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Vista la no solo breve sino también azarosa vida que tuvo el recurso previo de inconstitucionalidad entre 1979 y 1985, bastaría con reproducir aquí los argumentos con los que, en su día, el Gobierno de Felipe González planteó su desaparición mediante la mera supresión del artículo 79 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional (TC). Una derogación confirmada, por cierto, por el propio alto tribunal con el argumento, entre otros, de que no había previsión constitucional expresa para ello y que, por tanto, su existencia era perfectamente disponible por parte del legislador.

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Divulgació i Premsa (Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret)