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Como decía acertadamente Javier Tajadura en estas mismas páginas, la desafección hacia el sistema institucional se ha trocado en un amplio cuestionamiento de nuestro modelo de democracia representativa. Y en buena parte, esta crisis de legitimidad es debida al funcionamiento oligárquico de los partidos políticos, que siguen ostentando un papel hegemónico y asfixiante, diseñado en pleno posfranquismo, por razones obvias. Pero también a la creciente colonización que estos mismos partidos hacen de las instituciones. No hay más que observar los nombramientos que se han producido en algunos de los más altos órganos de la justicia ordinaria y constitucional o de otros órganos constitucionales o reguladores. Por otra parte, el carácter basal del combate contra la corrupción en la arquitectura institucional debería ser un incentivo para la articulación de instrumentos que permitan atajar eficazmente el problema. Y no lo es, como veremos. El resto lo hace la débil institucionalización de mecanismos de participación directa en nuestro sistema político: se sigue hurtando a la ciudadanía la capacidad de decidir tanto sobre cuestiones de especial trascendencia política como otras que afectan a la cotidianidad.

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(c) Promotora de Informaciones S.A. (PRISA), 2014

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Articles publicats en revistes (Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret)