Desde el momento de nacer, las personas establecen relaciones
afectivas con otras personas y consigo mismas.
La educación afectiva y sexual es un derecho, y debe abordarse
con naturalidad desde la infancia y prevenir que sea un tema tabú y estereotipado.
Su objetivo es favorecer que la persona
adquiera conocimientos, actitudes y comportamientos
que le permitan gozar de una salud afectiva y sexual de forma libre, autónoma,
responsable y respetuosa consigo misma y con los demás.
Es ineludible la obligación ética y social de los profesionales y las profesionales
de la educación y el conjunto de la sociedad
de abordar la educación afectiva y sexual con perspectiva de género.
La forma de abordar cada uno de los contenidos de esta educación
debe ajustarse a la etapa evolutiva del niño o niña, o adolescente.
Para educar y promover una salud sexual positiva es necesario abordarla
desde una perspectiva de derechos en sus ejes centrales:
El respeto por la diversidad implica la igualdad, con independencia del sexo,
la identidad y la expresión de género y la orientación sexual.
Supone romper roles y mitos en torno al género y la salud sexual.
También presupone respetar la diversidad de formas y tipologías
de relaciones afectivas y sexuales.
La valoración de la afectividad permite
la expresión asertiva de las emociones y sentimientos,
la capacidad de decidir de forma libre y responsable sobre los propios gustos,
las prácticas afectivas y sexuales,
así como el impacto de las acciones sobre la propia persona y hacia los demás.
El cuidado del cuerpo es un concepto
muy amplio que incluye aspectos como la valoración del propio cuerpo
y la autoestima, el consentimiento como base de las relaciones,
o los factores de riesgo y protección para prevenir
infecciones de transmisión sexual, embarazos no planificados,
así como situaciones de violencias de diferente índole relacionadas
con el género y las diversidades afectivas y sexuales.
La educación afectiva y sexual es un derecho
de los niños y niñas, y adolescentes y, por lo tanto,
un deber y una responsabilidad de las instituciones públicas.
Por eso, debe incorporar un enfoque de género
que favorezca la expresión de la diversidad,
la igualdad y la prevención de las desigualdades y violencias.