El acceso de la población inmigrante a los servicios sociales

Abstract

[spa] Esta tesis tiene como objeto el estudio del acceso de la población inmigrante a los servicios sociales. Para llevar a cabo este propósito se propone partir desde la perspectiva constitucional de los servicios sociales para posteriormente entrar en el ámbito migratorio. En este sentido, el capítulo primero analiza los dos grandes cambios que implicó la Constitución Española de 1978 para lo que hasta el momento había sido la protección asistencial: la constitucionalización del Estado social y la descentralización política.

Tras el encuadre general que se pretende con el primer capítulo, los capítulos siguientes se centran en el análisis del acceso de la población inmigrante a los servicios sociales. El capítulo segundo se dedica al estudio de la titularidad del derecho a los servicios sociales tanto para la población en situación administrativa regular como la población en situación irregular. El capítulo tercero se centra en el análisis del contenido del art. 14.2 y 14.3 LODYLE. La ley de extranjería reconoce el acceso en función de dos conceptos: servicios sociales básicos y servicios sociales especializados. La importancia de delimitar y definir el contenido de cada uno de estos conceptos resulta esencial para entender el régimen de acceso por parte de la población inmigrante. Esto es así porque es justamente a partir de la concreción del contenido de los servicios básicos y de los especializados como se determina a que prestaciones y servicios accede una persona que se encuentra en situación administrativa regular o irregular.

El capítulo cuarto analiza los debates pendientes de la distribución competencial de los servicios sociales. Por una parte, el Estado, titular de la competencia en materia de inmigración y extranjería (art. 149.1.2a CE), dicta la LODYLE donde se regulan todos los derechos de los inmigrantes, incluido el derecho a los servicios sociales. No obstante, como resultado del proceso de descentralización territorial dibujado por la Constitución Española de 1978 y materializado en los Estatutos de autonomía, son las Comunidades autónomas los entes encargados de elaborar la legislación en un amplio número de materias, entre ellas los servicios sociales.