Tratamiento fiscal de la tesorería como activo empresarial

Abstract

El presente trabajo se encamina a ofrecer una perspectiva de la tesorería, un componente patrimonial integrado en el activo empresarial que posee una naturaleza dual y heterogénea que demanda un análisis jurídico-tributario diferenciado según su función y destino especifico. A diferencia de lo que tradicionalmente ha sostenido la Administración Tributaria, la tesorería no constituye automáticamente un activo excluido de los beneficios fiscales de empresa familiar por razón de su naturaleza financiera. Por el contrario, debe ser calificada como activo necesario y afecto a la actividad económica cuando se acredite que cumple funciones esenciales para la operatividad de la actividad empresarial. Esta calificación jurídica de la tesorería como activo empresarial productivo tiene consecuencias determinantes para el cálculo del porcentaje de los beneficios fiscales de empresa familiar en el Impuesto sobre el Patrimonio e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuyo régimen se ha ido flexibilizando a través de la jurisprudencia. La tesorería no constituye un concepto unitario desde la perspectiva tributaria, sino que representa una estructura conformada por: tesorería operativa o necesaria; tesorería de seguridad o precaución; tesorería de inversión; y tesorería excedente u ociosa. Esta categorización es fundamental para determinar la afectación de cada fracción a la actividad, siendo las tres primeras susceptibles de consideración como activos afectos. La correcta categorización de tesorería genera impacto material en el porcentaje final de exención en IP y reducción en ISD. Un error en la clasificación puede provocar variaciones en la exención del valor de las participaciones, generando diferencias de liquidación tributaria de miles de euros, por lo que se justifica la necesidad de criterio claros, predecibles y sujetos a control efectivo de legalidad. Hoy en día, no existe un criterio automatizado, basado en umbrales o porcentajes vinculantes que permitan calificar la tesorería como afecta o no afecta por razón exclusiva de su naturaleza formal. La determinación constituye una cuestión de hecho que debe resolverse caso a caso, con un análisis riguroso de adecuación y proporcionalidad respecto al tipo de actividad, volumen de operaciones, planes de inversión, documentos, parámetros financieros determinados específicamente para cada empresa, entre otros. La Dirección General de Tributos ha reconocido expresamente esta ausencia de criterios generales vinculantes. Aunque la jurisprudencia ha flexibilizado parcialmente la comprobación del criterio, el régimen de carga de prueba sigue siendo materialmente desfavorable para el contribuyente, quien debe acreditar qué tesorería es necesaria, mientras que la Administración puede operar con presunciones tacitas de “ociosidad” sin necesidad de un análisis riguroso propio.