La Convención sobre los derechos del niño establece como uno de sus principios básicos
la participación de niños y adolescentes.
Deben poder formarse un juicio propio,
expresar libremente su opinión y que esta se tenga en cuenta
en cualquier situación.
La participación de niños y adolescentes
en su entorno cercano, en la escuela o en la vida pública es cada vez mayor.
Sin embargo, muy a menudo esta participación es desigual
y se da una sobrerrepresentación masculina y heteronormativa.
Es necesario, pues, promover el empoderamiento
y brindar oportunidades y estrategias
para que todos los niños y adolescentes, independientemente
de su identidad de género,
puedan aportar propuestas y estén representados a partes iguales.
Esta participación debe darse entre los propios niños y adolescentes,
pero también con las personas adultas, sea cual sea la relación
que tengan con ellas, su estatus, su clase social, etc.
Si seguimos el modelo de participación de Laura Lundy,
para conseguir este empoderamiento es necesario considerar
cuatro aspectos relativos a la participación de niños y adolescentes.
Darles voz, especialmente a las niñas y las adolescentes.
Informarles sobre todo aquello que les afecta sin sesgos sexistas y fomentar
su seguridad para que expresen su opinión y no sean silenciados.
Brindarles espacios seguros, de confianza, sin violencias,
mixtos o a veces exclusivos, que faciliten expresarse libremente.
Ofrecer espacios de audiencia donde tanto personas adultas como otros niños
y adolescentes puedan observar, escuchar y conocer sus puntos de vista.
Por último, permitir que tengan influencia a partir de la promoción de oportunidades
en las que sus opiniones se tengan en consideración y repercutan
en las políticas, en la formación de profesionales y en la vida social.
Desde esta mirada, es importante
que el conjunto de profesionales diseñen y planifiquen
acciones socioeducativas que promuevan la participación de niños y adolescentes
en un plan de igualdad y respeto a la diversidad.
En conclusión, es necesario establecer mecanismos sociales,
educativos y políticos para garantizar los derechos de participación infantil
y adolescente con una perspectiva de género.
Se trata de fomentar que esta participación se haga de forma equitativa
y desde una relación de poder horizontal entre ellos y ellas.