Criminalización de los movimientos sociales en Colombia: la ideología contrainsurgente y rol del escuadrón móvil antidisturbios (ESMAD) en la represión del estallido social

Abstract

En los últimos años en Colombia, diversos grupos han salido a las calles para reclamar sus derechos y expresarse, en muchas ocasiones, en contra de políticas del gobierno. El aumento del registro de protestas ha ido acompañado de una intensificación de la represión, la cual ha generado un ambiente hostil para los movimientos sociales cuando ejercen su derecho a la protesta. La represión que se vivió durante el Paro Nacional de 2019 y 2021 en Colombia se ha experimentado en otros contextos de América Latina en los últimos años, haciendo que la temática sea de relevancia no sólo en el mundo académico sino también entre las sociedades latinoamericanas. Las situaciones de conflictividad social y de tensiones estructurales hacen que surjan los movimientos sociales. El grado de organización y de capacidad para la movilización dependen del contexto y de los recursos de que dispongan los protagonistas. Además, no sólo se considera un medio para conseguir un objetivo de cambio, sino que también supone un fin en si mismo por la construcción de identidades que surge de la movilización. La criminalización de dichos movimientos es un fenómeno multidimensional que requiere el accionar conjunto de diversos actores. No sólo es una estrategia llevada a cabo por los estados a través de la rama judicial y la fuerza pública, sino que en muchos casos los medios de comunicación también criminalizan a los movilizados usando un lenguaje que los asimila con criminales. En un contexto de conflicto armado como el de Colombia, además, se pretende deslegitimar a los movimientos sociales tratando de identificarlos con el accionar de las guerrillas. Así pues, se contribuye a generar la imagen de que se trata de terroristas y de un enemigo público que hay que combatir, justificando el uso de la fuerza para reprimir la protesta. La Fuerza Pública encargada del control de las multitudes en Colombia está compuesta por la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Ambos cuerpos están muy militarizados y dependen del Ministerio de Defensa, lo cuál ha resultado en graves violaciones a los derechos humanos en el marco del ejercicio de la protesta y en un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. La respuesta contra el estallido social reciente de 2019 y 2021 destaca por haber sido particularmente violenta. Las acciones del estado colombiano corresponden a una estrategia contrainsurgente que considera que todo conflicto social o político debe resolverse por la fuerza eliminándose. El marco del conflicto armado colombiano ha comportado el recrudecimiento de la criminalización de los movimientos sociales. Las políticas contrainsurgentes han permeado otras dimensiones de la vida social y la protesta ha sido criminalizada por concebirse como parte del proyecto contrainsurgente. Además, la excepcionalidad de la guerra hace que el estado decida qué considera una amenaza, pudiendo percibir a los movimientos sociales como un enemigo público.