Estado emprendedor, conocimiento y libertad. A propósito de la propuesta de Mariana Mazzucato

Abstract

La discusión acerca del papel de Estado en la generación de conocimientos relevantes para la sociedad no puede sustraerse a una realidad previa fundamental. Hoy, en el segundo semestre del año 2021, aun en plena pandemia de Covid-19, tenemos plena conciencia de los efectos de la crisis financiera de 2008 (que la pandemia no ha hecho sino agudizar), de cómo una parte de las causas de la misma puede atribuirse a la re-regulación neoliberal (o contrarreforma) que empezó en la década de 1980 y se aceleró en la de 1990, y de cómo la respuesta basada en políticas públicas de austeridad (promovida por economistas como Alberto Alesina, et al., 2019) contribuyó a un debilitamiento del sector público en todos sus frentes. En los últimos cincuenta años, el sistema público de la mayoría de países del mundo no sólo se ha retirado de la producción y distribución de bienes fundamentales (incluidos el agua, la energía o el transporte), sino que ha reducido drásticamente su provisión de servicios (cuando no los ha externalizado) y, lo que resulta fundamental en términos de generación de conocimiento, en muchos casos se ha retirado de la planificación estratégica a largo plazo. A menudo, la discusión acerca de la necesidad de reducir la deuda pública de los estados olvida que es más relevante su composición que su magnitud. Tener que discutir acerca de cómo gestionar el crecimiento de la deuda pública durante la última década como consecuencia de la absorción de deuda privada (señaladamente, de instituciones financieras privadas) es algo bien distinto que proyectar sobre cómo invertir estratégicamente en áreas clave, como educación e investigación y desarrollo, además de hacerlo teniendo en cuenta parámetros como la innovación, la inclusión y la sostenibilidad. El primer tipo de deuda es inerte, mientras que la segunda es potencialmente fecunda.