Social núm. 11 de los de Barcelona, recaída en el procedimiento núm. 
24/2003, sobre despido, seguido a instancia de D. Juan Miguel frente a Sociedad Española de 
Instalación de Redes Telefónicas, SA, y Ecatemp ETT, SA, y desestimando íntegramente el recurso 
de suplicación interpuesto por Ecatemp ETT, SA contra la citada resolución, debemos revocar y 
revocamos dicha resolución y, con mantenimiento de los pronunciamientos de la sentencia sobre la 
improcedencia del despido, absolvemos a SEIRT, SA de los pedimentos en su contra formulados, 
manteniendo la condena de la empresa Ecatemp ETT, SA. 
Asimismo, acordamos la condena de Ecatemp ETT, SA, al abono de los honorarios de la dirección 
letrada de la parte impugnante del recurso en la cuantía de cuatrocientos cincuenta euros, más la 
pérdida de depósitos y consignaciones constituidos para recurrir. 
No procede la imposición de costas respecto a SEIRT, debiendo acordarse la devolución de los 
depósitos y consignaciones constituidos para recurrir. 
Contra esta Sentencia cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina que deberá 
prepararse ante esta Sala en los diez días siguientes a la notificación, con los requisitos previstos en 
los números 2 y 3 del artículo 219 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144 y 1563) .  
Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y 
expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al 
correspondiente libro de sentencias. 
Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha por la Ilma. 
Sra. Magistrada Ponente, de lo que doy fe.  
 
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Nùmero 2 
 
JUR 2004\ 96318 
Sentencia Tribunal Superior de Justicia  Murcia núm. 230/2004 (Sala de lo Social, Sección 
1ª), de 23 febrero 
  
Jurisdicción: Social 
  
Recurso de Suplicación núm. 200/2004.  
  
Ponente: Ilmo. Sr. D. José Luis Alonso Saura. 
  
CONTRATOS DE TRABAJO TEMPORALES: contrato eventual: «trabajo por llamada» o «trabajo 
intermitente»: inadmisibilidad: efectos: compensación económica por la falta de llamamiento; Convenio 
Colectivo de Manipulado y Envasado de Fruta fresca y Hortalizas de la Región de Murcia: nulidad. 
  
El TSJ desestima los recursos de suplicación interpuestos por las partes contra Sentencia del Juzgado de 
lo Social núm. 1 de Cartagena, de fecha 23-09-2003, en autos promovidos sobre reclamación de derecho y 
cantidad. 
  
  
Texto: 
  
En la ciudad de Murcia, a veintitrés de febrero de dos mil cuatro. 
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Murcia formada 
por el Ilmo. Sr. Presidente D. Francisco Martínez Muñoz, y los Ilmos. Sres. Magistrados, D. José Luis 
Alonso Saura y D. Joaquín Ángel de Domingo Martínez, ha pronunciado 
EN NOMBRE DEL REY 
la siguiente: 
SENTENCIA 
En el recurso de suplicación interpuesto por la empresa Roteca Food, SL y la empresa Alta Gestión, 
SA, ETT, contra la sentencia número 818/03 del Juzgado de lo Social número 1 de Cartagena, de 
fecha 23-09-2003, dictada en proceso número 688/03, sobre contrato de trabajo, y entablado por 
Doña Dolores frente a la empresa «Alta Gestión, SA, ETT» y la empresa «Roteca Food, SL». 
Actúa como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Luis Alonso Saura, quien expresa el criterio de la 
Sala. 
ANTECEDENTES DE HECHO 
La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y en el que consta sentencia, en la que 
figuran declarados los siguientes hechos probados: 
«I.-La demandante ha venido prestando servicios para la empresa demandada ?Roteca Food, SL?, en 
virtud de dos contratos de trabajo eventual para obra o servicio determinado celebrados con la 
empresa de trabajo temporal ?Alta Gestión, SA, ETT?, desde el 12-11-2002 hasta el 31-03-2003, con 
categoría profesional de ayudante y salario diario de 34, 88 euros. Los citados contratos de trabajo 
obran en autos como documento 1 del ramo de prueba de la parte demandada y su contenido se da 
por reproducido. 
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II.-La demandante, a quien se le ha aplicado el Convenio Colectivo de manipulado y envasado de 
fruta fresca y hortalizas de la Región de Murcia, ha sido llamada por la empresa usuaria un total de 66 
días, y ha cobrado por ellos 1.825,93 euros, a razón 4,36 euros por hora. 
III.-La demandante presentó solicitud de conciliación ante el SMAC, que se tuvo por intentada sin 
efecto»; y el fallo fue del tenor literal siguiente: «Que estimando parcialmente la demanda interpuesta 
por Doña Dolores, condeno a la empresa ?Alta Gestión, SA, ETT?, y subsidiariamente a ?Roteca 
Food, SL?, a pagar la demandante la cantidad de 2.185,27 euros (Dos mil ciento ochenta y cinco 
euros con veintisiete céntimos)». 
Contra dicha sentencia se interpusieron recursos de suplicación por la Letrada Doña Raquel Castán 
Díaz, en representación de la parte demandada, la empresa «Alta Gestión, SA, ETT» y por la Letrada 
Doña Trinidad Marín Castejón, en representación de la parte demandada, la empresa Roteca Food, 
SL, con impugnación del Letrado Don Pedro Pablo Romo Rodríguez, en representación de la parte 
demandante. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
El actor, Doña Dolores, presentó demanda, solicitando el pago de 3.456,93 euros. 
La sentencia recurrida estimó penalmente la demanda, conforme figura en ella. 
La empresa «Alta Gestión, SA, ETT», presentó recurso de suplicación, en el que, a través de tres 
motivos de recurso; dedicados, dos (el segundo y el tercero), a la revisión de los hechos declarados 
probados, y el primero, al examen del derecho aplicado, postula la revocación de la sentencia 
recurrida. 
La empresa «Roteca Food, SL», instrumenta recurso de suplicación con el mismo contenido que el 
anterior. 
La actora impugna ambos recursos, oponiéndose 
Previamente al análisis de los recursos e impugnaciones, es necesario centrar cuales fueron los 
contenidos de las oposiciones formuladas por los ahora recurrente y en el acta del juicio oral consta 
que, finalmente, su oposición fue de fondo, siendo literalmente: «La empresa Alta Gestión, SA, ETT» 
se opone y alega que el cálculo del salario/día, se... donde se fije el salario de 34,88 euros/día, es 
decir, 4,36 euros/hora. La sentencia de despido no ha sido recurrida. En la... salarial... 8.355,24 
euros/año. La diferencia anual con lo percibido, sería en todo caso 54 euros. El convenio es el de 
manipulado de fruta. En la cláusula adicional 3 ?£ del contrato de la actora se fija la jornada por 
unidad de tiempo pagándose la retribución por trabajo efectivo. Solicita prueba. 
La empresa Roteca Food se opone y se adhiere a las manifestaciones de la ETT. Solicita prueba. 
En los anteriores términos, como en este recurso extraordinario, de suplicación, no cabe, en principio, 
el planteamiento de cuestiones nuevas, este va a ser -aparte de cuestiones de orden público 
procesal- el ámbito propio de decisión en él, pues, como dijimos en nuestra sentencia número 1006, 
de 2-09-2003 ( AS 2003\ 3208) : «Se plantea una cuestión nueva en la que la Sala, por razones 
derivadas de la funcionalidad de este recurso extraordinario, de suplicación, no debe entrar, pues no 
cumpliría su función si se aceptase, en contra de la voluntad legislativa, que esta Sala se convirtiese 
en instancia, cuando no se dio ocasión de decidir al Juzgador de Instancia sobre cualquier extremo».  
Además, un orden lógico aconseja comenzar el estudio de los recursos por las revisiones fácticas 
pedidas (motivos segundo y tercero). 
Se instrumenta un motivo de recurso (segundo en los escritos correspondientes), al amparo de lo 
establecido en el artículo 191.B) de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144 y 1563) a fin 
de revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales 
practicadas, que literalmente enumera diciendo: «En base al motivo de recurso primero, y partiendo 
de que la relación jurídico laboral con la demandante ha de estar incluida en el ámbito de aplicación 
funcional del III Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Trabajo Temporal ( RCL 2000\ 2563) y a 
la vista de los documentos número 3 y documento en el que se aportan las horas trabajadas en el 
centro de trabajo de la empresa usuaria por la demandante, la redacción del hecho probado segundo 
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ha se ser distinta a la que se manifiesta en la sentencia de instancia».  
El hecho probado segundo tiene la siguiente redacción, en la sentencia de instancia, objeto del 
recurso de suplicación: «Segundo. La demandante, a quien se le ha aplicado el Convenio Colectivo 
de manipulado y envasado de fruta fresca y hortalizas de la Región de Murcia ( LRM 1999\ 96) , ha 
sido llamada por la empresa usuaria un total de 66 días, y ha cobrado por ellos 1.825,93, a razón de 
4,36 euros por hora». Teniendo como fundamento, la documental referida en el primer párrafo de este 
motivo de recurso, su redacción propongo que sea: «Segundo. A la demandante se le ha aplicado el 
Convenio Colectivo de manipulado y envasado de fruta fresca y hortalizas de la Región de Murcia a 
efectos del cálculo de la remuneración total por hora trabajada y el III Convenio Colectivo Estatal de 
Empresas de Trabajo Temporal en los demás aspectos de la relación jurídico laboral, en concreto el 
artículo 31 de este último Convenio Colectivo. La demandante ha prestado sus servicios en la 
empresa usuaria un total de 418,25 horas, y ha cobrado por ellas 1.825,93 euros, a razón de 4,36 
euros por hora».  
Este motivo de recurso, su vocación de fracaso, alcanza este signo. 
En efecto, aparte de que en el momento del juicio oral nada se puntualizó sobre el particular, es lo 
cierto que se están ante una cuestión de derecho que guarda relación con el motivo correspondiente, 
que se analiza a continuación. 
Las partes recurrentes instrumentan un motivo de recurso (tercero en el recurso), al amparo de lo 
establecido en el artículo 191.B) de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144 y 1563) a fin 
de revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales 
practicadas y, concretamente, pretenden que hay que añadir otro nuevo hecho probado cuya 
redacción propongo que sea: «Cuarto. La demandante ha suscrito contrato con ?la empresa Alta 
Gestión SA ETT?, en el que se recoge una cláusula adicional 3ª, por la cual se acuerda que la jornada 
de trabajo será prestada de acuerdo con el horario indicado en el anverso, siendo la retribución 
pactada por hora de trabajo efectivo. La demandante aceptó las condiciones contractuales en el 
momento de la firma del contrato con al parte demandada».  
Visto el motivo de recurso, la Sala no encuentra fundamento para acceder a la revisión, ya que no 
existe prueba hábil que evidencie el error valorativo del Juzgador «a quo», ya que viene a reflejar lo 
acreditado según el conjunto de la prueba y, en particular, ateniéndose a la prueba documental. 
Se instrumenta un primer motivo de recurso, al amparo de lo establecido en el artículo 191.c) de la 
Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144 y 1563) a fin de examinar la infracción de normas 
sustantivas y de la jurisprudencia: artículo 11 de la Ley 14/1994, de 1 de junio ( RCL 1994\ 1555) , por 
la que se regulan las empresas de trabajo temporal, según redacción dada por la Ley 29/1999, de 16 
de julio ( RCL 1999\ 1898) 126.2 RD en relación con el artículo 2 y el 31 del III Convenio Colectivo 
Estatal de empresas de trabajo temporal ( RCL 2000\ 2563) .  
Concretamente, se refieren los artículos 11, 2 y 31 del III Convenio Colectivo Estatal ( RCL 2000\ 
2563) indicado y se enfatiza este último artículo, que dice: «Los trabajadores contratados para ser 
cedidos a empresas usuarias tendrán derecho durante los períodos de prestación de servicios en las 
mismas a percibir, como mínimo, la retribución total establecida para el puesto de trabajo a 
desarrollar en la empresa usuaria, según Convenio Colectivo aplicable a la misma, calculada por 
unidad de tiempo. Dicha remuneración comprenderá todas las retribuciones económicas, fijas o 
variables, de la empresa usuaria vinculadas a puesto de trabajo. Deberá incluir, en su caso, la parte 
proporcional correspondiente al descanso semanal, la pagas extraordinarias, los festivos y las 
vacaciones».  
La parte recurrida se opone, pues, tras citar la sentencia del Tribunal Supremo de 17-12-01 ( RJ 
2002\ 2116) , indica que: «Sobre la violación de los mandatos legales sobre contratación de carácter 
general, el artículo 1256 del Código Civil ( LEG 1889\ 27) ordena que la validez y el cumplimiento de 
los contratos no puede dejarse a arbitrio de uno de los contratantes. Pues la actitud de la empresa 
usuaria de llamar a la trabajadora al trabajo exclusivamente los días en que sea preciso sus servicios 
a la empresa, deja en manos de la empleadora el cumplimiento del contrato por lo que a ella se 
refiere.  
El mandato convencional permite, que concertado el contrato de trabajo por una duración máxima 
determinada (de fecha 12-11-2002 a 31-12-2002 y de 2-01-2003 a 31-03-2002) el trabajador quede 
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  31 
obligado para todos y cada uno de los días del período pactado, mientras que el empleador 
únicamente lo llamará al trabajo cuando, a su sólo juicio, necesite de los servicios, pudiendo incluso 
no llamar ningún día». 
Vistas las alegaciones de las partes, la Sala entiende que, según las restricciones contractuales 
establecidas por el Tribunal Supremo en la sentencia (más bien, sentencias, pues son dos) que se 
cita, es claro que el recurso no puede prosperar, pues se consagraría un desequilibrio contractual que 
no es aceptable. 
Además, conforme razonó el Juzgador «a quo»: «Así, en primero lugar, las empresas demandadas 
alegan que en virtud del Convenio Colectivo de Manipulado y Envasado de Fruta Fresca y Hortalizas 
de la región de Murcia ( LLR 1999\ 96) , y en base a las peculiares características del trabajo en el 
campo, los trabajadores eventuales solo cobran el salario correspondiente a los días en que prestan 
servicios por haber sido llamado por la empresa. Sin embargo, el convenio Colectivo citado (aportado 
por ambas partes), a diferencia de otros convenios del sector agrícola, no establece tal previsión en 
ninguno de sus preceptos, y sólo regula de manera detallada el régimen de llamamientos para los 
trabajadores fijos-discontinuos, no para los eventuales. En segundo lugar, y aún en el caso de que el 
contenido del convenio pudiera respaldar la posición de la parte demandada, la primera y más 
inmediata fuente normativa de la relación laboral es el contrato de trabajo, y en este caso en los dos 
contratos de trabajo suscritos por al actora no sólo no se prevé que los servicios se prestarán cuando 
la trabajadora sea llamada por la empresa sino que con total claridad se establece que contratan sus 
servicios durante un determinado período de tiempo y con una jornada de 40 horas semanales en 
turnos rotativos.  
En conclusión, a la vista del contrato de trabajo y del Convenio Colectivo la relación laboral entre la 
trabajadora demandante y las empresas demandadas se desarrolló de manera continuada durante 
todo el período de vigencia de los contratos celebrados, de manera que la actora deberá cobrar la 
retribución correspondiente a todos los días laborables». 
Además, conforme consta en el acta del juicio oral, los demandados, ahora recurrentes estuvieron de 
acuerdo en que el convenio era el de manipulado de frutas que, afectado por la sentencia indicada 
del Tribunal Supremo, debe aplicarse de forma compatible con ella, conforme hicimos en nuestra 
sentencia número 240/2003, de 17-02-2003 ( AS 2003\ 469) , a la que nos remitimos, cuya doctrina 
es aplicable mutatis mutandis y, en particular, en cuanto se refiere al artículo 30 del Estatuto de los 
Trabajadores ( RCL 1995\ 997) .  
En resumen, ambos recursos fracasan. 
FALLO 
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Social de este Tribunal, por la autoridad que le confiere 
la Constitución, ha decidido: 
Desestimar los recursos de suplicación interpuestos por las empresas «Alta Gestión, SA, ETT» y la 
empresa «Roteca Food, SL» frente a la sentencia número 818/2003 dictada por el Juzgado de lo 
Social número uno de Cartagena, en fecha 23-09-2003, en virtud de demanda interpuesta por Doña 
Dolores contra las empresas «Alta Gestión, SA, ETT» y «Roteca Food SL» en reclamación sobre 
contrato de trabajo y confirmar, como confirmamos, el pronunciamiento de instancia. 
Procede la condena en costas de los recurrentes «Alta Gestión, SA, ETT» y «Roteca Food SL», de 
conformidad con el artículo 233 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144 y 1563) , 
debiendo pagar cada recurrente la cantidad de 180,30 euros al impugnante de su respectivo recurso.  
Dese a los depósitos, si los hubiera, el destino legal. 
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia. 
ADVERTENCIAS LEGALES 
Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado 
dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su 
notificación. 
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  32 
Además, si el recurrente hubiera sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el 
recurso, el justificante de haber ingreso en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el 
Banesto, cuenta número: 3104000066 020004, a nombre de esta Sala el importe de la condena, o 
bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. 
Si la condena consistiese en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso 
de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por 
éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala. 
El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la Secretaría de la Sala de lo Social 
del Tribunal Supremo, al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de trescientos 
euros con cincuenta y un céntimos de euro (300,51 euros), en la entidad de crédito Banesto, cuenta 
corriente número 2410404300 020004 Madrid, Sala Social del Tribunal Supremo. 
Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan 
expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigase en razón a su condición de 
trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), 
aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una 
prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar 
certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente 
mientras dure su tramitación. 
Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el 
oportuno cumplimiento. 
Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
 
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  33 
Nùmero 3 
 
AS 2004\ 107 
Sentencia Tribunal Superior de Justicia  País Vasco (Sala de lo Social), de 27 enero 2004 
  
Jurisdicción: Social 
  
Recurso de Suplicación núm. 2752/2003.  
  
Ponente: Ilmo. Sr. D. Manuel Díaz de Rábago Villar. 
  
CONTRATOS DE TRABAJO TEMPORALES: contrato para obra o servicio determinado: duración: 
determinación: condicionada al tiempo de vigencia de la contrata: procedencia; conversión en contrato por 
tiempo indefinido: desestimación: contratas: prolongación de ésta más allá del tiempo convenido: extensión 
de la duración del contrato en los mismos términos. 
  
El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por el demandante, contra la Sentencia de 08-07-
2003 del Juzgado de lo Social núm. 1 de los de Vitoria, dictada en autos promovidos en reclamación por 
despido. 
  
Texto: 
 En la Villa de Bilbao, a 27 de enero de 2004. 
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País vasco, 
formada por los Ilmos. Sres. Manuel Díaz de Rabago Villar, Presidente, D. Florentino Eguaras Mendiri 
y Dª Garbiñe Biurrun Mancisidor, Magistrados, ha pronunciado 
EN NOMBRE DEL REY 
la siguiente 
SENTENCIA 
En el recurso de suplicación interpuesto por Guillermo contra la sentencia del Juzgado de lo Social n° 
1 (Vitoria) de fecha ocho de julio de dos mil tres, dictada en proceso sobre , y entablado por Guillermo 
frente a Carrier House, SA.  
Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D./ña. Manuel Díaz de Rabago Villar, quien expresa el criterio de 
la Sala. 
ANTECEDENTES DE HECHO 
La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación 
de hechos probados es la siguiente: 
«I.¾ El actor prestó servicios para la demandada con la categoría de oficial la Técnico desde 29 de 
junio de 2000 mediante contrato de obra o servicio determinado de la misma fecha, siendo objeto del 
mismo la obra ?servicios de mantenimiento para el proyecto Jazztel en Vitora para el año 2000-2001?. 
Tal servicio se prestaba tanto en la misma capital de Vitoria como en localidades cercanas a fin de 
atender los nodos de Jazztel. La identificación del servicio es la que consta precedentemente citada, 
aunque se prestó en fechas posteriores a 2001. El salario del trabajador era de 1.377,60 euros al mes 
con prorrateo de pagas extras. Con anterioridad a la concertación del contrato de trabajo de 
referencia, el actor fue contratado desde el 27 de septiembre de 1999 para el mismo servicios por dos 
empresas de trabajo temporal, Clave Consulting ETT y ADECCO. Ésta es la antigüedad que se hace 
constar expresamente a los efectos de la presente sentencia de despido. 
II.¾Con fecha 5 de febrero de 2003 la empresa comunicó al actor por vía telefónica que iba a ser 
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  34 
despedido con fecha uno de marzo, alegando que iban a cerrar el centro de Vitoria. Con fecha 10-2-
2003 desde Recursos Humanos de la empresa se le remitió al actor por correo electrónico 
comunicación oficial de baja (folio 32 y folio 33 escaneado PDF junto al anterior documento). Con 
fecha 11-02-2003 el actor comunicó por correo electrónico a diversas personas de su agenda, entre 
ellas el jefe de RRHH de la demandada, la noticia de su cese (folio 34), poniendo en conocimiento de 
las mismas que había encontrado otro trabajo, sin otras especificaciones más concretas que el 
sector. Recibió carta original de cese el día 28-02-03 (folio 33). 
III.¾Con fecha 1-3-2003 finalizó el contrato suscrito contra Jazztel y la demandada de ?servicio de 
mantenimiento de primer nivel? (folio 38 de los autos). 
IV.¾Con fecha 13 de marzo de 2003 se celebró ante la Delegación territorial de Álava del 
Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco el preceptivo acto de 
conciliación previo a la vía jurisdiccional, con el resultado de por no haber acudido al mismo la parte 
demandada.  
V.¾El demandante ni ostenta ni ha ostentado cargo de representación de los trabajadores ni sindical 
durante el último año». 
La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice: 
«Que desestimando la demanda formulada por Guillermo contra la empresa Carrierhouse, SA debo 
declarar y declaro la procedencia del despido, absolviendo a la demandada de los pedimentos 
deducidos en su contra». 
Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación, que fue impugnado por la parte 
recurrida. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
D. Guillermo recurre en suplicación, ante esta Sala, la sentencia del Juzgado de lo Social num. 1 de 
Vitoria, de 8 de julio de 2003, que ha desestimado la demanda que interpuso el 14 de marzo de ese 
año pretendiendo que se calificase como despido improcedente la decisión adoptada por su 
empresario, la sociedad demandada, de dar por finalizado, con efectos del 1 de marzo de 2003, el 
contrato de trabajo que les vinculaba desde el 29 de junio de 2000, que ésta amparaba en que habían 
terminado los trabajos para los que había sido contratado. Demanda por la que también pretendía, 
como efecto de esa calificación, que se condenase a la demandada a readmitirle en la empresa o 
indemnizarle en legal forma. 
Pronunciamiento que el Juzgado realiza tras declarar probado, como datos relevantes (incluido algún 
extremo de inequívoco valor fáctico que se contiene en el primer fundamento de derecho de la 
sentencia): a) que las partes suscribieron contrato para obra o servicio determinado el 29 de junio de 
2000, cuyo objeto era su trabajo como oficial de la técnico en los servicios de mantenimiento para el 
proyecto Jazztel, en Vitoria, para el año 2000-2001; b) que dicho servicio se prestaba tanto en Vitoria 
como en localidades cercanas a ésta, a fin de atender los nodos de Jazztel; c) que, con anterioridad y 
en concreto desde el 27 de septiembre de 1999, había trabajado en el mismo servicio, si bien 
contratado por dos empresas de trabajo temporal; d) que el cese, en los términos expuestos, se le 
comunicó mediante carta entregada el 28 de febrero en original y el 10 de ese mes mediante correo 
electrónico, aunque el 5 del mismo ya se le había indicado telefónicamente que iba a ser despedido el 
1 de marzo por el cierre del centro de Vitoria; e) en esta última fecha finalizó el contrato de 
mantenimiento de primer nivel suscrito entre la demandada y Jazztel el 18 de junio de 2002; f) que 
este contrato y el referido en el contrato de trabajo litigioso hacen referencia a un mismo servicio de 
mantenimiento; g) que el salario último del demandante asciende a 1377,60 euros/mes; h) que éste 
comunicó a diversas personas el 11 de febrero de 2003 que había encontrado otro trabajo en el 
mismo sector. 
El recurso de D. Guillermo se articula en dos motivos, de los que el primero acusa errores en los 
hechos probados, en tanto que el segundo denuncia la infracción del art. 49-1-c), párrafo tercero, del 
vigente texto refundido del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995\ 997) (ET), respondiendo, en 
esencia, a un argumento central: el Juzgado debió declarar que su relación laboral era indefinida, 
dado que ha prestado servicios ajenos al servicio que constituyó el objeto de su contratación, tanto 
por hacerlo en localidades distintas como en períodos posteriores al de dicho contrato, y, por ello, 
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debió calificar el cese como despido improcedente, condenando a la demandada a readmitirle o 
indemnizarle en legal forma, según elija ésta.  
Se ha opuesto al recurso dicho empresario. Analizaremos ambos motivos diferenciadamente. 
A) Nuestro ordenamiento jurídico no configura el recurso de suplicación como un remedio para que el 
Tribunal pueda examinar, con libertad de criterio, el modo en que el Magistrado de instancia, con 
base en los medios de prueba obrantes en el proceso, ha obtenido su convicción sobre los hechos 
controvertidos entre los litigantes, sino que ha limitado su capacidad de revisar su relato a aquellos 
extremos que resulten evidenciados con base exclusiva en prueba documental o pericial válidamente 
practicada en el proceso y sean trascendentes en orden a cambiar el pronunciamiento final del litigio. 
Así resulta de lo dispuesto en el art. 191-b) de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144, 
1563) , en relación con su art. 97-2.  
De lo expuesto, resulta: a) la necesidad de que el recurrente precise la versión que el Magistrado 
debió recoger en los hechos probados y, en su caso, la parte de su relato a la que sustituye; b) la 
inadmisibilidad de las modificaciones que se apoyen en otro medio de prueba distinto a esos dos, 
bien entendido que no obsta a que si un precepto legal atribuye a algún otro medio un determinado 
efecto vinculante de la convicción del Juez, pueda alcanzarse esta consecuencia pero sólo si se 
denuncia la infracción de dicha norma; c) la insuficiencia del apoyo en documento o pericia, si éste 
carece ¾por sí solo, o en virtud de otros medios de prueba practicados en el proceso que la 
contrarrestan¾, dé fuerza de convicción suficiente como para mostrar a la Sala de manera patente, 
sin dejar resquicio a la duda, el error sufrido por el Magistrado; d) la inoperancia práctica, en orden al 
éxito final del recurso, de las revisiones que, reveladas por medio hábil, no sean suficientes para 
cambiar la resolución del litigio que éste ha efectuado, sin perjuicio de que hayan de tomarse en 
consideración en orden a razonar sobre las denuncias que el recurrente efectúa atinentes al derecho 
aplicable para solventarlo. 
A la luz de lo expuesto hemos de examinar la doble revisión de los hechos probados planteada por D. 
Guillermo en el motivo inicial de su recurso. 
B) Suscita, en primer lugar, la modificación del hecho primero, con el fin de que recoja que la labor 
que el demandante realizaba en la empresa no tenía nada que ver con el proyecto 2000-2001 y, por 
ello, era una relación laboral indefinida, sin que se pueda alegar como causa extintiva de la misma la 
finalización del servicio. Lo ampara en el contenido del escrito que suscribe el representante legal de 
Jazztel, que está fechado el 30 de abril de 2003, aportado por la demandada a los autos para 
justificar el fin del servicio, así como en las declaraciones emitidas en el juicio oral por un testigo, 
recogidas en su acta, y, por último, en la carta suscrita por el director de recursos humanos de la 
demandada, fechada el 27 de noviembre de 2002, que el hoy recurrente aportó en juicio. 
No es posible acogerla en ninguno de sus extremos, siendo variadas las razones de nuestra 
conclusión. 
En primer lugar, hemos de descartar todo lo que no sea la referencia a la labor que realizaba, ya que 
no son cuestiones de hecho, sino meras conclusiones jurídicas que D. Guillermo extrae y resultan 
impropias de esta parte de la estructura de la sentencia. 
Respecto a lo puramente fáctico de su versión, su falta de éxito deviene de basarse en prueba inhábil 
a estos efectos (la declaración del testigo Sr. Diego) o que no revelan el tipo de trabajo que 
desarrollaba el demandante (caso de los dos documentos invocados), que en el caso del suscrito por 
el representante de Jazztel ni siquiera puede calificarse como tal, ya que es una mera declaración de 
éste, efectuada fuera del proceso y sin posibilitar la intervención de los litigantes y del propio 
Magistrado que preside el juicio en su interrogatorio, cuyo valor no pasa ser la propia de una prueba 
testifical irregularmente practicada. 
C) La segunda revisión afecta al hecho probado tercero, interesando que se amplíe para recoger que 
el contrato a que se refiere se concertó el 18 de junio de 2002 y, por tanto, es posterior al contrato de 
trabajo litigioso, resultando ajeno al servicio de mantenimiento para el proyecto de Jazztel en Vitoria 
2000-2001. Aduce, a estos efectos, el referido documento suscrito por el representante de Jazztel. 
Modificación imposible de atender, dada la prueba en que se ampara. En todo caso, conviene señalar 
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que esa declaración del representante de Jazztel nada dice sobre si se trata de una contrata sucesiva 
cuyo objeto es el mismo servicio de mantenimiento que constituía el objeto de la mencionada en el 
contrato de trabajo del demandante u otro distinto, por lo que resulta estéril para acreditar que 
concurría esta circunstancia, como alega D. Guillermo, y no la primera (como lo entendió el Juzgado). 
A) Dispone el art. 49-1-c) ET ( RCL 1995\ 997) , en su párrafo tercero, que realizada la obra o servicio 
objeto de contrato, si no hubiera denuncia y se continuara en la prestación laboral, el contrato se 
considerará prorrogado tácitamente por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la 
naturaleza temporal de la prestación.  
B) Regla que, como fácilmente se advierte, no ha infringido la sentencia recurrida, dado que el 
demandante fue contratado para prestar sus servicios a la demandada en las labores propias del 
servicio de mantenimiento para el proyecto Jazztel, en Vitoria, para el año 2000-2001 y si, como ha 
ocurrido, ese servicio se mantiene más allá del tiempo inicialmente establecido, ha de estimarse que 
la duración del contrato de trabajo se prolonga, con independencia de que entre su empresario y su 
cliente se haya suscrito nuevo contrato que ampara esa prolongación del servicio. La falta de base 
jurídica de la tesis del demandante se advierte fácilmente cuando se contempla la conclusión a la que 
llevaría en una hipótesis distinta a la sucedida, como sería el caso de que se le hubiera cesado al 
finalizar el año 2001, pese a que subsistiese el servicio de mantenimiento prestado por la demandada 
a Jazztel en Vitoria: ese cese se ajustaría a derecho. Su error radica en no advertir que cuando se 
contrata a un trabajador para prestar servicios a una empresa en labores propias de una contrata 
concertada con arreglo a una determinada vigencia temporal, si ésta se prolonga en el tiempo más 
allá del inicialmente convenido, la duración del contrato de trabajo se extiende en iguales 
términos, dado que sólo entonces finaliza el objeto para el que fue contratado y concurre la 
causa de extinción del contrato de trabajo prevista en el art. 49-1-c) ET. Repárese en que el supuesto 
es de una gran habitualidad, fundamentalmente en contratas de servicios de limpieza, vigilancia, etc. 
en el ámbito de las Administraciones Públicas, ya que se suelen conceder con duración anual, no 
siendo de recibo, a la luz del precepto mencionado, que al acabar el año se pueda cesar 
justificadamente a los trabajadores contratados con ese objeto, si resulta que la contrata se reitera al 
año siguiente. Precisamente, la Sala tuvo que enjuiciar un caso así en su sentencia de 23 de 
noviembre de 2002 ( AS 2002\ 3437) , referido al cese de trabajadores de la empresa contratista del 
servicio municipal de retirada de vehículos, en Bilbao, efectuado por su empresario al acabar la 
contrata de ese año, pese a que en el siguiente la mantenía, calificándose como despidos 
improcedentes. Diremos, finalmente, que los hechos probados no reflejan que el demandante haya 
trabajado en lugares ajenos a los del servicio de mantenimiento para el proyecto Jazztel en Vitoria; en 
todo caso, no hay que olvidar que, según la versión judicial, ese servicio abarcaba las localidades 
próximas a dicha capital. Además, de haber prestado servicios ajenos a la contrata, no entraría en 
juego la concreta regla que se denuncia como infringida por D. Guillermo. 
Su recurso, por cuanto se ha expuesto, no puede acogerse.El demandante disfruta del beneficio de 
justicia gratuita, ya que litiga contra su empresario ejercitando pretensión derivada del contrato de 
trabajo que les vincula (art. 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero [ RCL 1996\ 89] ), lo que trae consigo 
que no concurra el supuesto previsto al efecto en el art. 233-1 LPL ( RCL 1995\ 1144, 1563) para 
imponerle el pago de las costas causadas por su recurso.  
FALLAMOS 
Se desestima el recurso de suplicación interpuesto por la representación legal de D. Guillermo contra 
la sentencia del Juzgado de lo Social num. 1 de Vitoria, de 8 de julio de 2003, dictada en sus autos 
num. 152/03, seguidos a instancias del hoy recurrente, frente a Carrierhouse SA, sobre despido, 
confirmando lo resuelto en la misma. 
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal. 
Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el 
oportuno cumplimiento. 
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
PUBLICACIÓN.¾ Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, 
estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que yo el Secretario doy fe.  
 
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Nùmero 4 
 
AS 2004\ 950 
Sentencia Tribunal Superior de Justicia  Andalucía, Málaga, núm. 71/2004 (Sala de lo 
Social, Sección 1ª), de 16 enero 
  
Jurisdicción: Social 
  
Recurso de Suplicación núm. 2644/2003.  
  
Ponente: Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Vela Torres. 
  
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL: contrato de puesta a disposición: supuestos de utilización: 
atender exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos: extinción: 
expiración del tiempo convenido. 
  
El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por la parte actora contra Sentencia del Juzgado 
de lo Social núm. 6 de Málaga, de fecha 11-08-2003, en autos promovidos sobre despido. 
  
  
Texto: 
  
En Málaga a 16 de enero de dos mil cuatro. 
La Sala de lo Social en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por los 
Ilmos. Sres. citados al margen y 
EN NOMBRE DEL REY 
ha dictado la siguiente: 
SENTENCIA 
En el recurso de Suplicación interpuesto por D. Santiago contra la sentencia dictada por el Juzgado 
de lo Social número seis de Málaga, ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Vela Torres. 
ANTECEDENTES DE HECHO 
Que según consta en autos se presentó demanda por D. Santiago sobre despido siendo demandado 
AGP ETT, SA y UNCORE, SL habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 11 
de agosto de 2003 en los términos que se recogen en su parte dispositiva. 
En la sentencia aludida se declararon como hechos probados los siguientes: 
I.- El actor D Santiago, cuyos datos personales constan en autos, ha venido prestando sus servicios 
para la empresa demandada Administración y Gestión de Personal Empresa de Trabajo Temporal 
dedicada a empresa de trabajo temporal, desde el día 29-07-02 de forma ininterrumpida y sin altas ni 
bajas interrumpidas en S.S. ostentando la categoría profesional de Ayudante de Dependiente y 
percibiendo un salario mensual de 1.029,02 euros, con inclusión de prorrata de pagas extraordinarias. 
II.- Que el actor ha suscrito los siguientes contratos temporales: 
El 29/07/2002 contrato eventual por circunstancias de la producción para atender aumento de 
pedidos debidos a campaña de ofertas, originariamente suscrito por plazo de 32 días del 27/7/02 
hasta 31/08/02 y prorrogado hasta el día 30/09/02. 
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El 1/10/2002 otro contrato eventual por circunstancias de la producción para atender aumentos de 
pedidos debidos a campaña de ofertas, por un plazo de un mes hasta el día 31/10/02. 
El 1/11/2002 otro contrato eventual por circunstancias de la producción para atender aumentos de 
pedidos debidos a campaña de ofertas, por un plazo de tres meses hasta el día 31/01/2003. 
III.- Que la empresa Administrativo y Gestión de Personal empresa de Trabajo Temporal suscribió los 
siguientes contratos de puesta a disposición con la empresa usuaria codemandada UNCORE, SL 
(Muebles Búfalo), del 29/07/02 hasta el 31/08/02, prorrogado por plazo de un mes hasta el día 
31/09/02; contrato de puesta a disposición de fecha 1/10/02 hasta el día 31/10/02 y contrato de 
puesta a disposición con la empresa usuaria Muebles Búfalo, SL, de fecha 1/11/2002 en que se 
estipula una duración del contrato de tres meses del 1/11/2002 hasta el 31/01/2003, pasando el actor 
a prestar servicios para éstas. 
IV.- Que una vez concluido el último de lo referidos contratos, el día 31/01/2003 se le comunicó al 
demandante de forma verbal el cese tanto en la empresa usuaria como en la ETT. 
V.- Que el actor no ha ostentado durante el último año la condición de representante legal de los 
trabajadores ni se encuentra afiliado a sindicato alguno. 
VI.- Que el día 25 de febrero de 2003 tuvo lugar ante el C.M.A.C. el preceptivo acto de conciliación, 
en virtud de demanda presentada el día 10 de febrero de 2003 con el resultado de intentada sin 
efecto. 
VII.- Que la demanda judicial se presentó el día 26 de febrero de 2003. 
Que contra dicha sentencia anunció Recurso de Suplicación la parte actora, recurso que formalizó, 
siendo impugnado de contrario. Recibidos los autos en este Tribunal se proveyó el pase de los 
mismos a ponente para su examen y resolución. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
Que contra la sentencia de instancia que desestima la demanda sobre despido promovida por el actor 
y declara la extinción del contrato de trabajo suscrito por las partes por finalización del término 
pactado en el mismo, absolviendo a las empresas demandadas, interpone recurso de suplicación la 
representación del actor formulando un único motivo, al amparo de lo dispuesto en el apartado c) del 
artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144 y 1563) , para denunciar la 
infracción de los artículos 15, apartados 1 y 3, del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995\ 997) y 33 
del Convenio de Comercio en general. El recurrente alega que en los contratos eventuales suscritos 
no se especificaba suficientemente la causa de la eventualidad, así como que no ha quedado 
acreditada la realidad de la misma, por lo que dichos contratos adquirieron el carácter de indefinidos y 
el cese del actor al finalizar el término pactado en el último de los contratos suscritos debe 
considerarse como un despido improcedente.  
De lo actuado se desprende que el actor suscribió con la empresa de trabajo temporal demandada 
tres contratos eventuales por circunstancias de la producción, con una duración desde el 29 de julio 
de 2002 hasta el 30 de septiembre de 2002 el primero, desde el 1 de octubre de 2002 hasta el 31 de 
octubre de 2002 el segundo y desde el 1 de noviembre de 2002 hasta el 31 de enero de 2003 el 
tercero. En los tres contratos se especificaba como causa de la eventualidad el atender exigencias 
circunstanciales del mercado por acumulación de tareas consistentes en aumento de pedidos debido 
a campaña de ofertas. En los dos primeros contratos se indicaba que la trabajadora prestaría sus 
servicios en la empresa usuaria Uncore, SL, mientras que en el tercero se señalaba que la prestación 
de servicios se realizaría para la empresa Almacenes Búfalo, SL; empresas usuarias con la que la 
empresa temporal demandada había suscrito contratos de puesta a disposición, dedicándose dichas 
empresas usuarias a la actividad de comercio. 
Los antecedentes fácticos antes reseñados ponen de manifiesto que en los contratos suscritos por las 
partes se especificaban los datos mínimos a que hace mención el artículo 15-2 del Real Decreto 
4/1995 ( RCL 1995\ 308 y 1179) , por el que se desarrolla la Ley 14/1994 ( RCL 1994\ 1555) , por la 
que se regulan las empresas de trabajo temporal, puesto que en los mismos se identificaban las 
partes contratantes y la empresa usuaria, se especificaba la causa objeto de la eventualidad y se 
concretaban las condiciones de desempeño de la prestación laboral para la empresa usuaria; siendo 
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  39 
de resaltar que los indicados contratos eran de carácter eventual por circunstancias de la producción, 
como se desprende del propio tenor literal de los mismos y se reconoce expresamente en la 
fundamentación jurídica de la sentencia recurrida. La Sala considera por tanto que en el presente 
caso se han cumplido suficientemente los requisitos formales previstos para el contrato entre la 
empresa de trabajo temporal y el trabajador contratado para prestar servicios en empresas usuarias, 
por lo que estima que por esta causa o motivo no cabe hablar de indefinitud de dichos contratos, pues 
en los contratos se indicaba como causa de la eventualidad el aumentar un exceso de pedidos debido 
a una campaña de ofertas. Es cierto que los contratos eventuales tienen naturaleza causal, en cuanto 
que no pueden celebrarse por cualquier causa o motivo, sino únicamente cuando exista causa 
justificativa de la eventualidad y la misma se haya plasmado con la suficiente claridad y precisión en 
el contrato; no cumpliéndose con esa obligación normativa con el empleo de fórmulas vagas, 
genéricas y poco expresivas, en las que no conste una relación suficiente de las circunstancias 
concretas que implican un incremento extraordinario de la actividad empresarial. Ahora bien, en el 
presente caso, como hemos indicado anteriormente se especificaba suficientemente en los contratos 
la causa de la eventualidad, causa que además la Magistrado de instancia considera que concurría 
en la realidad. En consecuencia el cese del actor al cumplirse la duración del último de los términos 
pactados no puede considerarse un despido, sino una extinción del contrato por expiración del tiempo 
convenido. Todo lo anterior nos lleva a desestimar el recurso de suplicación interpuesto y confirmar la 
sentencia recurrida.  
FALLAMOS 
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. Santiago 
contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número seis de Málaga con fecha 11 de 
agosto de 2003 en autos sobre despido, seguidos a instancias de dicho recurrente contra AGP 
Empresa de Trabajo Temporl y UNCORE, SL, confirmando la sentencia recurrida. 
Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal advirtiéndoles que contra la misma cabe 
Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina ante la Sala 4ª del Tribunal Supremo, el que 
deberá prepararse en el plazo de los diez días siguientes a la notificación de este fallo. 
Líbrese certificación de la presente sentencia para el rollo a archivar en este Tribunal incorporándose 
el original al correspondiente libro. 
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
 
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Nùmero 5 
 
JUR 2004\ 196305 
Sentencia Tribunal Superior de Justicia  Comunidad Valenciana núm. 1092/2004 (Sala de lo 
Social), de 7 abril 
  
Jurisdicción: Social 
  
Recurso núm. 155/2004.  
  
Ponente: Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Lluch Corell. 
  
DESPIDO. EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL.  
  
  
  
Texto: 
  
En Valencia, a siete de abril de dos mil cuatro. 
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los 
Ilmos. Sres. Magistrados citados al margen, ha dictado la siguiente, 
SENTENCIA N° 1092/2004 
En el Recurso de Suplicación núm. 55/2004, interpuesto contra la sentencia de fecha 23 de octubre 
de 2003, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 10 de Valencia, en los autos núm. 829/2003, 
seguidos sobre despido, a instancia de Noemí, contra Cableuropa, SA, y en los que es recurrente el 
demandado, habiendo actuado como Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Lluch Corell. 
ANTECEDENTES DE HECHO 
La sentencia recurrida de fecha 23 de octubre de 2003, dice en su parte dispositiva: FALLO: «Que 
estimando la demanda instada por Noemí contra Cableuropa, SA debo declarar y declaro 
improcedente el despido de fecha 22-7-03, condenando a la demandada a su opción que deberá 
ejercitar dentro del plazo de 5 días desde la notificación de esta Sentencia, entendiéndose si no lo 
hiciera que opta por la readmisión, readmita a la actora en su mismo puesto de trabajo con abono de 
los salarios dejados de percibir o le indemnice en la cantidad de 1.433,08 euros (de lo que ya ha 
percibido 668,92 euros) y con abono, en uno u otro caso, de los salarios correspondientes desde la 
fecha del despido hasta que se notifique esta Sentencia en la cuantía diaria de 31,84 euros».  
Que en la citada sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes:  
«I.-La actora Noemí, ha venido prestando sus servicios por cuenta de la demandada Cableuropa, SA 
desde el 17-7-02, con categoría profesional de Agente Televenta Grupo 4, salario mensual bruto de 
893,17 euros incluida prorrata de pagas extras, habiendo percibido en concepto de comisiones una 
media mensual de 62,22 (Comisiones: 11/02: 95,11, 12/02: 102,73, 1/03: 285,96 y 3/03: 117,06 total 
746,69 euros: 12 meses = 62,22 euros. 
II.-La actora suscribió con Adecco TT, SA Empresa trabajo temporal, un Contrato de trabajo acogido 
al RD 2720/98 ( RCL 1999\ 45) , por acumulación de tareas, para prestar servicios en la empresa 
demandada, con duración del 17-7-02 al 31-12-02, prorrogado hasta el 27-01-03.  
III.-En fecha 1-2-03, la actora suscribió con la demandada contrato de trabajo indefinido a tiempo 
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completo, con fecha inició 1-2-03. 
IV.-Mediante escrito de 22-7-03 la demandada comunicó a la actora ese mismo día su despido, con 
efectos desde la notificación, en base a los siguientes hechos: ?en los análisis de ventas llevados a 
cabo de los meses de noviembre de 2002 a febrero del presente año, usted no ha conseguido llegar a 
la media establecida por el departamento ni a la media conseguida por sus compañeros, perjudicando 
con ello la media de su grupo, lo que supone una importante disminución de su rendimiento en el 
trabajo de forma continuada y voluntaria, no existiendo causa alguna objetiva que lo justifique?. 
Haciendo constar que le ofrecen 668,92 euros, en concepto de indemnización, ?reconociendo 
expresamente la improcedencia del despido?, indicando que la indemnización será consignada en el 
Decanato de los Juzgados de lo Social de Valencia a su disposición. 
V.-La demandada, el 23-7-03, consigno en Decanato de los Juzgados la cantidad de 668,92 euros, 
que ha percibido la atora. 
VI.-La actora no ostenta ni ha ostentado cargo de representación de los trabajadores. 
VII.-En fecha 12-8-03, se presentó papeleta de conciliación ante el SMAC, celebrándose Acta de 
Conciliación el 26-8-03 que concluyó sin efecto. La demanda se presentó el 26-8-03». 
Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandada, habiendo 
sido impugnado por la parte demandante. Recibidos los autos en esta Sala, se acordó la formación 
del rollo correspondiente y su pase al Ponente. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
1. Recurre la empresa demandada la sentencia de instancia que, estimando la demanda, la condenó 
al abono de una indemnización mayor de la consignada como consecuencia del previo 
reconocimiento de improcedencia del despido de la trabajadora, y al pago de los salarios de 
tramitación devengados desde la fecha del despido hasta la de notificación de la sentencia. El recurso 
se instrumenta a través de un motivo único redactado al amparo del apartado c) del artículo 191 de la 
Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144, 1563) -en adelante, LPL-, en el que se denuncia la 
infracción por la sentencia recurrida de lo dispuesto en el artículo 56.1.a) del Estatuto de los 
Trabajadores ( RCL 1995\ 997) -en adelante, ET-, en relación con los artículos 6.2 y 16.3 de la Ley 
14/1994 ( RCL 1994\ 1555) , por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. La cuestión 
debatida se centra en determinar si el tiempo en que la demandante prestó servicios para la empresa 
recurrente «Cableuropa, SA» mediante contrato de puesta a disposición celebrado con la empresa de 
trabajo temporal «Adecco ETT, SA», se debe computar a efectos del cálculo de la indemnización que 
le corresponde percibir como consecuencia de un reconocimiento o declaración de improcedencia del 
despido, cuando entre la finalización de aquel contrato de puesta a disposición y la celebración de 
uno nuevo con la empresa usuaria no hay prácticamente solución de continuidad al haber 
transcurrido tan solo cuatro días.  
2. El recurso no puede prosperar. En efecto, como ha precisado esta Sala de lo Social en reiteradas 
sentencias, como por ejemplo en la de 23-05-2002 (número 3328/2002), en relación con el tema de la 
antigüedad la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 1999 ( RJ 1999\ 4414) , seguida por 
otras posteriores como la de 29 de septiembre de 1999 (rec. 4936/1998) ( RJ 1999\ 7540) y la de 15 
de febrero de 2000 (rec. 2554/1999) ( RJ 2000\ 2040) señala que «el tiempo de servicio a que se 
refiere el artículo 56.1 a del ET ( RCL 1995\ 997) sobre la indemnización del despido improcedente 
debe computar todo el transcurso de la relación contractual de trabajo, siempre que no haya habido 
una solución de continuidad significativa en el desenvolvimiento de la misma. Tal situación de 
continuidad no se produce en la sucesión de contratos temporales cuando,..., entre uno y otro 
contrato media una interrupción breve, inferior al tiempo de caducidad de la acción de despido. 
Criterio seguido con anterioridad por el propio Tribunal Supremo en sentencias de 12 de noviembre 
de 1993 ( RJ 1993\ 8684) , 10 de abril de 1995 ( RJ 1995\ 3034) y 22 de junio de 1998 ( RJ 1998\ 
5785) , recaídas en procesos en los que se discutía la cuantificación del complemento de antigüedad. 
Pues bien, en el presente caso es un hecho no discutido que la trabajadora prestó sus servicios para 
la empresa «Cableuropa, SA», con la categoría profesional de Agente de Televenta, grupo 4, desde 
el 17 de julio de 2002 en que suscribió el contrato con «Adecco ETT, SA», hasta la fecha de su 
despido producido el 22 de julio de 2003, con apenas cuatro días de intervalo entre la fecha de 
finalización del contrato eventual firmado con la empresa de trabajo temporal y la suscripción del 
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contrato indefinido con la usuaria. Por tanto, y de acuerdo con la línea jurisprudencial expuesta, la 
indemnización derivada del reconocimiento de improcedencia del despido, debió abarcar «todo el 
transcurso de la relación contractual de trabajo», aunque un determinado período lo hubiera sido 
como consecuencia de un contrato de puesta a disposición. Esta interpretación también encuentra 
apoyo en el artículo 7.2 de la Ley 14/1994, de 1 de junio ( RJ 1994\ 1555) , en el que, al referirse a la 
duración del contrato de puesta de disposición, se establece que «si a la finalización del plazo de 
puesta a disposición el trabajador continuara prestando servicios para la empresa usuaria, se le 
considerará vinculado a la misma por un contrato indefinido». Y no se opone a ella ninguno de los 
preceptos citados por la empresa recurrente. Ni el artículo 6.2, en cuanto se señala en él los 
supuestos en que se podrán celebrar contratos de puesta a disposición, lo que en este pleito no ha 
sido objeto de discusión; ni el artículo 16.3, que establece el régimen de responsabilidades de la 
empresa usuaria respecto de las contraídas por la empresa de trabajo temporal, toda vez que en el 
presente caso no se demanda responsabilidad alguna a «Adecco ETT, SA», ni se cuestiona la 
regularidad de la inicial contratación. Razones que nos conducen a confirmar la sentencia de 
instancia que así lo entendió y a desestimar el recurso interpuesto contra ella.  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 LPL ( RCL 1995\ 1144, 1563) , se acuerda la 
pérdida de las consignaciones o, en su caso, el mantenimiento de los aseguramientos prestados 
hasta que se cumpla la sentencia o se resuelva la realización de los mismos, así como la pérdida de 
la cantidad objeto del depósito constituido para recurrir.  
FALLO 
Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto en nombre de la empresa «Cableuropa, SA», 
contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n° 10 de los de Valencia y su provincia, de 
fecha 23 de octubre de 2003, en virtud de demanda presentada a instancia de Doña Noemí; y, en 
consecuencia, confirmamos la sentencia recurrida. 
Se acuerda la pérdida de las consignaciones, así como la necesidad de que se mantengan los 
aseguramientos prestados hasta que se cumpla la sentencia o se resuelva, en su caso, la realización 
de los mismos, así como la pérdida de la cantidad objeto del depósito constituido para recurrir. 
Se condena a la parte recurrente a que abone al Letrado impugnante la cantidad de 200 euros. 
La presente Sentencia, que se notificará a las partes y al Ministerio Fiscal, no es firme; póngase 
certificación literal de la misma en el rollo que se archivará en este Tribunal y también en los autos, 
que se devolverán al Juzgado de procedencia tan pronto adquiera firmeza para su ejecución. 
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
PUBLICACIÓN.-La anterior Sentencia ha sido leída en audiencia pública por el/a Ilmo./a. Sr./a. 
Magistrado/a Ponente que en ella consta en el día de su fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe.  
 
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Nùmero 6 
 
JUR 2004\ 188797 
Sentencia Tribunal Superior de Justicia  Murcia núm. 637/2004 (Sala de lo Social, Sección 
1ª), de 31 mayo 
  
Jurisdicción: Social 
  
Recurso de Suplicación núm. 590/2004.  
  
Ponente: Ilmo. Sr. D. Manuel Abadía Vicente. 
  
INCAPACIDAD TEMPORAL: prestación económica: imputación de responsabilidades: del empresario: 
empresa de trabajo temporal: falta de afiliación o alta. 
  
  
  
Texto: 
  
T.S.J.MURCIA SALA SOCIAL 
MURCIA 
SENTENCIA: 00637/2004 
ROLLO Nº: RSU 590/200 
40129 
SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA 
En la ciudad de Murcia, a treinta y uno de mayo de dos mil cuatro. 
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Murcia formada 
por el Iltmo. Sr. Presidente D. FRANCISCO MARTÍNEZ MUÑOZ, y los Iltmos. Sres. Magistrados, D. 
JOSÉ LUIS ALONSO SAURA y D. MANUEL ABADÍA VICENTE ha pronunciado 
EN NOMBRE DEL REY 
la siguiente: 
SENTENCIA 
En el recurso de suplicación interpuesto por Murtratem, STT, SL, contra la sentencia del Juzgado de 
lo Social número 3 de Murcia, de fecha 30 de diciembre de 2003, dictada en proceso número 
947/2003, sobre Seguridad Social, y entablado por doña Marcelina frente a Murtratem, STT, SL, 
Ibermutuamur, San Cayetano SAT 2457, Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería 
General de la Seguridad Social. 
Actúa como Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. MANUEL ABADÍA VICENTE quien expresa el criterio 
de la Sala. 
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ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO.- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, 
cuya relación de hechos probados es la siguiente: ?1º) La actora doña Marcelina , suscribió el día 15-
4-02 contrato temporal en la modalidad de obra o servicio, con Murtratem, ETT, SL, dedicada a la 
puesta a disposición de trabajadores, en el que se hizo constar el Código Cuenta cotización NUM000 
(Régimen Agrario). El contrato tenía como causa la prestación de servicios en la empresa usuaria 
San Cayetano, SAT número 2457, en labores consistentes en manipulado de lechuga y brócoli 
procedentes de la finca de esta empresa, según contrato de puesta a disposición 465/02, con 
categoría Nivel I prestando servicios como Peón Manipulador, con salario mensual de 728,42 euros 
con prorrata de pagas extras, iniciando su actividad en esa misma fecha. 2º) Con fecha 24-5-02 la 
actora fue despedida por la empresa demandada Murtratem, ETT, SL, interponiendo demanda por 
despido que fue turnada al Juzgado de lo Social número 6 de Murcia, que dictó sentencia el 19-7-02 
estimando la demanda por despido improcedente condenando a la empresa. La notificación de la 
sentencia se produjo el 1-8-02. 3º) El día 27-6-02 la actora inició proceso de incapacidad temporal, sin 
que la empresa contratante en esa fecha la tuviese dada de alta ni tampoco con anterioridad a esa 
fecha, ni el Régimen Especial Agrario ni en el Régimen General. Con anterioridad a esa fecha la 
actora había acudido a los servicios médicos de la Seguridad Social por dolor y edema en pie 
derecho, en fecha 18-4-02, el 31-5-02, 1-6-02 y fue dada de baja médica en la cita fecha de 27-6-02 
por contingencia común y con diagnóstico de Tendinitis Aquilea. 4º) La empresa Murtratem ETT SL, 
tiene los siguientes códigos de cuenta de cotización: -30/1027.856-93: Régimen General. En esta 
patronal tiene cubiertas las contingencias por accidente de trabajo y enfermedad profesional, y la 
incapacidad temporal por contingencias comunes con Ibermutuamur, con fecha opción 1-7-02. -
30/1.040.615-39: Régimen General. En esta patronal tiene cubiertas las contingencias por accidente 
de trabajo y enfermedad profesional, y la incapacidad temporal por contingencias comunes con 
Ibermutuamur, con fecha opción 1-7-02. - 30/106491703: Régimen General. En esta patronal tiene 
cubiertas la contingencia por accidente de trabajo y enfermedad profesional, y la incapacidad 
temporal por contingencias comunes con Ibermutuamur, con fecha opción 1-7-02. -30/103321419: 
Régimen Especial Agrario en la actividad de cultivo de cereales y otros cultivos. En esta patronal la 
fecha de alta del primer trabajador es de 1-11-02. En esta Patronal tiene cubiertas las contingencias 
por accidente de trabajo y enfermedad profesional, con Ibermutuamur, pero no cubre la incapacidad 
temporal por contingencias comunes. La actora no consta en situación de alta ni a la fecha de inicio 
de la actividad ni a la fecha de inicio de incapacidad temporal, ni con posterioridad a la sentencia por 
despido. 5º) La base reguladora diaria de la prestación por incapacidad temporal es de 728,42 euros 
mensuales y 24,04 euros diarios. 6º) La actora solicitó el 6-8-02 se determinase el carácter 
profesional de la contingencia causante del proceso de incapacidad temporal iniciado el 27-6-02, y 
recayó resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social el 10-3-03 declarando que la 
contingencia derivada de enfermedad común. También solicitó el 12-8-02 del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social el abono directo de la prestación de incapacidad temporal, siéndole denegado el 
pago por no constar en situación de alta ni asimilada al alta en la fecha del hecho causante, y por 
considerar que según la normativa del Régimen Especial Agrario la actora no tenía derecho al no 
encontrarse prestando servicios a la fecha en que se inició la incapacidad temporal. Ha quedado 
agotada la Vía Administrativa previa. 7º) La actora ha trabajado para distintas empresas desde el año 
1996, constando encuadrada y de alta siempre en el Régimen General?; y el fallo fue del tenor literal 
siguiente: ?Estimando parcialmente la demanda formulada por doña Marcelina , contra Murtratem, 
ETT, SL, San Cayetano SAT número 2457, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería 
General de la Seguridad Social, e Ibermutuamur, debo declarar y declaro haber lugar parcialmente a 
la misma, y en consecuencia, declarando el derecho de la actora al percibo de su correspondiente 
subsidio de incapacidad temporal iniciada el 26-6-02, sobre la base reguladora reglamentaria, declaro 
la responsabilidad directa de la empresa demandada Murtratem ETT, SL. Y la responsabilidad 
subsidiaria de San Cayetano, SAT en el pago de las prestaciones correspondientes, condenando a la 
misma al abono a la actora del subsidio por incapacidad temporal desde el día 2-8-02 sobre una base 
reguladora mensual de 728,42 euros, hasta que se produzca el alta médica, absolviendo a los 
restantes demandados al pago de dichas prestaciones?. 
SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por el letrado don Juan 
Manuel Díaz Hernández, en representación de la parte demandada, Murtratem, ETT, SL, con 
impugnación de contrario, presentada por la letrada doña María Josefa Iborra Moreno, quien dirige a 
la mutua demandada, e igualmente con impugnación presentada por el letrado don Melquíades 
Gálvez Nicolás, quien dirige a la actora. 
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  45 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
FUNDAMENTO PRIMERO.- Frente a Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de 
Murcia, que estimó parcialmente la demanda formulada por la actora, declarando el derecho de la 
misma al percibo del subsidio de incapacidad temporal iniciada el 26 de junio de 2002, declarando la 
responsabilidad directa de la empresa Murtratem ETT, y la responsabilidad subsidiaria de San 
Cayetano SAT en el pago de la prestación correspondiente, interpone recurso de suplicación 
Murtratem ETT pidiendo en el primero de los motivos la revisión de los hechos declarados probados y 
el segundo denuncia infracción del artículo 35 del RD 84/96 en relación con el artículo 22 y el Decreto 
3772/1972. 
FUNDAMENTO SEGUNDO.- El primero de los motivos del recurso que, bajo cobertura procesal del 
apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, solicita la revisión de los hechos 
probados que no puede prosperar porque no alteraría el sentido del fallo, dado que figura como 
hecho probado de la sentencia no combatido que la actora en la fecha de inicio del proceso de 
incapacidad temporal no estaba dada de alta en el Régimen General por lo que de conformidad con 
el artículo 124 de la vigente Ley General de la Seguridad Social de 20 de junio de 1994, y los 
artículos 94.1.a) 95 y 96 de la Ley de Bases de la Seguridad Social de 21 de abril de 1966, que ante 
la falta de desarrollo reglamentario del artículo 126 de la actual Ley General de la Seguridad Social 
están en vigor, la responsabilidad directa ante la falta de afiliación o alta le corresponde al empresario 
infractor que es la empresa demandada Murtrate ETT, SL, pues de conformidad con el artículo 12.1 y 
16.3 de la Ley 14/1994 de 1 de junio, reguladora de las empresas de trabajo temporal, le corresponde 
a la empresa de trabajo temporal el cumplimiento de las obligaciones salariales y de Seguridad Social 
en relación con los trabajadores contratados para ser puestos a disposición de la empresa usuaria, 
respondiendo esta última subsidiariamente de las obligaciones salariales y de Seguridad Social, 
decretando el artículo 32.3 del Real Decreto 84/1996 de 26 de Enero que aprueba el Reglamento 
General sobre inscripción de empresas y afiliación y altas que las solicitudes de alta deberán 
presentarse por los sujetos obligados con carácter previo al comienzo de la prestación de servicios 
por el trabajador; por lo que figurando como hecho probado no combatido que la demandante nunca 
fue dada de alta en el Régimen General, ello es un supuesto claro de responsabilidad empresarial 
acorde a lo preceptuado en las normas anteriormente citadas, sin que en modo alguno infrinja la 
sentencia el artículo 35 del Real Decreto 84/96 y menos el Decreto 3772/1972 que se refiere al 
Régimen Especial Agrario y no al Régimen General, pues la juzgadora a quo ha aplicado la 
consecuencia jurídica que los preceptos prevén en caso de no haber dado de alta al trabajador, por lo 
que al ser ajustada a derecho la sentencia debe ser confirmada, siendo rechazado el recurso, sin que 
tenga nada que ver la situación actualmente enjuiciada con la contemplada en la sentencia de esta 
Sala de lo Social de 19 de mayo de 1999, que no es aplicable. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley de Procedimiento Laboral, y resultando 
vencida la parte recurrente en las presentes actuaciones, se impone la condena en costas, incluidos 
los honorarios de los Letrados impugnantes, y que esta Sala cifra, prudencialmente, en la cantidad de 
180,30 euros para cada uno. 
F A L L O 
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Social de este Tribunal, por la autoridad que le confiere 
la Constitución, ha decidido: 
Desestimar el recurso de suplicación interpuesto por Murtratem, STT, SL frente a la sentencia dictada 
por el Juzgado de lo Social número 3 de Murcia, de fecha 30 de diciembre de 2003, en virtud de 
demanda interpuesta por doña Marcelina contra Murtratem, STT, SL, Ibermutuamur, San Cayetano 
SAT 2457, Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, en 
reclamación de Seguridad Social y confirmar, como confirmamos, el pronunciamiento de instancia. 
Se condena en costas a la parte recurrente, incluidos los honorarios de los Letrados impugnantes, 
que esta Sala cifra, prudencialmente, en la cantidad de 180,30 euros para cada uno. 
Dese a los depósitos, si los hubiera, el destino legal. 
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia. 
ADVERTENCIAS LEGALES 
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  46 
Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado 
dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su 
notificación. 
Además, si el recurrente hubiera sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el 
recurso, el justificante de haber ingreso en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el 
BANESTO, cuenta número: 3104.000.66.0590.04, a nombre de esta Sala el importe de la condena, o 
bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. 
Si la condena consistiese en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso 
de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por 
éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala. 
El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la Secretaría de la Sala de lo Social 
del Tribunal Supremo, al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300,51 euros 
en la entidad de crédito BANESTO c/c. 2410-4043-00-0590-04 Madrid, Sala Social del Tribunal 
Supremo. 
Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan 
expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigase en razón a su condición de 
trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), 
aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una 
prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar 
certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente 
mientras dure su tramitación. 
Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el 
oportuno cumplimiento. 
Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. 
Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe. 
DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy 
fe. 
 
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  47 
Nùmero 7 
 
RJ 2004\ 3665 
Sentencia Tribunal Supremo  (Sala de lo Social), de 27 abril 2004 
  
Jurisdicción: Social 
  
Recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 2133/2003.  
  
Ponente: Excmo. Sr. D. Jesús Gullón Rodríguez. 
  
LEGITIMACION ACTIVA: falta de: empresas de trabajo temporal: Comité de Empresa de la usuaria: 
trabajadores en misión: alcance de la representatividad. 
  
El TS desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina (núm. 2133/2003) interpuesto por 
el Comité de Empresa de «Nestle España, SA» en Gerona contra la Sentencia de fecha 11-02-2003, del 
TSJ de Cataluña, dictada en autos promovidos por el recurrente contra la referida sociedad, sobre conflicto 
colectivo. 
  
  
Texto: 
  
En la Villa de Madrid, a veintisiete de abril de dos mil cuatro. 
Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación para la 
unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Enrique Lillo Pérez, en nombre y representación 
de D. Agustín, DIRECCION000 del Comite de Empresa de Nestlé España, SA en Gerona, contra la 
sentencia de 11 de febrero de 2003 ( AS 2003\ 1937) dictada por la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña en el recurso de suplicación núm. 5537/2002, interpuesto frente a la 
sentencia de 13 de febrero de 2002 dictada en autos 516/2001 por el Juzgado de lo Social núm. 2 de 
Gerona seguidos a instancia de D. Agustín, contra Nestlé España, SA, Eurofirms ETT, SL, Adecco 
ETT, SA y Vedior Laborman ETT, SA, sobre Conflicto Colectivo.  
Han comparecido ante esta Sala en concepto de parte recurrida, Vedior Laborman, ETT, SA 
representada por el Letrado D. Francisco Rodríguez Cazorla, Nestlé España, SA representada por el 
Procurador D. Jorge Deleito García y ADECCO T.T., SA representada por el Letrado D. Isidro Raurell 
Botella. 
ANTECEDENTES DE HECHO 
Con fecha 13 de febrero de 2002, el Juzgado de lo Social núm. 2 de Gerona, dictó sentencia cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «Acojo las excepciones de falta de legitimación activa y 
pasiva expuestas en los fundamentos de derecho 3 y 4, los cuales llevan inherente la solución, estimo 
parcialmente la demanda interpuesta por Agustín contra Nestlé España, SA y condeno la empresa a 
computar, a efectos del art. 48 bis del convenio colectivo de empresa, las horas teóricas y ausencias 
de los trabajadores de ETT que presten servicios a la empresa a primeros de mes». 
En la anterior sentencia se declararon probados los siguientes hechos: 
«I.-El Comité de Empresa de Nestlé España SA formuló solicitud a la empresa para que el art. 48 bis 
del Convenio Colectivo de empresa fuese abonado a los trabajadores de ETT de igual forma que se 
abona a los de la plantilla, y para que a la fórmula de cálculo se incluyeran las horas -teóricas y no 
trabajadas- de los trabajadores de ETT. 
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  48 
II.-No aceptada la pretensión, se formuló papeleta de conciliación en fecha 29-5-01, y se llevó a 
término el acto el día 08-06-01 con el resultado de ?Sin Avenencia?. 
III.-La parte actora ha formulado igual pretensión respecto a las ETT siguientes, Eurofirms ETT SL, 
Adecco ETT SA y Vedior Laborman ETT SA, y el resultado ha sido desfavorable. 
IV.El arte. 48 bis del Convenio Colectivo de empresa dispone: ?INCENTIVO PARA LA REDUCCION 
DEL ABSENTISMO?. 1) Si el absentismo global por todos los conceptos de enfermedad, accidentes 
de trabajo, maternidad, lactancia, licencias retribuidas, permisos sin retribuir, retrasos y ausencias no 
justificadas, es reducido a los porcentajes que se detallan a continuación, el personal obrero de la 
fábrica y el empleado hasta el nivel 11 percibirá las cantidades que se relacionan a continuación: Si el 
índice de absentismo de cada mes, no sobrepasa el 5?5% la cantidad de 328 ptas. por día 
efectivamente trabajado durante dicho mes.-¡ Si el índice de absentismo de cada mes, no sobrepasa 
el 4?5%, la cantidad de 492 ptas. por día efectivamente trabajado durante dicho mes. Si el índice de 
absentismo de cada mes, no sobrepasa el 4%, la cantidad de 655 ptas. por día efectivamente 
trabajado durante dicho mes. Si el índice de absentismo de cada mes, no sobrepasa el 3?5%, la 
cantidad de 820 ptas. por día efectivamente trabajado durante dicho mes. Si el índice de absentismo 
de cada mes, no sobrepasa el 3%, la cantidad de 984. por día efectivamente trabajado durante dicho 
mes. 2) Para la determinación de estos índices de absentismo, se tendrán en cuenta la totalidad de 
las ausencias que se produzcan por los conceptos antes expresados, por lo que también se 
computarán en ellos los ausencias que excluye el segundo párrafo, de la letra d, del artículo 52, del 
Estatuto de lo trabajadores ( RCL 1995\ 997) . 3) A estos efectos, se computarán como días 
efectivamente trabajadores 21 días cada mes, (en los cuales quedan prorrateadas las vacaciones y 
los días de regularización de jornada). 4) Para determinar los días efectivamente trabajados en los 
meses en que se hubieran producido ausencias por cualquier causa, se descontarán del citado 
número de 21 días los días laborables de ausencia, según el calendario individual correspondiente. 5) 
No tendrá derecho a percibir ninguna cantidad el que estuviera ausente el mes entero. 6) Los días 
laborables de vacaciones según el calendario individual correspondiente tendrá también, a estos 
efectos, la consideración de días efectivamente trabajados?.  
V.-La empresa Vedior Labormar ETT SA dejó de aportar trabajadores a la empresa Nestlé España 
SA en noviembre del año 2000». 
Posteriormente, con fecha 11 de febrero de 2003 ( AS 2003\ 1937) , la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: 
«Que, desestimando el recurso de suplicación interpuesto por el Comité de Empresa de la entidad 
Nestlé España, SA y, estimando el de Nestlé España, SA contra la sentencia del Juzgado de lo Social 
núm. 2 de los de Girona, dictada el 13 de febrero de 2002 en los autos núm. 516/01, seguidos a 
instancia del Comite de Empresa de Nestlé España, SA, y en los que también han sido parte 
ADECCO TT, Empresa de Trabajo Temporal, Eurofirms ETT, SL y Vedior Laborman ETT, SA 
debemos revocar y revocamos a la sentencia y, desestimando la demanda inicial, debemos absolver 
y absolvemos íntegramente a la empresa de los pedimentos de la misma, debiendo procederse a 
devolver el depósito dado para recurrir».  
Contra la sentencia dictada en suplicación, se formalizó, por la representación procesal de D. Agustín, 
DIRECCION000 del Comité de Empresa de Nestlé España, SA en Gerona el presente recurso de 
casación para la unificación de doctrina, que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal 
Supremo, el día 7 de abril de 2003, alegando la contradicción existente entre la sentencia recurrida ( 
AS 2003\ 1937) y la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 
fecha 18 de abril de 2001 ( PROV 2001\ 188501) .  
Por providencia de esta Sala de 29 de septiembre de 2003, se admitió a trámite el presente recurso, 
dándose traslado del mismo a la parte recurrida para que formalizara su impugnación en el plazo de 
diez días. 
Evacuado el trámite de impugnación, se dio traslado al Ministerio Fiscal para informe, dictaminado en 
el sentido de considerar el recurso procedente, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se 
declararon conclusos los autos, señalándose para la votación y fallo el 20 de abril de 2004, fecha en 
que tuvo lugar. 
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  49 
Por el Comité de Empresa de Nestlé España, SA, Fábrica de Girona, se planteó demanda de conflicto 
colectivo en la que se formulaban dos pretensiones. La primera se refería al reconocimiento del 
derecho de los trabajadores de las empresas de trabajo temporal que prestan servicios en la empresa 
usuaria Nestlé a percibir el incentivo para la reducción del absentismo previsto en el artículo 48 bis 
del convenio colectivo de ésta empresa. La segunda postulaba que se computaran a efectos del 
cálculo del importe del incentivo las horas teóricas correspondientes a estos trabajadores. 
El referido artículo 48 bis del convenio colectivo de Nestlé España, SA, Fábrica de Girona, transcrito 
en los antecedentes de hecho de esta resolución, contiene un sistema de incentivo para la reducción 
del absentismo de manera que si el global de la empresa se ve reducido a los porcentajes que en el 
mismo se indican, se percibe por el personal obrero de la fábrica y el empleado hasta el nivel 11 una 
cantidad variable en función de dicho porcentaje, que oscila entre 328 ptas. por día trabajado si el 
absentismo en el mes no supera el 5.5%, hasta 984 ptas. cuando la cifra es del 3%. Para el cálculo 
de tales porcentajes, la empresa usuaria no tiene en cuenta las horas realizadas por los trabajadores 
en misión de las empresas de trabajo temporal. 
El Juzgado de lo Social número 2 de los de Girona, resolvió el conflicto en sentencia de 13 de febrero 
de 2002 en la que se estimó parcialmente la demanda, condenando únicamente a la empresa Nestlé, 
SA a computar las horas teóricas y las ausencias de los trabajadores de las empresas de trabajo 
temporal que presten servicios en ella a primeros de mes, a los efectos del cálculo del incentivo para 
la reducción del absentismo. Con ello, se absolvía a las tres empresas de trabajo temporal también 
demandadas y se acogía la excepción de falta de legitimación activa del Comité de Empresa para el 
ejercicio de la primera de las pretensiones formuladas en la demanda, relativa al derecho de los 
trabajadores de ETT a percibir el incentivo. 
Recurrida la sentencia de instancia en suplicación tanto por el Comité demandante como por la 
empresa Nestlé, SA, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en sentencia 
de 11 de febrero de 2003 ( AS 2003\ 1937) desestimó el recurso del demandante y estimó el de la 
empresa, rechazando finalmente de manera íntegra la demanda. Para ello, la Sala de suplicación 
afirma en primer lugar, aplicando el artículo 17 de la Ley 14/1994, de 1 de junio ( RCL 1994\ 1555) , 
por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, que el Comité de Empresa de Nestlé, SA 
carece de legitimación activa para formular demanda de conflicto colectivo en la que se contengan, 
como en este caso, pretensiones de naturaleza retributiva o salarial en favor de los trabajadores en 
misión y frente a la empresa usuaria, que no viene obligada al pago del salario. Por tanto, la 
sentencia de suplicación no hizo pronunciamiento alguno sobre de fondo sobre la existencia del 
derecho de los trabajadores de ETT al pago del discutido devengo.  
En segundo término, para estimar el recurso de la empresa, la Sala de lo Social de Cataluña razonó 
que la interpretación del artículo 48 bis del convenio conducía a entender que éste únicamente se 
refiere a los trabajadores de la empresa Nestlé, de manera que sólo es posible atender -se dice 
literalmente en aquélla- a las horas teóricas trabajadas por quienes se encuentras incluidos en el 
mismo, puesto que es respecto de ellos de quienes se pretende reducir las ausencias. Con ello, se 
rechazaba la segunda de las pretensiones de la demanda de conflicto colectivo. 
Recurre ahora el Comité de Empresa demandante en casación para la unificación de doctrina 
construyendo el recurso sobre dos motivos. En el primero de ellos se denuncia como infringido el 
artículo 17 de la Ley 14/1994 ( RCL 1994\ 1555) , en relación con la legitimación activa del 
demandante para promover conflicto colectivo frente a la empresa usuaria Nestlé, SA, en cuyo centro 
o fábrica de Girona dicho Comité tiene legalmente atribuida la representación unitaria de los 
trabajadores. En el segundo, se denuncia la infracción del artículo 11 de dicha norma, en redacción 
dada por la Ley 29/1999 ( RCL 1999\ 1898) , para que se retribuya con la prima de absentismo 
también a los trabajadores en misión de las empresas de trabajo temporal.  
Para ambos motivos, se invoca como sentencia contradictoria la dictada por la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 18 de abril de 2001 ( PROV 2001\ 188501) , que es 
firme, según se desprende de la diligencia extendida por la Secretaria de esta Sala en fecha 8 de 
mayo de 2003. Sentencia que, por otra parte, se tuvo como de contraste también en el recurso 
8/70/2002, que finalizó con sentencia de esta Sala de 25 de septiembre de 2002. En dicha sentencia 
de contraste se resuelve por la Sala de Madrid sobre la demanda también de conflicto colectivo 
formulada por el Comité de empresa de Teka Industrial, SA, centro de trabajo en Alcalá de Henares 
(Madrid), en el que en 14 de abril de 1999 los representantes de la empresa y de los trabajadores en 
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  50 
ese centro suscribieron un Acuerdo por el que regulaban la jornada de trabajo, el horario, las 
vacaciones, licencias retribuidas, visitas a especialistas médicos y al médico de cabecera, los 
permisos oficiales y las licencias no retribuidas, los salarios y revisiones, el plus de productividad, la 
carencia de incentivo, el plus transporte, la prima de asistencia, la actividad de tablas salariales, las 
horas estructurales, las prendas de trabajo, el complemento por IT, el seguro de vida, la jubilación, la 
adquisición de productos de la empresa, los derechos y garantías sindicales, y la adaptación al euro. 
Este Acuerdo fue firmado por los cinco integrantes del Comité de la Empresa. Por otra parte, Teka 
Industrial, SA tenía suscritos distintos contratos de puesta a disposición con una empresa de trabajo 
temporal, a cuyos trabajadores en misión puestos a disposición de la empresa usuaria, la empresa de 
trabajo temporal aplicaba las condiciones salariales establecidas en el convenio colectivo de la 
Industria Siderometalúrgica de la Comunidad de Madrid y no el anterior Acuerdo. Tras la entrada en 
vigor de la Ley 29/1999, de 16 de julio, que modificó la Ley 14/1994, de 1 de junio, la empresa de 
trabajo temporal abonó a esos trabajadores durante dos o tres meses el salario fijado en dicho 
Acuerdo, pero luego dejó de hacerlo y volvió a aplicar el anterior Convenio del metal. En la demanda 
interpuesta por el referido Comité de Empresa se pedía una remuneración igual para los trabajadores 
de las empresas de trabajo temporal en misión, de forma que se les aplicase también el Acuerdo 
Colectivo de abril de 1999 en su integridad. La sentencia de instancia estimó la demanda y reconoció 
el derecho postulado, condenando a las empresas demandadas, la de trabajo temporal y la usuaria, a 
estar y pasar por tal reconocimiento. La sentencia de la Sala de Madrid invocada de contraste y que 
ahora se analiza, examinó en primer término la legitimación activa del Comité demandante, a la luz 
del artículo 14 de la Ley 14/1994, llegando a la conclusión de que sí la tenía para interponer la 
demanda de conflicto colectivo, pues no cabe -se dice en ella- una interpretación restrictiva del 
precepto que impida que éste cumpla su finalidad de «... dar, mientras dura la relación de trabajo en 
la usuaria, el mismo régimen de cobertura y defensa a los misionados que a quienes prestan 
normalmente su trabajo en dicha empresa usuaria...». Partiendo de esa afirmación, se rechazaban 
después los recursos de las empresas usuaria y de trabajo temporal por estimar que el referido 
precepto obligaba a retribuir de igual manera y con el mismo instrumento regulador de las relaciones 
de trabajo de la empresa principal, sea convenio estatutario o no, a los trabajadores en misión de la 
empresa de trabajo temporal.  
De la descripción del contenido de la sentencia de contraste se desprende que, efectivamente, en ella 
se resuelve, en lo que se refiere al primer motivo del recurso -la legitimación activa del Comité 
demandante- una situación en la que los hechos, los fundamentos y las pretensiones son 
sustancialmente iguales a los de la sentencia de contraste, como exige el artículo 217 de la Ley de 
Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144 y 1563) para la viabilidad del recurso de casación para la 
unificación de doctrina, pese a lo cual se resuelve la controversia de forma contradictoria, pues 
mientras la sentencia recurrida niega legitimación el Comité demandante, la de contraste entiende 
justamente lo contrario. Procede por tanto que la Sala entre a conocer de la cuestión suscitada 
señalando la doctrina que sea ajustada a derecho, advirtiendo que en caso de que se acogiera la 
doctrina de la sentencia recurrida como correcta, esto es, si se estimase que el Comité de Empresa 
recurrente tiene legitimación para interponer la demanda de conflicto colectivo que dio origen a estas 
actuaciones, no podría hacerse pronunciamiento de fondo sobre el problema retributivo a que se 
refiere la primera de las pretensiones del conflicto ya que se deberían retrotraer las actuaciones al 
momento de dictarse la sentencia de instancia para que el Juzgado se pronunciase sobre el fondo de 
esa cuestión planteada.  
En cuanto al segundo de los motivos planteados, debe decirse que entre los hechos, los fundamentos 
y las pretensiones que sirvieron de base a los pronunciamientos que se comparan se llega a la 
conclusión de que entre ellos no existe la identidad sustancial que se pretende por los recurrentes. 
Mientras en la sentencia recurrida se trataba de conocer el alcance y composición de las horas, 
jornadas y ausencias computables parta el cálculo del incentivo relacionado con el porcentaje de 
absentismo, con las peculiaridades que se desprenden de su propia regulación en el artículo 48 bis 
del Convenio de la empresa, en la de contraste nada de eso se discute, sino simplemente si el bloque 
convenido o el sistema de remuneración en bloque, de forma genérica o global, era aplicable a los 
trabajadores de la empresa de trabajo temporal o no. Por ello, tal y como propone el Ministerio Fiscal 
y postulan en sus escritos de impugnación del recurso las empresas demandadas, se ha rechazar el 
motivo que ahora se analiza -el segundo- por falta de la identidad sustancial de los supuestos sobre 
los que se pronuncian las resoluciones comparadas, tal y como se desprende del citado artículo 217 
de la LPL. 
La única cuestión que ha de resolverse entonces en este recurso es la descrita anteriormente sobre 
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  51 
la posibilidad jurídica de que el Comité de Empresa demandante formule con plena legitimación una 
demanda de conflicto colectivo en la que se pretenda que la empresa usuaria asuma determinadas 
condiciones retributivas de los trabajadores en misión de las empresas de trabajo temporal que 
prestan servicios en ella y al respecto debe decirse que la doctrina ajustada a derecho se contiene en 
la sentencia recurrida ( AS 2003\ 1937) .  
El artículo 17.1, párrafo segundo, de la Ley 14/1994, de 1 de junio ( RCL 1994\ 1555) , por la que se 
regulan las empresas de trabajo temporal y que el recurrente denuncia como infringido, contempla las 
posibilidades de actuación de los representantes de los trabajadores de la empresa usuaria, y dice 
que «... tendrán atribuida la representación de los trabajadores en misión, mientras ésta dure a 
efectos de formular cualquier reclamación en relación con las condiciones de ejecución de la actividad 
laboral, en todo aquello que atañe a la prestación de sus servicios en éstas, sin que ello pueda 
suponer una ampliación del crédito de horas mensuales retribuidas a que tengan derecho dichos 
representantes, conforme a lo dispuesto en el apartado e) art. 68 Estatuto de los Trabajadores ( RCL 
1995\ 997) ».  
De la redacción del precepto se infiere con claridad que los representantes de los trabajadores en la 
empresa usuaria tienen atribuida la de los trabajadores en misión únicamente en lo que a las 
condiciones de ejecución de la actividad laboral se refiere, pero no en aquellas reclamaciones que 
hayan de formular frente a la empresa de la que dependen, como son las referidas al sistema 
retributivo, pues no cabe ignorar que la relación de trabajo se sostiene únicamente entre la empresa 
de trabajo temporal y sus trabajadores puestos a disposición, siendo obligación de ésta, tal y como se 
desprende del artículo 12.1 de la norma citada, el cumplimiento de las obligaciones en materia 
salarial, aunque su cuantía haya de alcanzar, como mínimo, la retribución total establecida para el 
puesto de trabajo a desarrollar en el convenio colectivo aplicable a la empresa usuaria (artículo 11.1 
de la Ley en redacción dada, como es sabido, por la Ley 29/1999 [ RCL 1999\ 1898] ), tenga 
naturaleza estatutaria o extraestatutaria, como ha dicho esta Sala en su sentencia antes citada de 25 
de septiembre de 2002 (recurso 8/70/2002), y también con independencia de que exista una 
responsabilidad normalmente subsidiaria (solidaria si el contrato se realiza incumpliendo lo dispuesto 
en los artículos 6 y 8 de la Ley) respecto de las obligaciones salariales y de Seguridad Social 
contraídas con el trabajador durante la vigencia del contrato de puesta a disposición (artículo 16).  
Por otra parte, como acertadamente recuerda la sentencia recurrida, el artículo 17 de la Ley se 
incardina en el Capítulo IV de la repetida norma, que regula la relación del trabajador de empresa 
temporal con la empresa usuaria, razón por la que es preciso poner en conexión el artículo 16, que 
contiene la descripción de las obligaciones de la empresa usuaria, para conocer el alcance de la 
expresión legal «condiciones de ejecución de la actividad laboral», no pudiendo vincularse éstas al 
percibo de las retribuciones que, como se ha visto, es responsabilidad única de la titular de la relación 
de trabajo, esto es, la empresa de trabajo temporal, ya que la posición de la empresa usuaria no 
viene dada mediante un vínculo directo con el trabajador en misión, sino a través del contrato de 
puesta a disposición que celebra aquélla con la empresa de trabajo temporal (artículo 6 de la Ley) y 
por medio del que se produce la cesión del trabajador para la prestación de servicios y su vinculación 
al poder de dirección y control de la empresa usuaria (artículo 15). 
La sentencia recurrida por tanto aplicó el artículo 17 de la Ley 14/1994 de manera adecuada, por lo 
que ninguna infracción cometió a la hora de confirmar la decisión de instancia que negó legitimación 
activa al Comité de la empresa Nestlé, SA, Fábrica de Girona, para sostener la repetida pretensión, 
solución que, por otra parte y como se argumenta acertadamente por la recurrida usuaria, se fortalece 
con lo dispuesto en el último párrafo del número 1 del referido precepto cuando excluye la aplicación 
de los dos primeros párrafos «... a las reclamaciones del trabajador respecto de la empresa de trabajo 
temporal de la cual depende». 
En conclusión, procede desestimar también este motivo del recurso de casación para la unificación 
de doctrina planteado, lo que determina a su vez, tal y como se razonó en el Fundamento Jurídico 
segundo de esta sentencia, la desestimación íntegra del recurso, oído el Ministerio Fiscal, sin que 
haya lugar a realizar pronunciamiento alguno sobre costas en este procedimiento, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 233 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144 y 1563) .  
Por lo expuesto, en nombre de SM El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español. 
FALLAMOS 
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  52 
Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Comite de 
Empresa de Nestlé España, SA en Gerona, contra la sentencia de 11 de febrero de 2003 ( AS 2003\ 
1937) dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso de 
suplicación núm. 5537/2002, interpuesto frente a la sentencia de 13 de febrero de 2002 dictada en 
autos 516/2001 por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Gerona seguidos a instancia de D. Agustín, 
contra Nestlé España, SA Eurofirms ETT, SL, Adecco ETT, SA y Vedior Laborman ETT, SA, sobre 
Conflicto Colectivo.  
Devuélvanse las actuaciones al Órgano Jurisdiccional correspondiente, con la certificación y 
comunicación de esta resolución. 
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.  
PUBLICACIÓN.-En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. 
Sr. Magistrado D. Jesús Gullón Rodríguez hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo 
Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.  
 
 
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Nùmero 8 
 
AS 2004\ 1321 
Sentencia Tribunal Superior de Justicia  Baleares núm. 187/2004 (Sala de lo Social, Sección 
1ª), de 22 marzo 
  
Jurisdicción: Social 
  
Recurso de Suplicación núm. 77/2004.  
  
Ponente: Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Muñoz Jiménez. 
  
CONTRATO DE TRABAJO: período de prueba: validez: trabajos prestados con anterioridad en la misma 
empresa a través de ETT pero con distintas funciones; resolución de la relación laboral: desistimiento 
empresarial: comunicación verbal: eficacia. 
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL: contrato de trabajo temporal: para obra o servicio determinado: 
extinción: mutuo acuerdo: resolución anticipada para integrarse como fijo en la plantilla de la empresa 
usuaria. 
  
El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por la parte actora contra Sentencia del Juzgado 
de lo Social núm. 3 de Palma de Mallorca, de fecha 10-10-2003, en autos promovidos sobre despido. 
  
  
Texto: 
  
En Palma de Mallorca, a veintidós de marzo de dos mil cuatro. 
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, formada por los Ilmos. 
Sres. Magistrados que constan al margen, ha pronunciado 
EN NOMBRE DE SM EL REY 
la siguiente 
SENTENCIA NÚM. 187/04 
En el Recurso de Suplicación núm. 77/2004, formalizado por el Sr. Letrado D. Marc González 
Sabater, en nombre y representación de D. Cornelio, contra la sentencia de fecha diez de octubre de 
dos mil tres, dictada por el Juzgado de lo Social núm. Tres de los de Palma en sus autos demanda 
número 364/2003, seguidos a instancia del citado recurrente frente a Endesa Distribución Eléctrica, 
SL, representado por el Letrado D. Antonio Serra Mena y frente a Flexiplan, SA, representado por el 
Letrado D. José A. Ruiz Jiménez, en reclamación por despido, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. 
D. Fco J. Muñoz Jiménez, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes 
ANTECEDENTES DE HECHO 
La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación 
de hechos probados es la siguiente: 
I.-El actor Cornelio celebró en fecha 6.05.02 un contrato de trabajo por obra o servicio determinado 
con la Empresa de Trabajo Temporal Flexiplan, SA, en virtud de un contrato de puesta a disposición 
suscrito entre ésta última y Endesa Distribución Eléctrica, SLU. cuya causa fue «obra o servicio 
determinado hasta que quede definida la estructura organizativa de operación distribución 
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consecuencia de la reestructuración que se debe aplicar en la empresa». El centro de trabajo era el 
de Marratxí de Son Ametler ... (centro de gestión de la red eléctrica). La Categoría profesional fue 
para este contrato la de Técnico de Operación (titulado grado medio). Mientras se hallaba prestando 
estos servicios (en fecha 19.12.02 finalizó el contrato temporal que tenía suscrito con Flexiplan), 
surgió una vacante en la empresa Endesa en el puesto de trabajo denominado Técnico de 
Planificación y análisis, en el Departamento de Planificación y calidad de la red, plaza a la que opta el 
actor siendo seleccionado para la misma estableciendose un período de prueba de seis meses y 
suscribiendo un contrato indefinido con Endesa de fecha 23.12.02, la categoría profesional de 
Técnico de Planificación (grupo 2) y un salario de 2.205,82 mensuales incluida la prorrata de pagas 
extras. 
II.-El día 23.12.02 el actor se reincorporó al puesto de trabajo que había desempeñado desde mayo 
hasta el 19 de diciembre en el departamento de Operaciones y ello hasta la primera semana de 
marzo de 2003 al haberse incorporado cinco técnicos a los que contribuía la primera semana de 
marzo de 2003 al haberse incorporado cinco técnicos a los que contribuía a formar, 
compatibilizándolo algunos días con la formación para su nuevo puesto de trabajo. Desde ese 
momento se incorporó al centro de trabajo de la Calle Joan Maragall de Palma en el Departamento de 
planificación y control como Técnico de Planificación. El día 22 de mayo el Director del Departamento 
y el responsable directo del actor le comunican verbalmente que no había superado el período de 
prueba y que la empresa prescindía de sus servicios con efectos del 31 de mayo de 2003. El Sr. 
Cornelio impugna dicha decisión en fecha 6 de junio de 2003. El día 6.06.03 se le notifica escrito de la 
empresa comunicándole su no superación del período de prueba. 
III.-Las funciones de un Técnico de Operaciones y de un Técnico de Planificación son distintas al 
operar el primero en la red (haciendo maniobras en la red eléctrica para que los kilowatios lleguen a 
los clientes) y el segundo sin contacto con la red, aunque ambas pertenezcan al Grupo 2 y ambas 
necesiten el título de ingeniero. 
IV.-En fecha 16.06.03 se celebró acto de conciliación ante el TAMIB, instado el 6.06.03 y que se tuvo 
por celebrado sin acuerdo respecto a Endesa y sin efecto respecto a Flexiplan. 
La parte dispositiva de la sentencia de instancia dice: 
«Que DESESTIMANDO la demanda interpuesta por D. Cornelio contra Endesa, Distribución 
Eléctrica, SA y Flexiplan SA (ETT) sobre despido, debo absolver y absuelvo a las demandadas de las 
pretensiones formuladas en su contra, acogiendo respecto de Flexiplan, la excepción de falta de 
legitimación pasiva».  
Contra dicha resolución se anunció recurso de suplicación por el Letrado D. Marc González Sabater 
en nombre y representación de D. Cornelio, que posteriormente formalizó; siendo admitido a trámite 
dicho recurso por esta Sala, por Providencia de fecha doce de marzo de dos mil cuatro. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
El recurso formula dos motivos, ambos con asiento procesal en el art. 191 c) de la LPL ( RCL 1995\ 
1144 y 1563) . El primero acusa infracción, por interpretación incorrecta, del art. 14 del ET ( RCL 
1995\ 997) y del art. 15 del I Convenio Marco del Grupo Endesa, en relación con el art. 6.4 del Código 
Civil ( LEG 1889\ 27) y la jurisprudencia relativa al cómputo del período de prueba.  
El motivo plantea dos cuestiones diferenciadas que, correlativamente, deberían haber sido ser objeto 
de tratamiento separado: la posible nulidad de la cláusula de prueba inserta en el contrato celebrado 
entre el actor y Endesa el 23 de diciembre de 2002, y la ineficacia, por extemporánea, de la 
comunicación empresarial que dio por extinguido el contrato de trabajo. 
Por lo que atañe al primero de tales aspectos, el recurso arguye que el Convenio Colectivo del Grupo 
Endesa no efectúa distinciones entre los Técnicos de Grado Medio en atención a si prestan servicios 
en los departamentos de Operación, Distribución o Planificación o en cualesquiera otros, sino que 
establece una única categoría profesional, en este caso la de Grupo II, Nivel 1, para todos; 
circunstancia de la que deduce que el concreto destino en uno u otro departamento es irrelevante a 
los fines de superación del período de prueba, de modo que, si el actor llevaba ya nueve meses 
prestando servicios en Endesa como técnico de grado medio cuando fue contratado por esta 
empresa con carácter indefinido, el período de prueba estipulado en este contrato sería nulo por 
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contravenir el art. 14 del ET. 
El párrafo tercero del mencionado art. 14.1 declara inválido «el pacto que establezca un período de 
prueba cuando el trabajador haya ya desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la 
empresa, bajo cualquier modalidad de contratación». El recurrente pretende que se aplique la sanción 
de esta norma sobre la premisa de equiparar los conceptos de «función» y de «grupo profesional». La 
tesis resulta claramente inaceptable. Una y otra locución designan realidades diferentes: aquélla, las 
concretas tareas que se ejecutan en un determinado puesto de trabajo, y ésta, un conjunto de 
actividades laborales afines por su respectivo contenido y la cualificación que precisa su realización. 
El art. 9 del Convenio Colectivo de mérito describe el grupo profesional como el que «agrupe 
unitariamente las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación». La 
distinción entre grupo profesional y función, con relación entre sí de género a especie, está en la base 
del art. 39.1 del ET, cuando, como regla general, pone como límite a la movilidad funcional en el seno 
de la empresa la pertenencia al grupo profesional. 
El actor prestó en Endesa, por cuenta de la empresa de trabajo temporal Flexiplan, SA, servicios de 
Técnico de Operaciones. Posteriormente, Endesa le contrató de modo directo para desarrollar tareas 
de Técnico de Planificación. El Convenio Colectivo no contempla ni caracteriza cada una de estas 
figuras singulares, pero la sentencia de instancia declara probado sin contradicción eficaz alguna en 
este grado jurisdiccional que una y otra tienen cometidos absolutamente distintos. La primera opera 
sobre la red, haciendo maniobras en la red eléctrica para que el suministro llegue a los clientes, 
mientras que la segunda no actúa sobre la red sino que efectúa análisis y planificaciones, aunque las 
dos están integradas en el Grupo II y necesitan titulación universitaria de grado medio. Luego, 
sentado el extremo de que no atienden ni realizan las mismas funciones, el previo desempeño por el 
actor de un puesto de Técnico de Operaciones no obsta a la validez del pacto de prueba previsto al 
ser contratado para el puesto de Técnico de Planificación. Desde la perspectiva del empresario, la 
finalidad del período de prueba radica en disponer de un margen de tiempo para comprobar las 
aptitudes profesionales del trabajador y su adecuación a las características y necesidades del puesto 
de trabajo para el que se le contrata. Es perfectamente factible que el actor cumpliera a satisfacción 
las funciones de Técnico de Operaciones y que, por el contrario, no llenara las expectativas para 
ejercer las específicas de un Técnico de Planificación. 
En cuanto a la comunicación de la decisión empresarial de poner fin a la relación de trabajo, el motivo 
sostiene que se verificó tardíamente porque no se entregó por escrito hasta el 6 de junio de 2003, 
negando eficacia a la que en forma oral le hizo el día 22 de mayo quien califica de simple técnico que 
no consta ostentara la representación de la empresa. 
Con arreglo al art. 14.2 del ET ( RCL 1995\ 997) , durante el período contractual de prueba cualquiera 
de las partes está facultada para resolver el contrato por su sola voluntad y sin necesidad de alegar ni 
menos acreditar la concurrencia de una causa concreta que la justifique. Esta facultad de libre 
desistimiento se ejercita por medio de una declaración de voluntad recepticia, que no precisa 
someterse a exigencias de forma determinadas, bastando con que llegue a conocimiento de su 
destinatario o que se emita en condiciones que razonablemente le permitan conocerla. En el caso de 
autos, aparece probado, tal como declara la sentencia recurrida, que el 22 de mayo, antes de 
consumarse, así pues, el período de seis meses de prueba estipulado en el contrato en conexión con 
el art. 15.3 del Convenio Colectivo de referencia, el Director del Departamento y el responsable 
directo del actor le comunicaron verbalmente que no había superado la prueba y que la empresa 
prescindía de sus servicios. Nada indica que, al efectuar dicha comunicación, dichos superiores se 
hubieran extralimitado de las competencias que tuvieran conferidas y, en cualquier caso, su actuación 
habría quedado ratificada en todos sus términos y efectos (art. 1259 del Código Civil [ LEG 1889\ 27] 
) mediante el escrito de cese firmado por tres altos responsables de la entidad que el actor recogió el 
siguiente día 6 de junio.  
La decisión empresarial de extinguir el contrato llegó, pues, a conocimiento del demandante en 
tiempo y forma hábiles. Consiguientemente, el primer motivo de recurso perece. 
El motivo restante denuncia infracción del art. 15, apartados 1.a) y 3) del ET ( RCL 1995\ 997) y de 
los arts. 6 y 10 de la Ley 14/1994 ( RCL 1994\ 1555) , reguladora de las empresas de trabajo 
temporal. Insiste el motivo en la ineficacia del pacto sobre prueba, aduciendo ahora, en sustancia, el 
carácter fraudulento del contrato temporal suscrito entre el actor y Flexiplan, SA para prestar servicios 
en Endesa, así como que tras la finalización del mismo el actor no pasó a desempeñar sus funciones 
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en el departamento de planificación, sino que continuó trabajando en el mismo puesto que antes 
durante tres meses. El motivo alega por ello que existió una única relación laboral, de cuya extinción 
improcedente deben responder solidariamente las dos empresas.  
El contrato de duración determinada que el actor concertó con la empresa de trabajo temporal para 
prestar servicios a Endesa, en calidad de empresa usuaria, y el contrato de duración indefinida que 
luego celebró con esta última empresa dieron lugar a dos relaciones de trabajo diferentes. Los 
empleadores eran diferentes en cada una y, sobre todo, fue también diferente el respectivo objeto de 
la actividad prestacional: funciones de Técnico de Operaciones, en uno, de Técnico de Planificación, 
el otro, como también eran distintos los centros de trabajo donde tales funciones tenían que 
cumplirse: en Marratxi, el primero, en Palma de Mallorca, las del segundo. 
El contrato temporal no adolece de irregularidad alguna que permita calificarlo de fraudulento por 
supuesta inobservancia de los requisitos que para la modalidad contractual de por obra o servicio 
determinado establece el art. 15.1 a) del ET. Identifica de modo suficiente su objeto en consonancia 
con el contrato de puesta a disposición concertado entre las empresas codemandadas y ningún 
precepto limita su duración a un máximo de seis meses. Ninguna responsabilidad cabe exigir en este 
sentido a la empresa de trabajo temporal. 
Es cierto, de otro lado, que el actor continuó ocupando su anterior puesto en el departamento de 
Operaciones tras la firma del nuevo contrato con Endesa y hasta la primera semana de marzo de 
2003, lo que da a entender que la obra o servicio para cuya ejecución había sido cedido por la 
empresa de trabajo temporal no había finalizado todavía, aunque la sentencia estima probado que lo 
hizo para formar a cinco nuevos técnicos de operaciones y formarse él mismo para la nueva plaza. 
Ahora bien, la primera de las relaciones laborales entabladas se terminó de común acuerdo entre las 
partes y por interés y en beneficio directo del trabajador. Consta probado, en efecto, que mientras el 
actor desempeñaba las tareas de Técnico de Operaciones por cuenta de la empresa de trabajo 
temporal, se produjo una vacante de Técnico de Planificación en la empresa usuaria y el hoy 
recurrente se presentó para cubrirla, optando por aprovechar la oportunidad de integrarse en la 
plantilla de Endesa en calidad de fijo, como es natural estimara preferible. El actor, así pues, consintió 
voluntariamente poner fin al contrato temporal, tal como ratifica, por si cupiera alguna duda, el recibo 
de liquidación y finiquito que firmó y entregó a Flexiplan, SA, con plenos efectos liberatorios, el 19 de 
diciembre de 2002, manifestando que, desde ese momento, debía considerarse «finalizado mi 
contrato de trabajo y, por consiguiente, extinguida la relación laboral a fecha 19/12/2002» (fol. 123). 
Mal puede ahora, por tanto, tachar de fraudulento el repetido contrato temporal ni cuestionar la 
validez de una finalización anticipada del mismo que aceptó por su propia conveniencia. 
Decaen, en consecuencia, este segundo motivo y el recurso, por lo que procede confirmar la decisión 
judicial combatida. 
En virtud de lo expuesto, 
FALLAMOS 
SE DESESTIMA el Recurso de Suplicación interpuesto por la representación procesal de D. Cornelio 
contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. Tres de los de Palma de Mallorca, de 
fecha diez de octubre de dos mil tres, en virtud de demanda formulada por el citado recurrente frente 
a Endesa, Distribución Eléctrica, SL y a Flexiplan, SA (ETT) y, en su consecuencia SE CONFIRMA la 
sentencia recurrida.  
Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de las 
Islas Baleares. 
ADVERTENCIAS LEGALES 
Contra esta sentencia cabe RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA ante 
la Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito 
firmado por abogado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los DIEZ DÍAS hábiles 
siguientes al de su notificación.  
Además si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el 
recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta en el 
Banco Español de Crédito, SA (BANESTO), cuenta número 04460000-65-0077-04 a nombre de esta 
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Sala el importe de la condena o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la 
responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una 
pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la 
Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala. 
El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la Secretaría de la Sala IV de lo 
Social del Tribunal Supremo, al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300,51 
euros, en la entidad bancaria Banco Español de Crédito, SA (BANESTO), sucursal de la calle 
Barquillo, núm. 49, (clave oficina 1006) de Madrid, cuenta número 2410, Sala IV de lo Social del 
Tribunal Supremo. 
Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan 
expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de 
trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), 
aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una 
prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar 
certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente 
mientras dure su tramitación. 
Guárdese el original de esta sentencia en el libro correspondiente y líbrese testimonio para su unión 
al Rollo de Sala, y firme que sea la misma, devuélvanse los autos al Juzgado de procedencia junto 
con certificación de la presente sentencia y archívense las presentes actuaciones. 
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de la fecha por 
el Ilmo. Sr. Magistrado-Ponente que la suscribe, estando celebrando audiencia pública y es notificada 
a las partes, quedando su original en el Libro de Sentencias y copia testimoniada en el Rollo.-Doy fe.  
DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy 
fe. 
 
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Nùmero 9 
 
RJ 2004\ 3741 
Sentencia Tribunal Supremo  (Sala de lo Social), de 18 marzo 2004 
  
Jurisdicción: Social 
  
Recurso de Casación núm. 23/2003.  
  
Ponente: Excmo. Sr. D. Víctor Fuentes López. 
  
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL: relación del trabajador con la empresa usuaria: derecho a la 
aplicación del convenio colectivo de ésta en materia retributiva: alcance: discriminación: inexistencia: 
complementos no salariales: denegación. 
  
El TS desestima los recursos de casación (núm.23/2002) interpuestos por la Federación 
Minerometalúrgica de CCOO y otra contra la Sentencia de fecha 19-12-2002, de la Audiencia Nacional, 
que desestimó las demandas promovidas por las recurrentes contra «Adecco TT, SA» y otras, sobre 
conflicto colectivo. 
  
  
Texto: 
  
En la Villa de Madrid, a dieciocho de marzo de dos mil cuatro. 
Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala, en virtud de los recursos de Casación, 
interpuestos, el primero de ellos por el Letrado don Enrique Lillo Pérez, en nombre y representación 
de la Federación Minerometalúrgica de Comisiones Obreras y el segundo, por la Letrada Doña Josefa 
Martínez Riaza, en nombre y representación de MCA-UGT (Federación Metal, Construcciones y 
Afines de UGT), contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de fecha 
19 de diciembre de 2002, en actuaciones seguidas por los ahora recurrentes, contra Indra Ews, 
Adecco TT, SA, y Atlas SA, Empresa de Servicio, sobre «conflicto colectivo». 
ANTECEDENTES DE HECHO 
Con fecha 14 de junio de 2002, la Federación Minerometalúrgica de CC OO y Federación Metal, 
Construcción y Afines de UGT (MCA-UGT), presentó un escrito ante la Sala de lo social de la 
Audiencia Nacional y tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaron de 
aplicación: terminaron por suplicar se dictara sentencia, por la que «1º) El derecho del personal que 
presta servicios en Indra Ews y que anteriormente ha trabajado en la ETT o empresa de servicios 
cedido a Indra a que en el plazo temporal de tres años con salario inferior consistente en el 
incremento del 10% sobre el convenio de Metal previsto en los arts. 49.6, 52.2 y 53.2 se compute el 
tiempo en que han trabajado como empresa usuaria en Indra Ews cedidos por la ETT o empresa de 
servicios. 2º) El derecho de todo el personal cedido temporalmente por la ETT o empresa de servicios 
codemandada a que perciban la retribución general o normalizada correspondiente a su puesto de 
trabajo, previsto en el Convenio de Indra Ews y no le es de aplicación por tanto la retribución 
excepcional prevista exclusivamente para el personal directo de plantilla de Indra en los arts. 49.6, 
52.2 y 53.2. 3º) El derecho de todo el personal cedido temporalmente por la ET o empresa de 
servicios codemandada a Indra ha percibir como un componente de su retribución el complemento 
económico de IT previsto en el art. 64 del Convenio Colectivo. Condenando a las empresas 
demandadas a estar y pasar por tal declaración». 
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Admitida a trámite la demanda se celebró el acto del juicio en el que la parte actora se ratificó en la 
misma, oponiéndose la demandada, según consta en acta. Recibido el pleito a prueba, se practicaron 
las propuestas por las partes y declaradas pertinentes. 
Con fecha 19 de noviembre de 2002, se dictó sentencia por la Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional, en la que consta el siguiente fallo: FALLO «Que estimando la excepción de falta de 
legitimación pasiva de Atlas, SA, Empresa de Servicios y la de falta de legitimación activa de las 
demandantes, desestimamos la demanda absolviendo a los demandados».  
En la anterior sentencia se declararon probados los siguientes hechos: 
I.-En la empresa Indra Ews, con centros de trabajo en diversas Comunidades Autónomas, prestan 
servicios unos 50 trabajadores a través de contratos de disposición concertados con la entidad 
Adecco TT, SA. 
II.-A los trabajadores de la ETT se les aplica en Indra Ews el salario previsto en el Convenio para los 
trabajadores de nueva contratación. No se les aplica lo previsto en el art. 74 del Convenio y 
disconforme con esta situación, la Federación Minerometalúrgica de Comisiones Obreras y la 
Federación Metal, Construcciones y afines de UGT, han presentado demanda de conflicto colectivo, 
tras intentar la avenencia, sin efecto, ante el SIMA el 3-6-2000. Se han cumplido las previsiones 
legales. 
Por la parte recurrente se interpuso recurso de Casación, ante esta Sala con fecha 25 de marzo de 
2003, amparado en el art. 205, apartado D) de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144 y 
1563) .  
Evacuado el traslado de impugnación de las partes recurridas personadas y emitido e preceptivo 
informe del Ministerio Fiscal, en el sentido de considerar los recursos «nulos y que se repongan las 
actuaciones al momento anterior de dictar sentencia». Se declararon conclusos los autos y se señaló 
día para Votación y Fallo el 11 de marzo de 2004, quedando la Sala formada por cinco Magistrados. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
Como cuestión previa debe examinarse la procedencia de decretar la nulidad de actuaciones 
solicitada por el Ministerio fiscal en su informe por incongruencia interna de la sentencia recurrida, en 
concreto entre su fundamento de derecho segundo en donde al examinar la falta de legitimación 
activa de los Sindicatos ahora recurrentes alegada por los demandados, la desestima llegando a 
calificar de absurda su alegación, y el fallo en donde no se desestima dicha excepción, sino que se 
estima, desestimando a continuación la demanda absolviendo a los demandados, extremo éste 
último, del que además deduce el Ministerio Fiscal, que la sentencia no entra a resolver sobre el 
fondo del asunto. 
No comparte la Sala la petición del Ministerio Público; ciertamente que existe discordancia entre el 
fallo de la sentencia y su fundamentación jurídica, pero ello más que un supuesto de incongruencia es 
un caso de error material en la redacción del fallo de aquella, como lo acredita que la sentencia, en su 
fundamentación jurídica, después de rechazar la excepción referida, analiza, en los siguientes 
fundamentos jurídicos, el fondo del asunto desestimando la demanda; así lo han entendido, las 
partes, al no hacer referencia alguna en sus escritos de formalización del recurso, ni en los de 
impugnación, a dicha cuestión, limitándose a impugnar la desestimación de la demanda en cuanto al 
fondo del asunto; por tanto, de acuerdo con lo antes dicho, debe rechazarse la referida cuestión 
previa. 
Lo debido en primer lugar, en la instancia, y en este recurso, es que sí, tal y como se pide en el punto 
segundo del suplico de la demanda, al haber desistido del primero, el personal cedido temporalmente 
por Adecco ETT, a Indra EWIS mediante un contrato de puesta a disposición tiene derecho a percibir 
la retribución general o normalizada prevista en el Convenio de Indra Ews, en sus art. 49-6, 52-2 y 53-
2, sin que le sea de aplicación la retribución excepcional prevista en los párrafos finales de dicho 
artículo para el de personal de nuevo ingreso en Indra Ews SA, o si por el contrario, la decisión de la 
empresa de aplicarle, lo que en estos artículos del C. Colectivo, se pactó para los trabajadores de 
nuevo ingreso, es correcta. La tesis sindical sostiene que la aplicación a los trabajadores procedentes 
de ETT de las retribuciones previstas en los artículos del C. Colectivo de Indra para los trabajadores 
de nuevo ingreso que limita los salarios de éstos, durante los tres primeros años de contratación, en 
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la cuantía que allí se detalla, no es de aplicación a sus representados, pues ello implicará percibir por 
estas una retribución claramente inferior a lo establecido por tales conceptos para la generalidad de 
los trabajadores no sujetos a dicha cláusula lo que entraña una discriminación respecto a aquellos 
trabajadores fijos en la plantilla de la empresa, lo que violaría el art. 14 CE ( RCL 1978\ 2836) y 17 ET 
( RCL 1995\ 997) , entrañando además una interpretación incorrecta del art. 11 de la Ley de ETT y 
artículo 31 del C. Colectivo Estatal de ETT ( RCL 2000\ 2563) (BOE de 10-11-2000) en donde se 
establece que los trabajadores cedido por una ETT tienen derecho a percibir en la usuaria la 
retribución total establecida para el puesto de trabajo a desarrollar en la misma.  
En segundo lugar también es objeto del recurso la aplicación o no a los trabajadores cedidos del art. 
74 C. Colectivo en cuanto al complemento de I. Temporal, durante dicha situación. 
La sentencia de instancia, desestimó la demanda rechazando la existencia de discriminación en 
ninguno de los dos supuestos; en el primero por entender que la retribución por nueva contratación 
no es excepcional sino general, siendo aplicable a todos los trabajadores fijos que entren en la 
empresa, no siendo un sueldo de trabajadores temporales, sino de trabajadores iniciales, que es de 
aplicación, a los procedentes de ETT, que son trabajadores fijos retribuidos como tales por exigencia 
de lo dispuesto en el art. 11 de la Ley de ETT ( RCL 1994\ 1555) , negando la sentencia de existencia 
de discriminación que si podría existir respecto a aquellos trabajadores iniciales que entren en la 
empresa no procedentes de ETT, que percibieran mejor retribución; en cuanto a la segunda cuestión 
porque la situación de Incapacidad Temporal no es período de prestaciones de servicios, por 
suspender la obligación recíprocas de trabajar remunerar el trabajo, a diferencias de lo que sucede 
con las vacaciones y descansos, razón por la cual, no procede aplicar dicho complemento.  
Contra dicha sentencia se formalizaron dos recursos de casación independientes por las 
Federaciones Sindicales demandantes que dado su contenido idéntico examinamos conjuntamente. 
En cuanto al primer motivo, al amparo del apartado d) del art. 205 de la LPL ( RCL 1995\ 1144 y 
1563) , por error de hecho se propugna la modificación del hecho probado segundo, para adicionar 
donde dice «a los trabajadores de la ETT se les aplica en Indra Ews el salario previsto en el Convenio 
para los trabajadores de nueva contratación lo siguiente ?regulado en los arts. 49.6, 52.2 y 53.3 con la 
denominación de Retribución de Entrada. La justificación para determinar los niveles de salario de 
entrada para los trabajadores de Indra Ews es, según opinión manifestada por la representación 
empresarial en el Acta núm. 1 de la Comisión Mixta Paritaria de interpretación del I Convenio 
Colectivo de Indra Ews, SA, por lo siguiente: Durante los tres primeros años se: Adquiere los 
conocimientos técnicos específicos de la actividad/función de la empresa Indra Ews. Adquiere la 
experiencia óptima específica de la actividad/organización de la Empresa Indra Ews y familiaridad con 
las funciones a desempeñar. Una vez transcurrido el tiempo estimado, es probable su incorporación 
en la Empresa, se logre su integración e identificación con la organización, se incluyen en los planes 
de carrera profesional y promoción económica y se realiza su fidelización el personal cedido a través 
de ETTs no forma parte de la organización de la Empresa Indra Ews, no hay carrera profesional y 
fidelización y no tiene antigüedad?, lo que se considera acreditado con el documento 3 al folio 204 del 
ramo de prueba del Indra Ews, y trascendente para la resolución del debate, por demostrar que el 
único, motivo o soporte por el que las partes negociadoras del Convenio establecieron la doble escala 
salarial para los trabajadores iniciales era para que adquirieran una mayor formación profesional, lo 
que no es de aplicación a aquellos cedidos por ETT, que ya la tenían».  
No puede prosperar la revisión de hechos propuesta, por no ser trascendente, para resolver la 
cuestión de fondo el añadir al hecho probado segundo los art. del Convenio Colectivo de empresa 
donde se regula las retribuciones que aplica la empresa ni, tampoco añadir la justificación del 
representante de la empresa, ante la Comisión Mixta Paritaria para retribuir a los trabajadores de 
nuevo ingreso en Indra Ews en la forma pactada, de lo que se quiere deducir la inaplicación de tal 
cláusula a sus representados, ya que para la resolución de las cuestiones de fondo debatidas, 
consistentes en la interpretación de cláusulas de un Convenio Colectivo en relación con la Ley de 
ETT ( RCL 1994\ 1555) y doctrina sobre la discriminación, esto es una cuestión jurídica, no es 
necesario conste como probado dicho extremo.  
En el segundo motivo y por la vía del apartado e) del art. 205 de la LPL ( RCL 1995\ 1144 y 1563) se 
denuncia en cuanto al fondo infracción de las normas de ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia 
que fueran aplicables para resolver el debate, denunciando interpretación errónea del art. 11 de la 
Ley de ETT ( RCL 1994\ 1555) ( Ley 29/99 de 16 de julio [ RCL 1999\ 1898] ), artículo 49-6, 52-2 y 
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53-2 del I. Convenio Colectivo de la Empresa Indra Ews, SA, (BOE 19-4-2001) y doctrina del Tribunal 
Supremo y Tribunal Constitucional en relación con la doble escala salarial o doble tabla retributiva y 
artículo 14 CE ( RCL 1978\ 2836) .  
Para la resolución de dicho extremo del recurso debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
A) Lo que se debate, como ya se ha dicho es si es correcta o no la decisión de la empresa de 
considerar a los trabajadores cedidos por Adecco ETT a Indra Ews, como trabajadores de nuevo 
ingreso, aplicándoles las retribuciones pactadas en los arts. 49-6, 52-2 y 53-2 del C. Colectivo para 
los Técnicos Titulados Superiores y Medios Obreros y Empleados respectivamente, previstos para 
aquellos, y si dicha practica empresarial constituye un supuesto de discriminación. 
B) En los referidos artículos del I Convenio colectivo de Indra Ews, lo que se dice, para los Técnicos 
Titulados Superiores y Medios (Técnicos) (art. 49-1); Obreros y empleados (art. 52 y 53) es que 
durante los tres primeros años de su contratación se les aplicará una retribución de entrada (salario 
base, complemento convenio y pagas extras) que como mínimo será en computo anual lo establecido 
en el Convenio Provincial incrementada en un 10%; de lo anterior se deduce, que con lo antes dicho, 
se establece una excepción a la regla general prevista en dichos artículos del Convenio, en materia 
retributiva, respecto a las retribuciones de aquellos trabajadores de nuevo ingreso en la empresa, lo 
que se justificaba por la empresa en la necesidad de adquirir una mayor experiencia profesional. 
C) De acuerdo con lo que establece la Ley 14/94 de 1 de junio, por lo que se regulan las empresas de 
trabajo temporal, y su finalidad, la relación jurídica de los trabajadores puestos a disposición de la 
empresa usuaria, no es con ésta, sino con quien los contrató, en el caso de autos, Adecco ETT; en 
ningún caso por tanto le es de aplicación a dichos trabajadores un convenio Colectivo, como es el de 
Indra Ews, pues los mismos, están excluidos de su ámbito de aplicación de acuerdo con los arts. 83 y 
87 del ET ( RCL 1995\ 997) ; la única excepción es la derivada de lo dispuesto en el artículo 11 de la 
Ley en el número 1 cuando señala «que los trabajadores cedidos tiene derecho a percibir, como 
mínimo la retribución total establecida para el puesto de trabajo a desarrollar en el convenio colectivo 
aplicable a la empresa usuaria calculada por unidad de tiempo»; de tal precepto se deduce, que lo 
que allí se establece es una garantía salarial mínima para los trabajadores procedentes de ET 
cedidos a la empresa usuaria; ahora bien, como razona la empresa, en su impugnación del recurso, 
de dicho artículo no resulta que los trabajadores cedidos deban tener la misma retribución que los 
fijos de la usuaria, lo que se garantiza en un mínimo delimitado por las dos circunstancias ya dichas.  
D) Siendo esto así la aplicación a los trabajadores procedentes de ETT, del plazo de tres años, 
previsto para los trabajadores de nuevo ingreso antes de acceder a la misma retribución que el resto 
del personal integrado en Indra, no esta en contradicción con lo dispuesto en el art. 11 de la Ley 
14/94, y en nada viola la garantía salarial prevista en el referido art. 11, pues la retribución que 
perciben siempre será la del puesto de trabajo a desarrollar en la empresa usuaria y ello es 
independiente de su antigüedad en la misma; se trata de un sueldo general, no excepcional, pactado 
en Convenio Colectivo, sin que dicha limitación, fundada en razones, objetivas, y en la necesidad de 
adquirir una adecuada formación profesional contravenga alguna, ni suponga trato desigual para los 
afectados. 
Lo antes dicho es concorde con la doctrina de esta Sala en relación con el art. 14 CE ( RCL 1978\ 
2836) y 17 del ET ( RCL 1995\ 997) y tutela antidiscriminatoria contenida entre otras, sentencias de 
17 de mayo de 2000 ( RJ 2000\ 5513) , 17 de mayo de 2000, 24 de septiembre ( RJ 2003\ 501) y 12 
de noviembre de 2002 ( RJ 2003\ 1026) y doctrina del Tribunal Constitucional, sentencias 136/87 ( 
RTC 1987\ 136) y 177/93 ( RTC 1993\ 177) , que tienen declarado en relación al principio de igualdad 
que no se quebranta el mismo por el simple hecho de dar un trato diferenciado a dos supuestos 
distintos; lo que garantizan los arts. 14 de la Constitución y 17 del ET es trato igual a situaciones 
objetivos y substancialmente iguales, y en el presente caso, ya se ha dicho, que existen razones 
objetivas para aplicar a los trabajadores procedente de ET la limitación temporal prevista en el 
Convenio Colectivo de la empresa usuaria para los trabajadores de nuevo ingreso.  
En el tercer motivo también de censura jurídica por la vía del apartado e/ del artículo 205 de la LPL ( 
RCL 1995\ 1144 y 1563) se denuncia interpretación errónea del art. 11 de la Ley de ETT ( RCL 1994\ 
1555) , art. 31 del III Convenio Colectivo Estatal de ETT ( RCL 2000\ 2563) en relación con el art. 74 
de I Convenio Colectivo de la empresa Indra Ews, SA, (BOE 19-4-2001 por estimar discriminatoria el 
extremo de la sentencia que deniega a los trabajadores de autos el complemento de Incapacidad 
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Temporal prevista en el art. 7-4 del Convenio.  
En dicho art. se dice: Complemento de IT por enfermedad común, accidente no laboral. Se 
complementara hasta el 100% del salario a sueldo la prestación de Seguridad social para el caso de 
IT por enfermedad común, accidente no laboral y anterioridad y 100% de sueldo más complemento 
de asistencia y puntualidad para el caso de accidente de trabajo. 
El motivo debe rechazarse; tampoco existe la discriminación alegada, dicho complemento por I. 
Temporal, establecido en el Convenio Colectivo de Indra Ews, para sus trabajadores, no es de 
aplicación a aquellos procedentes de empresas de trabajo temporal, por lo ya dicho al analizar la 
primera cuestión planteada en este recurso, al estar excluidos de su ámbito de aplicación y ello 
porque quien los contrató fue la ETT, en el caso de autos Adecco ETT, sin tener más obligación 
respecto a ellos, la usuaria, que la derivada del artículo 11 de la Ley 14/94, en materia retributiva, no 
pudiendo aplicarles lo previsto en un Convenio Colectivo distinto; aparte de ello, la situación de I. 
Temporal implica suspensión del contrato de trabajo, cesando la obligación de trabajar y de percibir 
retribución; siendo ello así, si el contrato de puesta a disposición estaba suspendido durante dicha 
situación, no puede pretenderse se aplique un complemento no salarial ni vinculado al puesto de 
trabajo. 
Todo lo dicho conduce a la desestimación del recurso. Sin costas. 
Por lo expuesto, en nombre de SM El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español. 
FALLAMOS 
Desestimamos los recursos de Casación interpuestos, el primero de ellos por el Letrado don Enrique 
Lillo Pérez, en nombre y representación de la Federación Minerometalúrgica de Comisiones Obreras 
y el segundo, por la Letrada Doña Josefa Martínez Riaza, en nombre y representación de MCA-UGT 
(Federacion Metal, Construcciones y Afines de UGT), contra la sentencia dictada por la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional de fecha 19 de diciembre de 2002, en actuaciones seguidas por los 
ahora recurrentes, contra Indra Ews, Adecco TT, SA, y Atlas, SA, Empresa de Servicio, sobre 
«conflicto colectivo». Sin costas. 
Devuélvanse las actuaciones al Órgano jurisdiccional correspondiente, con la certificación y 
comunicación de esta resolución. 
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.  
PUBLICACIÓN.-En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. 
Sr. Magistrado D. Víctor Fuentes López hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social 
del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.  
 
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Fuente Jurisprudencial Aranzadi