Cuando la multa no se puede pagar: medidas alternativas a la sanción económica para personas con pocos recursos en la ciudad de Barcelona

Abstract

El presente Trabajo de Fin de Grado analiza en profundidad el modelo de medidas alternativas a la sanción económica (MASE) desarrollado en la ciudad de Barcelona, evaluando su eficacia, su justicia material y su contribución a una convivencia más inclusiva para las personas con pocos recursos del municipio. La multa administrativa, pese a su apariencia de neutralidad, genera efectos profundamente desiguales sobre colectivos vulnerables. En el contexto barcelonés, estas sanciones pueden producir acumulación de deudas con la Administración y agravar la marginalidad ciudadana. El trabajo centra su análisis en el programa MASE regulado por el Decreto de Alcaldía S4/D/2019-354, de 19 de abril, norma que establece el marco actual para sustituir la multa por actividades educativas, restaurativas o de utilidad social dentro del propio ecosistema comunitario de Barcelona. Se trata de un modelo singular que combina intervención administrativa, acción comunitaria y colaboración público-social. El trabajo combina análisis jurídico riguroso, revisión de jurisprudencia relevante, datos cuantitativos municipales y testimonios de entidades colaboradoras (Arrels Fundació, Intress, Ared, Progess), resultado de entrevistas propias realizadas con profesionales de terreno. Los resultados demuestran que las MASE son significativamente más eficaces que la multa para lograr cumplimiento efectivo, reducir reincidencia y promover inclusión social genuina. Sin embargo, el análisis crítico revela que el éxito del programa depende fundamentalmente de la coordinación institucional sólida, la disponibilidad suficiente de recursos especializados, la difusión efectiva del programa, y una reorientación fundamental del enfoque sancionador hacia colectivos vulnerables. Las conclusiones del presente trabajo plantean una crítica de fondo: las MASE deberían aplicarse exclusivamente a personas en situación de vulnerabilidad acreditada. Para las demás personas, el sistema sancionador convencional puede resultar proporcional. Más radicalmente aún, el estudio cuestiona la legitimidad misma de muchas infracciones contra personas en extrema pobreza, sugiriendo que estas categorías deberían ser replanteadas o despenalizadas completamente mediante reforma de las ordenanzas municipales.