Parámetros para enjuiciar la continuidad entre partidos ilegalizados y agrupaciones de electores. (La conexión entre las Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2003 y la STC 85/2003)

Abstract

La participación en los procesos electorales de aquéllos que defienden la violencia como opción política, complementando la actividad de la banda terrorista ETA desde las tribunas públicas, no se extingue con la Sentencia que decretó la ¡legalización y disolución de los partidos políticos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna (1). A la vez que se desarrollaba el proceso judicial, la izquierda abertzale iba diseñando una estrategia con la que evitar los efectos de una Sentencia desfavorable, que culminó con la creación el 15 de febrero de 2003 de la Plataforma AuB, Autodeterminaziorako Bilgunea (punto de encuentro para la autodeterminación). Las «plataformas» no son formas jurídicas reconocidas por lo cual tampoco se sabe con certeza qué contenido pueden amparar. Esta indefinición se utiliza para sustituir en la escena pública a los antecitados partidos, proponiendo una «nueva oferta política » que respondiera a las estrategias y decisiones que, decían, estaban cercando al movimiento abertzale. El mismo día en que el Tribunal Supremo disolvió aquellos partidos, Batasuna firma un convenio con AuB, con el objeto de que se garantice la continuidad de aquellas formaciones políticas en unos ropajes jurídicos no diseñados con ese fin: las agrupaciones de electores (2). AuB coordinará la creación de agrupaciones electorales que pudieran presentar candidaturas a las Elecciones Municipales, Forales y Autonómicas del 25 de mayo de 2003, colocando otra vez a los «liberticidas» en las papeletas electorales (3)[...]