La participación ciudadana en las Comunidades Autónomas. Análisis desde una perspectiva normativa

Abstract

Actualmente, nadie podrá negar que exista una crisis de legitimidad de los gobiernos y las administraciones, por diferentes motivos, lo cual propicia el aumento de la desconfianza en la democracia representativa y la consiguiente desafección política. Para algunos, parece ser que la clase política y los partidos se han convertido en parte del problema1; como expuso Mosca en su momento, “que el diputado es elegido por la mayoría de los electores es un supuesto legal que, aunque forme parte de nuestro sistema de gobierno, aunque sea ciegamente aceptado por muchos, está sin embargo en perfecta contradicción con el hecho real. Quienquiera que haya asistido a unas elecciones sabe perfectamente que [...] son sus amigos quienes lo hacen elegir. En todo caso, una candidatura es siempre obra de un grupo de personas unidas por un propósito común, de una minoría organizada que, como siempre, fatal e inevitablemente se impone a la mayoría desorganizada”2. Por lo tanto, ante esta situación, el reto principal hoy en día será conseguir que nuestro actual sistema político recupere su legitimidad. Una posible forma de afrontar este problema sería incorporando a los propios ciudadanos en el proceso de toma de decisiones. Como señala BRUGUÉ, “será imprescindible que muestre [nuestro sistema político-administrativo] una renovada capacidad para afrontar los problemas de la ciudadanía y, simultáneamente, que se incorpore a los propios ciudadanos en el diseño y la implementación de estas soluciones”3. Sea como sea, una de las formas de recuperar la legitimidad pasa por mejorar la calidad de nuestra democracia, fomentando la participación ciudadana...